EscucharUn adolescente de 16 años murió de múltiples disparos en la urbanización Tiribí, en La Aurora de Alajuelita, el martes 11 de abril, día de la conmemoración de la Batalla de Rivas, en 1856. El asesinato ocurrió mientras caminaba en vía pública y dos hombres en motocicleta se le acercaron para dispararle al menos 10 veces con un arma de grueso calibre.
Cuatro días antes, el 7 de abril, Viernes Santo, otro joven de 16 años falleció al ser atacado a balazos en el precario Las Gavetas, de Hatillo 5, en San José, donde residía. En ese precario la Policía encontró cuatro casquillos de una pistola nueve milímetros. El muchacho presentaba impactos de bala en la cabeza y tórax.
Ambos adolescentes son parte de los 13 menores de 18 años, todos hombres, que contabiliza la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como víctimas de balaceras o tiroteos en los primeros cuatro meses del año (del 1.° de enero al 4 de mayo).
La cifra implica especialmente a adolescentes entre los 12 y 17 años que perdieron la vida por asuntos relacionados a ajustes de cuentas o venganza (10 de 13 muertes son por esta causa, es decir, un 75%).
Las tres restantes ocurrieron en medio de discusiones, violencia doméstica o no determinadas. Con estos 13 adolescentes asesinados, el país alcanza en cuatro meses el 70% del total de menores de edad víctimas de homicidio por arma de fuego en los 12 meses del 2022, cuando hubo 19.
La Policía Judicial precisa que uno de esos 10 asesinatos corresponde a una víctima colateral. Se trata de Samuel Arroyo, el niño de ocho años que perdió la vida luego de que una bala perdida se alojara en su pecho. Él dormía en su cama mientras afuera de su casa, en barrio La Gloria de Zapote, se desarrollaba un tiroteo producto de la disputa entre pandillas de narcotraficantes. No obstante, las autoridades no aclaran si hay más víctimas colaterales en dicha estadística.
Lo que sí está claro para especialistas consultados por La Nación es que el aumento en la criminalidad del país y en los homicidios (345 al lunes 22 de mayo) incide directamente en la población juvenil y en la integración a bandas del crimen organizado que les ofrecen dinero o bienes a cambio de asesinar incluso a otros de su misma edad o similares.
“La niñez y la adolescencia sufre con mayor intensidad el problema que el país tiene. Aquí estamos viendo que los integran a las dinámicas del narcotráfico”, explicó Rodrigo Campos, coordinador de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
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En eso también coincidió el magistrado suplente de la Sala III y coordinador de la Subcomisión Penal Juvenil, Rafael Segura Bonilla. Él opina que la falta de políticas integrales en atención de menores, de oportunidades, espacios de entretenimiento, educación e integración familiar, provocan un incremento en el fenómeno de la criminalidad y los jóvenes.
“En algunas localidades urbano-marginales no se cuenta con entretenimiento y eso hace que, por ejemplo, si alguien le dice a un joven que por estar en una esquina todo el día le va a dar durante una semana ¢100.000, él va a preferir eso a estar estudiando u ocioso en la casa”, indicó Segura.
“¿Qué los ha hecho que se involucren en eso? Todos los fenómenos que le he comentado se ubican en un abandono del Estado, porque al fin y al cabo el Estado tiene la responsabilidad de brindar esos espacios y esas posibilidades”, añadió.
El involucramiento constante de muchachos en grupos criminales normaliza la actividad del narcotráfico como un medio para ganarse la vida y un mecanismo para ir ascendiendo económicamente en la sociedad, sostiene, por su parte, el criminólogo Rodrigo Campos.
Su integración a los grupos también fomenta el desarrollo de obediencia sin cuestionamientos, ejecución de órdenes y la falta de empatía hacia sus víctimas, lo que en otras palabras los convierte en los “sicarios perfectos”.
“Lo primero que buscan es probar el tema de la lealtad, luego ver si tienen la posibilidad de ejercer violencia sobre otras personas y a partir de ahí les pueden asignar lo que sea. Un joven de 15 años es capaz de cualquier cosa”, lamentó el criminólogo.
En los últimos cuatro meses San José fue la provincia donde más menores de edad murieron en balaceras (5). Le siguen Puntarenas (4), Alajuela y Limón con 2. Guanacaste, Heredia y Cartago no registran.
Las razones de que la capital sea la zona más mortal se asocian a la cantidad de población que existe en el lugar, al mayor tráfico de estupefacientes y por ende más oferta y consumo de drogas, así como una elevada concentración de pobreza, mencionó el magistrado Segura.
“San José es donde hay más población, pero la tasa de homicidios se ha mantenido. Donde sí ha variado es en Puntarenas y Limón, pero esto ya se veía venir porque son poblaciones con tantísimas desventajas, por donde pasa mucha riqueza, pero no hay cadena de valor agregado que deje algo en la localidad. Entonces, eventualmente, van a abrazar otra opción”, finalizó Campos.
Precisamente, la noche del jueves 23 de marzo, en El Roble, Puntarenas, un joven de 17 años que viajaba en bicicleta mató a balazos a otro de su edad. Un allanamiento a la casa del homicida permitió descubrir que tenía municiones para armas de diversos calibres, un revólver y un cargador.
A partir de los 12 años la Ley Penal Juvenil juzga a los adolescentes en procesos judiciales. A diferencia de los adultos, estos procesos son mucho más expeditos y especializados en temáticas juveniles. El fin no es el internamiento o cárcel como en adultos, sino reeducar al muchacho para que se inserte en la sociedad.
Si se aplican las sanciones más severas, por ejemplo, por homicidio, son de 10 años de internamiento para jóvenes de 12 a 15 años; y de 15 años para quienes tienen de 15 años a 17.
Desde la Subcomisión Penal Juvenil, Ministerio Público, Defensa Pública y entre otras, intentan brindar charlas de concientización en colegios y centros educativos sobre la relación y la responsabilidad de los menores de edad y la comisión de delitos.
Colaboró la periodista Valeria Martínez.
