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En 1996 Julio César Vega Rojas encabezó el grupo armado que secuestró, en Boca Tapada de San Carlos, a Nicola Fleuchaus (alemana) y a Susana Sigfried (suiza).
Por ese hecho le impusieron una condena de 30 años, pena que este hombre espera terminar en una cárcel de su país: Nicaragua.
Vega –alias Julio Loco– es uno de los 137 extranjeros presos en el país que invocaron los tratados internacionales para regresar a la tierra que los vio nacer.
La mayoría de solicitudes (90) las presentaron ciudadanos de Nicaragua, pero también hay peticiones de chilenos, ingleses, holandeses, españoles, estadounidenses y canadienses.
Costa Rica ya aceptó el envío a una cárcel de los Estados Unidos de Thomas Scott Cochran, ciudadano de ese país que recibió 154 años de cárcel –reducidos a 45 años– por relaciones sexuales con menores y producción de pornografía.
Scott padece de una enfermedad terminal. La repatriación, prevista para final de año, se fundamenta en razones humanitarios.
Por el contrario, el país no autorizó el envío de otro estadounidense: el dentista Arthur Kanev.
En octubre del 2004 el Tribunal de Juicio de Aguirre lo encontró culpable de suministro de drogas a menores y le impuso una pena de 16 años de cárcel.
Entregas. En el 2005 las autoridades nacionales accedieron a la entrega de reos originarios de Nicaragua (9), Holanda (3), Inglaterra (2), Alemania, España, República Checa, Austria y Francia.
Para este año han repatriado a cuatro ingleses, así como un holandés, un italiano, un español y un ciudadano alemán.
En octubre está prevista la entrega de siete presidiarios nicaragüenses, un chileno, un holandés y un español.
Plazo. “En cada uno de esos casos hay que verificar que no tengan otras cuentas pendientes en el país. El trámite –de verificación de datos entre los países– toma por lo menos un año”, según explicó Wílliam Corea, del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con el director de Adaptación Social, Guillermo Arroyo, la idea de los convenios es acercar a los convictos a sus países, para facilitar el proceso de readaptación a la sociedad.
“Es más fácil si tienen vínculos familiares cercanos. Además, existe un estigma en contra de los extranjeros; para ellos es más difícil estar en una prisión lejos de casa”, comentó.
Justicia apenas cuenta con un presupuesto de ¢1,5 millones al año para las repatriaciones.
