Desesperada, Xinia tuvo que pedir un préstamo informal para atender una emergencia y desde entonces su vida se volvió un martirio. Ella tiene 45 años y es empleada doméstica, pero por tener una discapacidad física no siempre le dan trabajo. Su familia la dejó de lado desde hace mucho tiempo y reside sola en un pequeño cuarto de alquiler en Lomas del Río de Pavas, San José.
Hace unos meses acudió a varios bancos en busca de un crédito, pero por tener ingresos irregulares ninguna entidad se lo otorgó. Luego de chocar con pared y con la esperanza de encontrar una salida, decidió acudir a un hombre “de confianza” que era conocido por prestar dinero. Su solicitud fue un préstamo de ¢200.000, era lo único que necesitaba con urgencia.
Para “formalizar” el crédito informal, el sujeto solo le pidió una copia de la cédula y una fotografía y la ubicación de su lugar de residencia, con el fin de enviar a alguien para que confirmara que efectivamente vivía ahí. Tras la verificación, el prestamista le dijo que tendría que pagar ¢10.000 por semana por concepto de intereses, durante un total de seis meses. Ella aceptó.
A Xinia solo le indicaron que tenía que pagar cada semana y no le brindaron mayores detalles. Sin embargo, el sábado de la primera semana de pago, un sujeto llegó a su casa a las 3:05 p. m. y le dijo que ya se había atrasado con el primer pago, porque debía hacerlo antes de las 3 p. m. Desconcertada, la mujer reclamó, pero el cobrador solo la ignoró y se fue del sitio.
De inmediato el prestamista contactó a Xinia por teléfono y le advirtió que, por haberse atrasado con el primer pago, ahora debía pagar ¢10.000 por día. La mujer pensó que el sujeto solo estaba exagerando y al siguiente sábado cuando se disponía a pagar el primer y segundo pago juntos, es decir, ¢20.000 en total, el prestamista le dijo que no, que ahora debía pagarle ¢70.000.
La mujer alegó que eso no era justo e insistió con darle los ¢20.000 que tenía, pero el prestamista se negó a aceptarle ese dinero y le recalcó que solo tomaría los ¢70.000 que según él debía pagarle. Los días pasaron y el sujeto siguió hostigando a la afectada, al punto de decirle que le iba a matar a un familiar si no le pagaba la plata.
Un día el hombre le envió una foto de su nieta menor de edad y le dijo que ya sabían donde estudiaba y que si no les pagaba la deuda, asesinarían a la pequeña. Xinia entró en pánico y tras llegar a un acuerdo con el prestamista, aceptó pagar ¢5.000 al día por todo un año. Sin embargo, al mes siguiente el hombre le notificó que vendieron su deuda y que ahora le debía a alguien más.
Ese nuevo prestamista la contactó, le reclamó que no había recibido el dinero que a él le correspondía y le aseguró que ella solo había pagado ¢30.000 de su deuda. Desde luego la mujer ya había pagado mucho más dinero que esa cantidad y por la preocupación que le generó la nueva amenaza fue a dar a un centro médico, en donde le recomendaron denunciar la situación.
Asustada, Xinia optó por no interponer la denuncia y se regresó a su casa, pero a los días le empezaron a llegar nuevos sujetos a patearle el portón y gritarle a altas horas de la noche y la madrugada. Al final la mujer se decidió por presentar la denuncia, pero no tenía ningún nombre de los involucrados, solo un pseudónimo del primer prestamista, más no de los cobradores.
Tampoco tenía otras formas de demostrar la extorsión, porque sus vecinos estaban muy atemorizados por la situación y ninguno se atrevió a declarar lo que había visto o escuchado. Tras la ayuda de las autoridades, los hombres dejaron de contactar a la mujer, quien ya había pagado mucho más dinero de los ¢200.000 que le prestaron inicialmente.
Esta es la realidad que viven las víctimas de los llamados préstamos gota a gota en Costa Rica. Solo este año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió, hasta el pasado 31 de julio, un total de 381 denuncias. Es decir, una cada 13 horas. En todo el año pasado se recibieron 435 denuncias por el tema (una cada 20 horas), por lo que de mantenerse la tendencia de este 2023, el año podría cerrar con un total de 653 causas abiertas, lo que representaría un aumento del 50% en comparación con el 2022.
La Policía Judicial alegó que no lleva estadísticas de la cantidad de casos en los que se detiene a algún sospechoso y tampoco tiene detalles de cuántos expedientes han sido resueltos. Por ejemplo, en uno de los hechos más recientes, ocurrido en Puntarenas, solo dos de los 10 miembros de una banda dedicada a esta actividad delictiva quedaron presos. Los demás, incluidos dos oficiales de Fuerza Pública, quedaron libres o con otras medidas que se limitan a no contactar a las víctimas.
