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Familiares de dos mujeres que murieron en un aparatoso choque en la autopista Bernardo Soto, repudiaron los bloqueos en las calles luego de que una protesta de porteadores el día del suceso impidiera el paso de las ambulancias.
En el vehículo accidentado viajaban dos menores de 8 y 14 años, su madre y su abuela, quien conducía.
Las dos adultas, identificadas como Milena Salazar Quirós, de 39 años, y su madre Idalie Quirós Jiménez, de 64, fallecieron cuando el auto hizo un viraje no permitido y colisionó con un tráiler a las 3:15 p. m. del 8 de julio, en Villa Bonita, Alajuela.
Ese mismo día, los porteadores bloquearon algunas de las principales calles en el Valle Central como medida de presión ante la medida del Consejo de Transporte Público (CTP), de no renovar permisos a 1.600 unidades del Servicio Especial Estable de Taxi (Seetaxi).
Debido a los cierres, uno de los niños heridos tuvo que ser trasladado vía aérea al Hospital de Niños, mientras que su hermana fue llevada al centro médico de Alajuela.
“No estamos en contra de los transportistas ni de los gremios. Solo queremos que estos grupos busquen las vías razonables (para protestar), en las que no hagan daño”, pidió Marcela Murillo, prima de Salazar.
Ella atendió a la prensa este martes junto a Hannia Salazar (hija y hermana de las víctimas). La cita fue en la Asamblea Legislativa, donde estuvieron acompañadas por el diputado socialcristiano Gerardo Vargas, quien está en contra del proyecto de ley que busca despenalizar los bloqueos viales.
Murillo aseguró que las mujeres no tuvieron culpa del accidente, a pesar de que la conductora hizo una maniobra indebida.
“Si todo estaba colapsado por la protesta, uno busca la manera de salir y eso fue exactamente lo que sucedió”, justificó.
Por su parte, Salazar leyó una carta enviada por los hijos de la fallecida, quienes agradecieron la atención médica recibida.
Oposición rotunda. El diputado aprovechó la conferencia para enfatizar que se opone al proyecto Ley para frenar la criminalización de la protesta social , el cual pretende que estas medidas sean consideradas una contravención en vez de un delito.
“Tienen derecho a manifestarse siempre y cuando no afecten a otras personas (...) y voy a pedirle al presidente (Luis Guillermo Solís) que se analice ese proyecto para buscar la manera de archivarlo”, aseveró Vargas.
La iniciativa fue dictaminada el 7 de julio por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso.
El plan propone que se derogue el artículo 256 bis, adicionado al Código Penal por la Ley N.° 8250 del 2 de mayo del 2002, en el que se impuso una pena de cárcel de 10 a 30 días a quienes participen en protestas populares que impliquen bloqueos viales.
En su lugar, los manifestantes estarían expuestos a una pena de tres a 30 días multa.
