Escuchar
El 15 de marzo pasado se localizaron los restos de dos hombres en una playa de Puerto Jiménez de Golfito, Puntarenas.
Tras buscar personas desaparecidas en la zona, se pensó que podrían ser los austríacos Herbert Langmeier, de 65 años, y Horst Hauser, de 67, quienes desaparecieron, el 25 de diciembre del 2009, de una casa en Dos Brazos de Río Tigre, en Puerto Jiménez.
Agentes del OIJ obtuvieron muestras del ácido desoxirribonucleico (ADN) de familiares para compararlas con los restos.
Cinco meses después, la prueba genética determinó que los restos eran de Langmeier y Hauser, y que fueron asesinados. Con esa información se detuvo por los crímenes a un sujeto de apellido Arias, peón de los austríacos.
Novedad. Casi de manera paralela a cuando el OIJ resolvió este caso con ayuda del ADN, la Corte Plena creaba un banco de perfiles genéticos para que la Policía pueda aclarar con mayor facilidad delitos complicados como homicidios y agresiones sexuales.
La base de datos guardará información que se extraiga de restos humanos localizados, de sospechosos de delitos con una pena mayor a cinco años, y de familiares de personas desaparecidas y de víctimas.
Si el archivo hubiera existido, la identificación de Langmeier y Hauser habría durado unos cinco meses.
El magistrado José Manuel Arroyo, uno de los impulsores del proyecto, dijo que este instrumento científico permite dar seguridad jurídica para incriminar a un imputado o para descartarlo.
Explicó que un elemento humano localizado en una escena del crimen, al ser sometido a una comparación con el ADN de un sospechoso, en caso de salir positivo, representa un 99,99% de que pertenece a esa persona.
El magistrado dijo que la información almacenada en el archivo será confidencial y manejada con la mayor seguridad. Añadió que tendrá dos bases: una que guardará la información genética, y otra con los datos de la persona a la que se le extrajo la muestra.
Mientras, la jueza penal Isabel Porras Porras, quien participó en la creación de esta base de datos, dijo que el archivo se manejará con un reglamento aprobado por la Corte Plena, en el que se tomó en cuenta la confidencialidad de los datos y, por eso, no se lesionarán los derechos fundamentales.
