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La crisis originada por la pandemia COVID-19 ha cobrado un precio asombroso en personas, comunidades y economías, en todas partes. Pero no todo el mundo se ve afectado por igual. Las mujeres, que representan la mayor parte de las personas trabajadoras de la salud de primera línea, por ejemplo, están expuestas de manera desproporcionada al coronavirus. Las cadenas de suministro de todo el mundo se están interrumpiendo, lo que afecta la disponibilidad de anticonceptivos y aumentan el riesgo de embarazos no planeados. De igual manera, aumenta los índices de violencia contra las mujeres, niñas y niños, a medida que se interrumpen los programas de prevención.
Un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), titulado El impacto del COVID-19 en los logros alcanzados en la anticoncepción y el prevención y atención de la violencia basada en género en Costa Rica, determinó que Costa Rica podría haber retrocedido hasta unos cinco años en el acceso a métodos anticonceptivos de corta duración. Esto puede deberse a la falta de acceso a los servicios de salud, ya sea por las situaciones de confinamiento, por las labores de cuido que recaen principalmente en las mujeres (y que aumentaron durante la pandemia) o por falta de información.
Mujeres sin seguro social
Laura y Jennifer son dos madres jóvenes que habitan en comunidades de alta vulnerabilidad social en Costa Rica, y que vieron sus posibilidades de planificar afectadas a raíz de la pandemia. Una donación realizada por UNFPA a clínicas comunitarias les ha permitido acceder nuevamente a métodos anticonceptivos y respirar en medio de la crisis
“El cuidarse uno como mujer, poder planificar su familia, es muy importante, por planes, sueños o metas que tengamos”, dice Laura, una joven madre de 28 años y vecina de Alajuelita. Ella, quien estudia educación y tiene una niña de 3 años, se vio afectada económicamente por la pandemia, pues quedó desempleada y no pudo seguir comprando el método anticonceptivo que usaba.
Otras mujeres en Costa Rica, difícilmente logran acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, debido a que se encuentran fuera del sistema de salud, por ser personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio o desempleadas. Para ellas, ir a la farmacia a comprar un método anticonceptivo es totalmente impensable.
Tal es el caso de Jennifer, nicaragüense de 25 años y vecina de La Carpio, quien vive en Costa Rica desde hace tres años con su esposo y sus bebés de uno y tres años. Ni ella ni su pareja tienen seguro médico, pues él trabajaba en construcción, pero perdió el empleo a raíz de la pandemia.
“Yo soy ama de casa, es lo único que trabajo y ahí vienen las preocupaciones porque no hay trabajo no podemos buscar el alimento, las cosas de los bebés”, explica Jennifer. Ella quedó embarazada por segunda vez cuando su hijo mayor tenía un año y nueve meses. “Yo no estaba planificando”, explica.
Como Laura y Jennifer, miles de mujeres han visto su salud sexual y reproductiva afectada a raíz de la pandemia. Así lo da a conocer el estudio El impacto del COVID-19 en los logros alcanzados en la anticoncepción y el prevención y atención de la violencia basada en género en Costa Rica, publicado en julio del 2021 por la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Costa Rica.
“El estudio reveló que el país podría haber retrocedido hasta unos cinco años en el acceso a métodos anticonceptivos de corta duración. Esto puede deberse a la falta de acceso a los servicios de salud, ya sea por las situaciones de confinamiento, por las labores de cuido que recaen principalmente en las mujeres (y que aumentaron durante la pandemia) o por falta de información”, afirma Paula Antezana, Jefa de Oficina de UNFPA Costa Rica.
Otra razón es el aumento del desempleo y la pobreza, que imposibilitó a muchas mujeres que antes compraban sus métodos de forma privada, a hacer frente a este tipo de gasto.
“Aquellas mujeres con métodos de larga duración han tenido un menor impacto, lo cual revela la importancia de promover este tipo de métodos en el país, principalmente en el contexto de la pandemia”, agregó Antezana
Proyectos comunitarios atienden salud sexual y reproductiva
En medio de la crisis por la pandemia, Jennifer y Laura obtuvieron apoyo en atención a su salud sexual y reproductiva en dos clínicas comunitarias que atienden a poblaciones de Alajuelita y La Carpio. Ambos centros de salud operan a través de donaciones -las cuales se detuvieron durante la pandemia- y del trabajo de personas voluntarias de diferentes países, que se suspendió por el cierre de fronteras.
El Proyecto FIMRC (Foundation for International Medical Relief for Children), cuenta con el trabajo voluntario internacional de médicos y estudiantes avanzados de medicina. “Es una organización que da acceso a la salud a personas que están fuera del sistema de salud, sobre todo poblaciones migrantes, refugiadas, en vulnerabilidad o que no tienen trabajo”, explica Tatiana Calvo, Directora de Operaciones del Proyecto FIMRC.
