El año pasado, 690 adolescentes fueron llevados al banquillo de acusados por presuntos abusos sexuales contra otros menores de edad.
El problema no es aislado: en el 2016, la Fiscalía Penal Juvenil procesó a 664 menores por ese mismo delito.
Omar Jiménez, fiscal adjunto de Penal Juvenil, indicó que en los últimos años han experimentado un ascenso en el número de menores que cometen agresiones sexuales o delitos relacionados con explotación sexual.
Según datos del Poder Judicial, en el 2017 imputaron a 1.377 menores por delitos sexuales, como abusos sexuales, violaciones, fabricación y divulgación de pornografía, proxenetismo y seducción o encuentros por medios electrónicos.
En 2016, la cantidad de menores acusados por ese tipo de delitos fue de 1.297, lo cual equivale a un crecimiento de 6,1% de un año a otro.
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El mal uso de las redes sociales es, según Jiménez, una de las causas que explican esos datos.
"La explosión de las redes sociales, la cultura de las redes sociales y esta nueva forma de interacción entre los jóvenes no está regulada (...). En esos ámbitos (redes sociales) existe mucho menos vigilancia paternal y de las figuras que están llamadas al cuido de los menores de edad", comentó el fiscal adjunto.
En 2016, fueron acusados por difusión de pornografía 87 menores, mientras que en 2017 el número de procesados por ese delito fue de 112.
Otro aspecto señalado por Jiménez es que ahora los menores cuentan con herramientas que les permiten producir "muy fácilmente" videos de terceros con contenido sexual.
En esos dos años, seis adolescentes fueron llevados a juicio por fabricación de pornografía.
"Estamos viendo modelos más complejos en los que hemos detectado tráfico internacional de pornografía producida en Costa Rica. Le puedo comentar que tenemos tres casos en investigación que tienen carácter internacional y hemos tenido que participar con autoridades de otros países", afirmó Jiménez.
Para Sonia Marta Mora, exministra de Educación Pública (MEP), es claro que las redes sociales han facilitado que algunos menores contacten a otros para abusar de ellos o para transmitir material pornográfico.
No obstante, Mora también manifestó que esos espacios sirven para darles a los adolescentes información sobre qué hacer en caso de sufrir hostigamiento o abusos sexuales.
"Esto valida nuestra preocupación por tratar el tema de la difusión de pornografía en los programas de estudio (Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral) porque se ve el incremento. A nosotros se nos criticó porque se incluyó esa discusión, pero los datos demuestran que hay denuncias por ese asunto y es algo que el sistema educativo tiene que tener en cuenta", declaró la exjerarca del MEP.
Añadió que "el sistema educativo es clave en la prevención de conductas sexuales riesgosas y también para presentar denuncias de forma oportuna".
La pena máxima para un menor de edad que comete un delito es de 15 años de prisión.
La Fiscalía Penal Juvenil tiene 37 fiscales para atender todo el país; esa cantidad de personal no cambia desde 1996, año en que fue creada esa dependencia.
Otros delitos
En 2017 también se procesaron 209 menores como sospechosos de cometer violaciones, 271 por relaciones con personas menores de edad y 19 por abusos sexuales contra mayores de edad.
En el 2016, las autoridades del Ministerio Público acusaron a 227 adolescentes por violación, 243 por relaciones sexuales con menores de edad y 14 por abusos sexuales contra mayores de edad.
Sin embargo, también hay menores involucrados en delitos como proxenetismo o trata de personas con fines sexuales. En los últimos dos años, fueron llevados a juicio ocho personas menores de 18 años por ese tipo de faltas.
Jiménez detalló que en casos de violación la Fiscalía no promueve ni acepta resoluciones alternas de conflicto o procesos abreviados.
En casos de violación, si el menor tiene entre 12 y 15 años, el Ministerio Público puede solicitar una pena máxima de diez años de prisión.
Si el imputado tiene entre 15 y 18 años, puede pedir, como máximo, 15 años de cárcel.
¿Por qué agreden?
En los últimos 13 años, las denuncias por delitos sexuales han aumentado un 74% en el país, según datos del Poder Judicial.
Los delitos más comunes son abusos sexuales contra menores y violaciones.
"Las causas que llevan a la agresión sexual son producto cultural, es decir, tienen sus raíces en una cultura machista (...). Los feminicidios, por ejemplo, son la expresión más brutal de una agresión sexual, son la punta más visible de una cultura machista que cruza nuestra sociedad", comentó Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer.
En lo que llevamos del año han ocurrido 11 feminicidios.
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La ministra añadió que se deben erradicar los estereotipos que se les enseñan a los niños sobre el rol de las mujeres o los varones dentro de la sociedad.
"Tenemos una cultura que revictimiza a las mujeres con la culpa, es decir, fuimos agredidas porque teníamos una falda corta, porque estábamos solas o porque era de noche, eso debe erradicarse (...) Eso no es solo responsabilidad del Inamu, es una responsabilidad del país", agregó Mora.