Escuchar
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington- recordó que la prisión preventiva debe ser excepcional, lo anterior tras recibir información reciente de que en nuestro país se abusa de esa medida.
En una visita a Costa Rica del 15 al 18 de febrero, representantes de esa entidad recogieron comentarios que indican que la prisión preventiva prevalece sobre la aplicación de medidas alternativas.
Según la nota de la CIDH, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo, indicó que se abusa de la prisión preventiva, y que esta figura se ha ido convirtiendo en una regla y no en la excepción.
En enero de 2016, Costa Rica tenía 2.530 personas en prisión preventiva, lo que representa el 18 % del total de la población detenida en centros penitenciarios, según cifras oficiales que cita la Comisión.
También reproducen lo dicho por la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, quien se refirió al uso irracional de la prisión preventiva.
De igual manera, una persona privada de libertad en la cárcel de San Sebastián les manifestó: "No nos investigan para detenernos. Nos detienen para investigarnos", señala el informe de la CIDH.
En este contexto, la Comisión recordó que el uso de la prisión preventiva debe tener carácter estrictamente excepcional , y que su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.
"Es la medida más severa que se puede imponer a un imputado, pues implica su encarcelamiento, con todas las consecuencias reales que esto conlleva para la persona y su familia", argumentó la Comisión.
La Relatoría de la CIDH visitó la cárcel de San Sebastián, exclusiva para internos en prisión preventiva y observó con suma preocupación las precarias condiciones de infraestructura y salubridad.
En su visita al Centro de Atención Institucional La Reforma, el de mayor población penitenciaria con capacidad para 2.380, los funcionarios también pudieron constatar las deplorables condiciones en la infraestructura del centro, así como la escasez de agua.
La CIDH agradeció al Gobierno de Costa Rica las facilidades para efectuar la visita, al tiempo que valoró los esfuerzos realizados por el Ministerio de Justicia para reducir el hacinamiento penitenciario.
El pasado 12 de febrero, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia de Costa Rica firmaron un convenio de cooperación para impulsar programas que permitan reducir el hacinamiento carcelario en el país.
Según datos oficiales, Costa Rica tiene encarceladas a unas 14.000 personas, lo que supone alrededor de un 51% más de la capacidad de los centros penales, que cuentan con 9.130 espacios.