El área de salud sexual y reproductiva es prioritaria. “Identificamos muchas mujeres jefas de hogar que por lo general ponen en prioridad la atención de todos y las de ellas en último plano. Recibimos población que no se ha hecho un chequeo de papanicolau hace diez años, que no recuerda los diagnósticos que se le han dado o que dejó un tratamiento inconcluso”, comenta Tatiana.
Laura recibió apoyo para conseguir sus anticonceptivos orales acá, a través de la doctora que le atendió de manera virtual, modalidad que la clínica tuvo que adoptar desde que inició la pandemia. “Tener cerca a una organización que cuando usted lo necesita va a apoyarle es un gran alivio. …. mes a mes ellos te facilitan ese cuidado y es un respaldo que uno siente”.
Por su parte, Jennifer recibió atención en la Clínica Cristiana de La Carpio, un proyecto con 25 años de existencia, que atiende exclusivamente a personas sin seguro médico, la mayoría de origen nicaragüense. “Trabajamos con las uñas”, dice Susana Grosser, enfermera de origen estadounidense y una de las fundadoras de esta clínica.
Métodos anticonceptivos
En diciembre del 2020 el UNFPA donó a estas clínicas kits de emergencia para hacer frente a las carencias que pasaban por la pandemia, y apoyar a usuarias como Laura y Jennifer. Uno de los kits contenía anticonceptivos orales e inyectables y el otro tratamientos de infecciones de transmisión sexual. “Una cosa es recibir la consulta de los pacientes pero no tener qué ofrecerles; si tenemos medicamentos podemos ayudarles a resolver”, comenta Tatiana.
“Las mujeres vienen buscando la planificación, no hay que convencerlas, porque ya la situación está muy difícil para tener bebés. Ellas están tan agradecidas que ahora podemos darles los métodos sin ningún costo gracias a esta donación, es una gran ayuda en este tiempo que mucha gente está sin trabajo y la situación económica está súper difícil”, afirma Grosser.
La donación también incluyó implementos de limpieza y desinfección para prevenir la COVID-19, lo cual implicó un gran ahorro para ambas clínicas, especialmente para la de La Carpio, que no ha dejado de atender a la población.
Desde el año pasado, Jennifer planifica con la inyección de tres meses. “Me siento bien con la inyección y no corro riesgo de salir embarazada, porque sinceramente con esto no podemos estar teniendo bebés. Es una bendición, pero es muy dura la vida”, concluye.
Efectos de la COVID-19 en la salud sexual y reproductiva
- El consumo de métodos anticonceptivos en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en general, ha disminuido en más de 1.000 mujeres en comparación con el año 2019. El consumo de pastillas, inyecciones y condones masculinos se mantuvo o incluso disminuyó a números similares a los de hace 5 años.
- Los métodos de larga duración eliminan la necesidad de adherencia de las usuarias. Esto las protege de un embarazo por más tiempo. Quienes usaban estos métodos (el DIU, el implante subdérmico) han continuado protegidas a pesar de las limitaciones para acceder a servicios de salud o los temores que se han reportado para visitar centros de salud y el temor al contagio del COVID-19.
- El aumento de la pobreza y el desempleo, acrecentadas a causa de la pandemia, podrían estar repercutiendo también en el gasto de bolsillo de las mujeres para la compra de anticonceptivos, incluso alcanzando una situación más desfavorable que hace cinco años.
- No hay indicios claros que demuestren un aumento de los embarazos en niñas y adolescentes, no obstante, aún no es el momento de concluir al respecto porque no hay datos que evidencien nacimientos producto de embarazos durante la pandemia
Pandemia y sus efectos contra las mujeres
- La implementación del teletrabajo, del estudio en casa y la forzada adaptación del espacio del hogar, trajo consigo cambios profundos en la dinámica familiar.
- Por el cierre de escuelas, las madres de niños y niñas en edad escolar sin opciones de cuido, han tenido limitaciones en el acceso a los servicios del sistema de atención de la violencia.
- Las labores de cuido y el involucramiento parental educativo pedagógico son asumidas por mujeres, quienes asumieron “una especie de triple jornada”.
- Muchas mujeres tenían miedo de salir y contraer el virus o tuvieron limitado acceso los servicios de forma virtual. La persona agresora podría estar cerca y por lo tanto generar inseguridad de buscar ayuda.
- Las redes de atención a la violencia y el INAMU, brindaron información sobre el acceso a los servicios en la pandemia desde diversos frentes.
- Desconocimiento acerca de cómo acceder a los servicios virtuales o carencia de información sobre qué hacer ante una situación de violencia, a dónde acudir.
