EscucharUna actividad procesal defectuosa frenó el arranque del juicio por el Caso Fénix, que estaba previsto para este lunes a las 8 a. m., contra 25 personas señaladas por la Fiscalía como miembros de una organización criminal asentada en Pérez Zeledón, acusadas de lavado de dinero e infracción a la Ley de Psicotrópicos.
Según se conoció, en diciembre pasado los jueces de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) resolvieron que otra causa en contra del cabecilla, José Geovanni Segura Angulo, alias Narizón, se acumulara junto con el Caso Fénix y que ambos asuntos se discutieran en un mismo juicio.
Para ello notificaron la resolución al abogado de Narizón, José Miguel Villalobos, pero omitieron notificar lo dispuesto a otros cuatro abogados defensores. Estos últimos alegaron este lunes que, al no ser notificados, no tenían conocimiento de todos los hechos acusados. Esto los llevó a solicitar la declaración de actividad procesal defectuosa.
“Esto se hizo porque en la causa inicial únicamente figuraba don José Miguel como defensor de Segura Angulo. Dado que esta causa se acumuló por resolución de este tribunal en diciembre del 2024, sin que se notificara a las partes, la defensa considera que esto vulnera su derecho a realizar distintas gestiones que podrían influir en las estrategias que cada uno plantee en este juicio”, explicó la jueza Laura Hernández González.
Andrés Garro, representante del Ministerio Público, coincidió en que debía respetarse el derecho de audiencia y respaldó la posición de los defensores.
“No obstante, considero que es un vicio saneable, una actividad procesal defectuosa relativa. ¿Cómo se sanea? Básicamente, finalizando la audiencia que establece el numeral 6 de la Ley 9241 y sus reformas”, indicó.
La jueza informó que todos quedarían notificados para realizar el saneamiento y garantizar así el inicio del debate.
Hernández citó a las partes para el próximo viernes a la 1:30 p. m., a fin de que se presenten en los tribunales y, eventualmente, se inicie el contradictorio.
La causa que se acumuló en este proceso data del 2013, cuando Narizón había sido señalado por narcotráfico en el expediente 13-000254-1219-PE. En un primer debate, Segura Angulo resultó absuelto; sin embargo, tras una apelación del Ministerio Público se ordenó un juicio de reenvío que ahora se resolverá en el mismo debate del caso Fénix.
El caso
Está previsto que el juicio del caso Fénix, considerado el más grande en la historia del país en materia de lavado de dinero, se extienda hasta el 30 de setiembre.
Además de Narizón, en la causa figuran su hermano de 47 años y su pareja sentimental, de apellidos Chacón Vargas, de 42 años. Según la investigación, esta organización criminal utilizó diversas sociedades comerciales para ocultar el origen ilícito de sus ganancias obtenidas a través del tráfico de drogas.
El caso salió a la luz en 2019, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) recibió una alerta que derivó en la investigación. Tres años después, en 2022, las autoridades realizaron 35 allanamientos en propiedades presuntamente utilizadas para el lavado de dinero, entre ellas una hacienda ganadera, una venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes en Pérez Zeledón, además de inmuebles en Goicoechea, San José.
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Durante los operativos, Segura y varios de sus colaboradores lograron huir a Panamá, donde fueron capturados 49 días después por la policía panameña en Chiriquí y posteriormente extraditados a Costa Rica. La compañera sentimental del líder se entregó el 2 de junio de 2022, mientras que su hermano fue detenido el 30 de agosto del mismo año.
El impacto económico del caso es significativo: las autoridades decomisaron más de ¢5.155 millones en efectivo, además de cabezas de ganado y caballos finos, subastados posteriormente por el ICD por un total de ¢941 millones.
Las pesquisas señalan que Segura, quien inició como verdulero, se convirtió en un influyente empresario en pocos años debido a su presunta relación con el grupo narcotraficante mexicano liderado por Juan Manuel Hernández, alias “El Güero”, detenido en Costa Rica en 2012 y condenado a 11 años de prisión en 2013.
El juicio contará con la declaración de 46 testigos y se espera que aporte nueva información sobre el funcionamiento interno de esta organización criminal.
