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En el 2020 hubo más de 900 reportes de mujeres desaparecidas en Costa Rica. Tres de cada cuatro denuncias tramitadas, eran por menores de edad.
Así lo revelan datos estadísticos solicitados por La Nación al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con los que se comprobó que las provincias donde ocurrieron la mayoría de desapariciones corresponden a San José, Alajuela y Limón.
Además, entre los principales cantones donde se denunciaron los casos sobresalen Desamparados, Pérez Zeledón, Naranjo, Turrialba, San Carlos y los cantones centrales de las provincias antes mencionadas.
La mayoría de los reportes ocurrieron en enero, febrero, agosto (el pico más alto) y octubre.
Al desglosar las estadísticas, se muestra que al 30 de noviembre del 2020 se tenían 906 mujeres desaparecidas, 686 eran menores de edad (75,7%) y 220 adultas (24,3%).
A finales de noviembre, de este total de desaparecidas, 394 (adultas, adolescentes y niñas) aún no habían sido localizadas. Empero, la cifra cambia constantemente, y a inicios de este año el dato se redujo a 73.
Seis son adultas y 67 menores de edad.
El OIJ precisó que, de estos 73 reportes de desaparición, 43 corresponden a fuga de albergues (egreso no autorizado de la menor), 24 a fuga del hogar, 5 a un alejamiento voluntario y 1 a “otros”.
No obstante, a como pasen las semanas o meses, la cantidad de desaparecidas “va a disminuir a una cifra que muy probablemente se va a ubicar cercana al 99% de resolución, que es la tasa histórica de esclarecimiento”, precisó el jefe de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, Randall Zúñiga López, ante consultas de La Nación.
“La cifra de 73 no es algo definitivo, el dato cambia constantemente debido a que todos los días, así como ingresan desapariciones, se ubican personas y se generan informes, por lo que, ‘los cortes’ que se realizan no son diarios, sino que se hacen en la primera semana de cada mes.
“Lo importante en realidad es que se estén generando las investigaciones y que tengan un resultado”, manifestó el jerarca.
Sobre las causas de por qué el 75% de las desaparecidas son menores de edad, Zúñiga mencionó que se trata de “un tema de índole más sociológico que policial”, por lo que alegó que no podía manifestarse al respecto.
Destacó que en el caso de los hombres, la relación es inversa, ya que el 67% de los hombres que se reportan como desaparecidos son adultos y solo el 33% son menores de edad.
Ante estos datos, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) indicó que “es evidente” que las desapariciones de más niñas y jóvenes son un hecho que está relacionado con la seguridad ciudadana y evidencia el impacto diferenciado de la violencia contra las mujeres en el espacio público.
Comentó que esta violencia es multifactorial y las particularidades que se detectan entre las desapariciones de ambos sexos reflejan diversas condiciones de vulnerabilidad, las cuales afectan principalmente a las mujeres y están relacionadas con una cultura machista.
“Las mujeres que transgreden el mandato social reconocido y validado para ellas, son castigadas mediante actos violentos que se expresan de diversas maneras (en el espacio público está más asociado a la violencia sexual en su contra)”, explicó el Instituto.
Además, precisó que en estos casos se puede estar frente a esa articulación de la violencia contra las mujeres con otras formas de exclusión que las colocan en condiciones de mayor vulnerabilidad, ya sea porque la edad les dificulta identificar riesgos o porque viven en territorios conflictivos.
“Esos y otros factores provocan el impacto diferenciado que podríamos estar detectando entre las desapariciones de mujeres y de hombres”, señaló el Inamu ante consultas de La Nación.
Finalmente, resaltó que es imperante acabar con el mito de denunciar luego de 24 horas de que la persona esté desaparecida, ya que una denuncia pronta ayuda a que las autoridades judiciales inicien la investigación a la mayor brevedad.
Por su parte, María Isabel Gamboa, representante del Consejo Científico del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que también hay que tomar en cuenta que muchas niñas y adolescentes escapan de sus hogares por vivir en círculos de violencia.
La investigadora y directora del posgrado de Estudios de la Mujer de la UCR argumentó que siempre se asume que en el hogar las menores van a estar a salvo, pero que más bien, la casa puede convertirse en el sitio de mayor peligro para las mujeres.
“Hay una cultura de violencia sexual hacia las niñas que se trata de esconder como un secreto. Casi en todas las familias hay una mujer que fue abusada en sus primeros años de vida.
“Una niña ocupa una red que la proteja, si no es la familia, tiene que ser la escuela, la comunidad o la iglesia, pero eso no sucede. La gente sabe y escucha cosas, pero se hace la tonta”, afirmó la catedrática.
La Nación intentó conocer el criterio del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sobre la diferencia entre la cantidad de niñas y niños desaparecidos, pero al cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta de la entidad.
Duración de las investigaciones
El jefe de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ estimó que los casos denunciados de octubre a diciembre del año pasado se estarán terminando de resolver, en su mayoría, en estos primeros tres meses del 2021.
Zúñiga alegó que en un mes ingresan casi 100 casos de desaparición de mujeres, por lo que “no se puede esperar que el 100% de casos se resuelva el mismo día, misma semana e incluso el mismo mes”.
“Puede demorar unos pocos meses llegar a una tasa de esclarecimiento como las que maneja históricamente el OIJ. Todo depende de cada caso”, añadió.
