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En un total de 12.807 intervenciones realizadas en centros penitenciarios entre mayo del 2022 y diciembre del presente año, la Policía Penitenciaria decomisó 7.057 celulares, 9.475 chips y 12.560 dispositivos electrónicos, según datos presentados a final de año por el Ministerio de Justicia y Paz.
Gerald Campos, jerarca de esta cartera, indicó que la cifra de dispositivos incautados es resultado de un esfuerzo interinstitucional. Explicó que, diariamente, se llevan a cabo al menos 14 operativos en cárceles para confiscar bienes. “Si no trabajamos unidos, no vamos a cumplir el objetivo, si actuamos de manera individual, el crimen organizado nos va a ganar”, añadió.
En el mismo periodo, 1.561 personas fueron remitidas al Ministerio Público como presuntas responsables de introducir bienes a las prisiones. De estas, 514 corresponden a hombres y 1.047 a mujeres.
Con dispositivos celulares, reos dentro de las cárceles efectúan estafas y también dirigen bandas criminales.
En setiembre, Esteban Aguilar Vargas, fiscal coordinador de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público, señaló que la segunda modalidad de estafa más frecuente durante el primer semestre del año en curso fue el carding. Esta práctica consiste en el robo de datos de tarjetas mediante hackeos, lo que permite a los delincuentes utilizarlos para efectuar compras fraudulentas. Según indicó, los estafadores suelen operar desde centros penitenciarios.
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Pese a los esfuerzos por incautar dispositivos en centros penitenciarios, Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sitó el pasado 18 de diciembre, la incapacidad de controlar los centros penitenciarios, como uno de los motivos que han contribuido al aumento significativo de los homicidios desde el 2019. Estos pasaron de 588 en el 2021 a 905 en el 2023.
“Tenemos un grave problema de contrabando hacia las prisiones, de diferentes índoles: de droga que entra a las prisiones, de armas que entran a las prisiones, pero especialmente de teléfonos celulares [...] Hay un problema tremendo en lo que es el control de las prisiones y el contrabando que se genera hacia las prisiones”, dijo Zúñiga al presentar el informe del estado de la criminalidad en el periodo 2019-2024.
El director del OIJ aseguró que cabecillas continúan liderando bandas criminales desde las cárceles. Ejemplificó con un caso reciente en el que agentes de esta policía detuvieron a 25 personas en La Sabana, sospechosas de integrar una organización dedicada a estafas informáticas que habría sustraído hasta ¢2.000 millones a sus víctimas en los últimos siete años. Según Zúñiga, el cabecilla de esta banda gestionaba todas sus operaciones desde prisión.
Por su parte, Gerald Campos, ministro de Justicia, admitió que, en la actualidad, hay una “discrepancia” con la Policía Judicial.
“Ellos dicen que se sigue haciendo, o ejerciendo liderazgo. Eso no lo hemos negado, la persona privada de libertad que es líder va a seguir siendo líder dentro del centro penitenciario y va a poderse comunicar con cualquiera porque tiene teléfono fijo, tiene derecho a recibir visitas y tiene derecho a recibir visita íntima, y nosotros no podemos regular ahí la comunicación”, explicó.
No obstante, Campos criticó que el OIJ ha realizado “muy pocos allanamientos en los centros penitenciarios”. También reclamó que ninguno de los jerarcas de la Policía Judicial se ha “sentado a dialogar” en las reuniones sectoriales que se convocan cada mes.
