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El 5 de junio, José Ramón Fernández estaba en su casa en Pavas, San José, cuando escuchó detonaciones. De inmediato, el anciano, de 71 años, salió para llamar a sus nietos, quienes estaban jugando. Fue en ese momento cuando una bala lo alcanzó y le arrebató la vida.
Fernández fue la víctima de un conflicto entre bandas con el cual no tenía relación.
Él figura como una de las 14 víctimas colaterales que han muerto entre agosto del 2014 y el mismo mes del 2015, según un estudio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Un homicidio colateral se da cuando el ataque no iba dirigido a la persona que resulta fallecida; es decir, no había una venganza o problema entre la víctima y el victimario, sino que la acción delictiva se desarrolló a su alrededor.
De acuerdo con el subdirector interino del OIJ, Luis Ángel Ávila, de esas 14 personas, nueve eran inocentes que no tenían ningún vínculo con la persona que se pretendía matar.
Los otros fallecidos iban de acompañantes de quienes eran el blanco de los ataques. Incluso, algunos de ellos estaban vinculados con la distribución de droga o custodia de algún búnker, pero, en esos casos, no eran los objetivos por matar.
Según el jefe policial, a los homicidas no les importa asesinar a terceros con tal de concretar su objetivo.
“Tal vez, la intención no es causarles daño, pero asumen el riesgo, porque ellos también están en peligro de ser confrontados por esas personas que siguen, porque sabemos que estas también están vinculados a algún tipo de delincuencia”, advirtió Ávila.
Para las autoridades, estas víctimas se separan de la estadística sustentada por el motivo de venganza porque, dentro de la investigación, se logra determinar que no estuvieron ligadas a ningún grupo criminal o no tenían antecedentes.
Entre los fallecidos se incluyen personas muy vulnerables como niños y ancianos, manifestó el subjefe del OIJ.
Casos. Uno de los casos que más conmoción causó fue el homicidio de un niño de 10 años, el 8 de junio, en La Cuesta de Corredores, zona sur del país.
El menor resultó impactado en la cabeza por un proyectil proveniente de un enfrentamiento entre agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) y un grupo que supuestamente tenía el control de la venta y distribución de drogas en la región fronteriza.
El día de la balacera, los agentes hacían una compra encubierta de estupefacientes, cuando un carro se les atravesó y cuatro hombres armados se bajaron, disparándoles. Los agentes respondieron a la agresión.
En ese momento, el niño estaba en el corredor de su casa.
En este caso, la Policía no pudo determinar de dónde provino la bala que mató al menor.
Un caso similar se dio tan solo un mes después, cuando un grupo de sujetos que controlaba la venta de drogas en Bajo Tejares de San Juan, en San Ramón, hicieron una ráfaga de disparos al aire y causaron la muerte de tres personas, relató el subdirector de la Policía Judicial.
Otro incidente en el que murieron dos víctimas colaterales ocurrió el 10 de agosto del 2014 en un bar en Calle Fallas, de Desamparados.
Según Ávila, ahí se registró otra balacera entre bandas y en el cruce de disparos fueran impactados un cuidador de carros y un cliente del local.
Presuntamente, el hecho sucedió por disputa de drogas en la localidad.
También a finales de agosto de este año, en San Felipe de Alajuelita, una bala pérdida alcanzó a una persona que estaba en un comercio y le ocasionó la muerte.
Soluciones. Para Ávila, es difícil impedir que resulten este tipo de víctimas, pero considera que hacen falta reformas legales que den a las autoridades más músculo para combatir el crimen organizado. “Para poder hacer una investigación que lleve a la captura de personas por venta de droga, tenemos que hacer todo un proceso para una compra controlada y así demostrar que están haciendo la transacción.
”Hoy tenemos el problema de que muchos de los agentes encubiertos son descubiertos en el trabajo final, incluso son amenazados”, reclamó el funcionario.
Además, añadió el agente, se necesita ejercer un control más estricto en carreteras.
“Lo que pasa es que agarramos a personas con armas y hasta chalecos; son detenidas, pero como no cometieron ningún delito quedan en libertad”, agregó.
A su juicio, se necesita modernizar la legislación, enfatizó.
Violencia en el país. Entre enero y setiembre del presente año, se registraron 416 homicidios, de los cuales 165 son atribuidos al narcotráfico, según datos de la Policía Judicial.
El año anterior, en el mismo periodo, la estadística era de 319 homicidios, de los cuales 112 fueron perpetrados por grupos vinculados al tráfico de drogas.
El Ministerio Público estima que este año podría cerrar con un total de 533 crímenes, una cifra superior a la del 2010, cuando llegó a 527.
