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Las empresas que, desde el exterior, ofrecen el servicio de damas de compañía con presuntos fines sexuales se encuentran a salvo de la justicia tica.
Ello porque la supuesta intermediación (proxenetismo) tiene lugar fuera de las fronteras nacionales, aunque la actividad se concrete aquí.
De ahí que el abogado penalista Gustavo Moncada considera que para castigar a los responsables sería necesaria su presencia en el país.
“Pareciera que han disfrazado bien la actividad. Podrían alegar que la empresa no responde por las costumbres sexuales de la dama de compañía”, explicó.
La fiscal adjunta de Delitos Sexuales, Lilliam Gómez, confirmó la inexistencia de herramientas legales para hacer frente a los oferentes en el exterior.
Sin embargo, cada vez que una de estas páginas aparece en Internet la información es entregada a la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos.
“En Costa Rica la prostitución no se penaliza, siempre y cuando sea la voluntad de una persona adulta. Cuando un tercero se beneficia eso es proxenetismo”, explicó.
Con Estados Unidos existe un convenio, tanto así que el FBI comisionó a uno de sus agentes –destacado en Panamá– para que canalice la información que suministran las autoridades nacionales.
“Detrás de este negocio hay delincuencia organizada que tiene redes en diferentes países.
“Cuando estas páginas aparecen, delatan la actividad. Todo eso llega a conocimiento del FBI”, puntualizó la fiscal.
El Ministerio Público cuenta con seis ingenieros en Informática que recibieron capacitación por parte del FBI para seguir huellas cibernéticas.
Tras los contactos
Las baterías de las autoridades se enfilan a desenmascarar los contactos de esas agencias en Costa Rica, según dijo la viceministra de Seguridad Pública, Ana Helena Chacón.
“Se aprovechan de la debilidad de nuestro marco legal. Creemos que aquí hay redes organizadas.
“La explotación sexual es controlada por mafias”, indicó.
Hace dos semanas, la funcionaria recibió un estudio que revela el contenido de 40 páginas de Internet que promueven servicios sexuales en Costa Rica.
La Viceministra ordenó ahondar en las pesquisas. Nuestra legislación castiga con penas de dos a cinco años de cárcel “a quien promueva la prostitución de personas de cualquier sexo, o la induzca a ejercerla”.
La pena sube a 10 años cuando la víctima es menor de edad.
El ministro de Turismo, Rodrigo Castro, advirtió que si detectan la colaboración de alguna empresa nacional para esa actividad, procederán a la cancelación de la declaratoria turística.
