EscucharJosé Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves, solicitó postergar el juicio del caso de la trocha fronteriza, que está programado para empezar este lunes 31 de marzo a las 8:30 a. m. en el Tribunal Penal de Goicoechea, lo que atrasaría aún más un proceso que lleva 13 años.
Villalobos, defensor de siete de los 13 acusados por supuesta corrupción en las obras públicas para la construcción de la trocha, presentó la solicitud porque el horario choca con la continuación del debate del Caso Fénix, en el que el abogado representa a siete sospechosos de conformar una banda de narcotráfico y lavado de dinero, entre ellos el presunto cabecilla, un hombre de apellidos Segura Angulo, alias Narizón.
El juicio del Caso Fénix, catalogado por el Ministerio Público como la mayor investigación por legitimación de capitales en la historia de Costa Rica, comenzó el 24 de febrero con un total de 25 encartados, y se estima que se extienda al menos hasta setiembre. Se desarrolla en el Primer Circuito Judicial de San José.
Villalobos dijo que no se presentaría
El jueves 20 de marzo, el abogado confirmó a La Nación que pidió la postergación desde hacía dos semanas, y que notificó al Tribunal Penal que no se presentaría al debate de la trocha en caso de que empezara este lunes.
Tribunal ofreció audiencias vespertinas
Fernando Apuy y José Joaquín Ureña, defensores en el caso la trocha, confirmaron que, para evitar el choque de agendas, el Tribunal planteó programar las audiencias en jornada extraordinaria, de 4 p. m. a 8 p. m. Al respecto, Villalobos aseguró que él no ha sido notificado de tal propuesta, y que se pronunciaría solo cuando la reciba formalmente.
Sin embargo, el 19 de marzo en su perfil de Facebook, el abogado criticó la idea del Tribunal.
“Ya uno no sabe si creer que se perdió el sentido común o se trata de una confabulación. Es decir, el Tribunal pretende que un abogado represente a siete clientes en un proceso de delincuencia organizada durante siete horas, para trasladarse a otro, en un circuito diferente, media hora después y durante cuatro horas más”, mencionó Villalobos.
“El sentido común es el menos común de los sentidos, pero ya esto es un abuso, una ilogicidad y una manifestación evidente de mala fe y estulticia. Evidentemente me opondré a semejante ocurrencia y esperaría que los jueces a cargo de este proceso también pretendan asumir casos desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Digo, para al menos aparentar equidad”, agregó.
La trocha se atrasaría dos años más
Una nueva posposición atrasaría el juicio dos años, según estimaciones de la magistrada de Sala Tercera, Patricia Solano, quien impulsa un proyecto de ley para que los imputados deban nombrar otro defensor por si se diera la situación de que su abogado no pueda asistir o que, en última instancia, se les asigne un defensor público.
El plan ya salió de la Corte con rumbo a la Asamblea Legislativa.
“¿Qué sucede si no lo podemos hacer ahora? Que hasta dentro de dos años, porque es una gran cantidad de intervinientes, podríamos reprogramar este debate. Tenemos a los jueces, tenemos las salas de juicio, tenemos a los fiscales, están los otros defensores y por un solo defensor particular el juicio no se puede hacer y no es conveniente en esos casos separar el proceso”, había declarado Solano al programa Nuestra Voz de Monumental.
Fernando Apuy, representante en el juicio del exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Acosta, aseguró que él apoyará la jornada vespertina con tal de que el juicio se realice. Agregó que incluso dentro de dos años podrían aparecer nuevos obstáculos que sigan postergando indefinidamente el debate.
Otro asunto por resolver es que dos de los cuatro jueces se excusarían de participar en caso de que se acuerde sesionar a las 4 p. m., al no poder estar disponibles para las jornadas extraordinarias, lo que llevaría al nombramiento de sus dos reemplazos.
Causa sin fin
La causa judicial se abrió en el 2012, cuando trascendieron presuntas dádivas y desvíos de fondos destinados a la construcción de la trocha fronteriza, vía de 160 kilómetros que corría paralela al río San Juan, en la frontera con Nicaragua. La construcción se impulsó con un decreto de emergencia del gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), en el 2010, ante la invasión de Nicaragua en isla Calero, en el Caribe norte, territorio del cantón de Pococí.
Entre los imputados se encuentran empresarios y exfuncionarios del Conavi sospechosos de aceptar las dádivas.
Más de una década ha pasado y un inconveniente tras otro han impedido el inicio del debate. Solo en el 2023 hubo al menos tres postergaciones, primero por una recusación contra dos jueces para separarlos del proceso por cuestionamientos a su imparcialidad, luego por la inhibición del juez Jorge Tabash Forbes por su amistad con el abogado Ureña, y finalmente por el atropello del imputado Miguel Francisco Ramírez, uno de los encargados del proyecto en el Conavi.
Luego de la suspensión en mayo del 2023, la espera fue de un año y diez meses para lograr la reprogramación. Al cierre de edición, el Tribunal no había notificado el aplazamiento de la sesión del lunes, en la cual se decidiría (en ausencia de Villalobos) si se agendan las jornadas vespertinas y los abogados opuestos podrían explicar sus objeciones para que los jueces las analicen.
A pesar del severo atraso, el riesgo de prescripción es bajo, pues los plazos se suspenden cuando hay señalamiento de fecha para el debate, como lo establece el artículo 33 del Código Procesal Penal.