Por otra parte, el jerarca aseguró que no es posible determinar cuánto tiempo pueden durar las autoridades para localizar a una persona desaparecida.
Indicó que, generalmente, las pesquisas por desaparición tienen plazos de esclarecimiento variados, que pueden resolverse en horas, pocos días o durar entre seis meses y un año, incluso hasta más del año en algunas ocasiones.
Además, señaló que no se puede establecer un elemento único de medición para cuantificar la duración de las investigaciones, ya que depende de varios factores.
Según Zúñiga, el factor más preponderante que afecta la ubicación de desaparecidas es el deseo de la persona de alejarse voluntariamente de su círculo personal (ausentarse intencionalmente mediante una ruptura de los vínculos con la familia o sus tutores), por las razones que sean, y con ello evitar ser contactada.
“Nótese que, de la cifra actualizada de 73 mujeres reportadas con investigación en desarrollo, las que responden a una ausencia intencional equivale a 72, mientras que solo una desaparición se debe a una situación que no necesariamente responde a la voluntad de la persona.
“Lo anterior significa que solo el 1% de los reportes por desaparición corresponden a una situación no controlada o externa a la persona, mientras que el restante 99% de las denuncias recibidas, luego de ser analizadas y clasificadas por analistas criminales, revelan que es producto del deseo de la persona de ausentarse intencionalmente”, explicó.
El OIJ ha identificado que muchas de las mujeres que están en proceso de ubicación se han alejado de un entorno de violencia y que por ello no desean ser localizadas por sus familiares.
Asimismo, el Organismo sostiene que ninguna desaparición está relacionada a un grupo criminal que se dedique sistemáticamente a captar, raptar o secuestrar mujeres como parte de su forma de operar y con ello “utilizarlas” en otras actividades ilícitas (como la trata de personas con fines de extracción ilegal de órganos).
“Las desapariciones reportadas son producto de casos aislados y ninguno es orquestado de forma sistemática”, agregó la entidad.
Sin embargo, las autoridades judiciales rescatan que sí han tenido denuncias “sistemáticas” o ligadas con criminalidad organizada por el uso de páginas como Skokka, en las cuales, se maneja como ardid la socialización o incluso hasta entrevistas de trabajo en donde solicitan material sexualizado de las personas.
Empero, sostienen que la motivación en este tipo de casos es diferente, ya que lo que se busca es extorsionar a la víctima no hacerla desaparecer.
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“También se han tenido casos de violadores seriales, pero no tenemos registro de desapariciones sistemáticas u orquestadas”, reiteró el OIJ.
Tipo de búsqueda
La Nación también consultó si las autoridades judiciales realizan algún tipo de procedimiento distinto cuando se busca a una mujer, a diferencia de cuando se intenta localizar a un hombre.
El OIJ respondió que, en cuanto a la celeridad y técnicas utilizadas, es el mismo principio de búsqueda para ambos sexos.
No obstante, señaló que la diferenciación en el proceso se realiza en cuanto a la perspectiva del enfoque por diferencias de género.
La instancia judicial mencionó que, recientemente, se terminó de redactar un protocolo de búsqueda de personas con diferenciación por perspectiva de género, el cual fue revisado por la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.
Dicho documento establece aspectos diferenciados en cuanto al abordaje que se debe realizar a la persona desaparecida “por su condición de mujer y el estado de vulnerabilidad o violencia que pudo haber sufrido y que terminó en dicho reporte de desaparición”.
Entre los aspectos que implica esa coordinación para un abordaje diferenciado, está el respeto a la dignidad humana y la no estereotipación de la persona desaparecida.
También se determina que, cuando se logre ubicar a la desaparecida, se respeta el hecho de no dar parte a los familiares si ella manifiesta su deseo de mantener privada su ubicación (en caso de ser mayor de edad).
Y en caso de ser menor de edad, la situación de la niña o joven se traslada al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) u a otra institución de interés.
Además, para la búsqueda de menores desaparecidos, el procedimiento también es diferente, ya que se utiliza el “Protocolo Nacional del Sistema de Alerta y Procedimiento para la Coordinación y Reacción Inmediata entre las Instituciones Públicas y Privadas ante la Desaparición o Sustracción de Personas Menores de Edad”.
Ese protocolo es desarrollado por la Comisión Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta (Conasa), según la ley 9307, pero el OIJ no brindó mayores detalles para no vulnerar la seguridad de las investigaciones.
Uso de la tecnología
Las autoridades judiciales destacaron que las investigaciones que se realizan hoy para localizar a desaparecidos no se pueden comparar con las que existían hace 20, 10, o cinco años inclusive.
El acceso masivo al uso de la tecnología es uno de los cambios más evidentes que ha ayudado al OIJ a mejorar sus diligencias.
La posibilidad de realizar búsquedas utilizando herramientas como redes sociales, aplicaciones de transporte o de entrega express, ha sido una de las principales ventajas que ha traído la tecnología para atender estos sucesos.
El uso masivo de cámaras de video en casas, edificaciones y lugares públicos también ha sido otro elemento diferenciador que ha marcado un cambio sustantivo en las operaciones.
Los procedimientos actuales de investigación son muy diferentes a los que existían hace años y las técnicas empleadas han mejorado, por ejemplo, la identificación mediante huellas o ADN.
No obstante, el OIJ indicó a La Nación que sobre este tema prefería no ampliar más detalles “para no develar todas las herramientas que utiliza en la actualidad la Policía”.