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Así operan los criminales
Tras consultas de La Nación, el OIJ confirmó que la mayoría de personas detrás de esta actividad delictiva están vinculadas al crimen organizado y la practican paralelamente el narcotráfico, principalmente para “lavar” o poner en circulación el dinero que obtienen por las drogas y demás delitos. Ocurre con mayor preponderancia en la Gran Área Metropolitana (GAM), más que todo en San José, en cantones como Desamparados y el distrito de Pavas, donde vive Xinia, a quien llamamos así para resguardar su identidad real.
El jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Varios del OIJ, José Solano, dijo en entrevista con este diario que la mayoría de créditos gota a gota en el país van desde los ¢50.000 y ¢100.000, hasta un ¢1 millón o ¢2 millones, con intereses semanales del 20% al 40%. Indicó que normalmente las personas los piden para emergencias o pago de otras deudas, no para caprichos o lujos, y que la mayor parte de los solicitantes son de clase media.
Agregó que otro aspecto común que han notado es que a veces la extorsión comienza aunque no se haya dado el préstamo, ya que los prestamistas solicitan pagos iniciales para “formalizar” el crédito (incluso cifras muy elevadas) y aunque al final las personas desistan de tomar el dinero, son hostigadas y amenazadas por haber hecho el intento. Por eso la recomendación es ni siquiera tocarle la puerta o enviar un mensaje a estos delincuentes.
Solano destacó que otro problema que se ha presentado cuando sí se llevan a cabo los préstamos, es que las víctimas piensan que por denunciar la situación se pueden eximir de la deuda que adquirieron y no es así. “Es algo que queremos dejar claro, el hecho de que se denuncie una causa por extorsión no exime de la deuda. Sí, hay una comisión de un delito, pero la deuda también va a continuar. No podemos decirle a las víctimas que no paguen porque no nos corresponde. Lo que nosotros les recomendamos es que hagan un arreglo de pago y si siguen siendo amenazados, que regresen a poner otra denuncia”, detalló.
Aunque esto aplica para las personas que solicitaron los créditos, no aplica para todas las víctimas de los préstamos gota a gota, ya que muchos son involucrados en esta situación sin haber pedido ningún dinero. Así le sucedió a Carmen, una vecina de 55 años de Gravilias de Desamparados (San José), a quien llegaron a amenazar por una deuda de un familiar suyo. Aunque ella accedió a pagar ¢100.000 con tal de que la dejaran en paz, ese fue el detonante para que siguieran extorsionándola por meses.
Similar le ocurrió a Rodolfo, de Pococí de Limón, quien le alquiló un apartamento a un sujeto que parecía responsable y que le pagó el depósito de inmediato. El muchacho no duró más de 22 días en el sitio y luego desapareció. A los días llegaron unos hombres a cobrarle a Rodolfo una deuda de su antiguo arrendatario, bajo la excusa de que ese había sido el lugar de residencia que había puesto el deudor. La amenaza fue que si no pagaba le quemaban la vivienda. Como Rodolfo no les quiso dar el dinero, al cabo de unos días se metieron a su casa y le robaron una pantalla, bajo el alegato de que era para saldar la deuda que debía.
Otro caso así ocurrió en Cartago, cuando un hombre solicitó un crédito por ¢100.000 y lo pagó de forma puntual, pero una señora que ocupaba la misma cantidad acudió a él para pedirle recomendación de un prestamista y la refirió con el que le había prestado la plata. Al tiempo la señora dejó de pagar su crédito y desapareció, por lo que los cobradores llegaron a la casa del hombre y le dijeron que como él había referido a la mujer, ahora debía saldar su deuda, que ya alcazaba los ¢2,4 millones.
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Medios digitales dificultan persecución
Un amplio informe de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima de Delitos del Ministerio Público que aún no ha sido publicado, pero al que La Nación tuvo acceso, detalla que desde la pandemia los préstamos gota a gota se dispararon en el país, no solo por el gran desempleo e informalidad que detonó la emergencia, sino porque la migración de empleos y actividades productivas a medios digitales generó que las personas utilizaran más estos canales y que los delincuentes aprovecharan esto.
Aunque la mayoría de personas llegan a los créditos informales por terceros o publicidad física en postes de alumbrado público y paradas de bus, muchos también caen por medio de las redes sociales y sitios web. Al final, todos terminan interactuando con los criminales por mensajes de texto y llamadas, lo que abre un espacio favorable y oportuno a los delincuentes, ya que se aprovechan de las limitadas regulaciones que hay en este campo para la persecución penal (se ocultan detrás de pantallas).
“Se revisaron expedientes en los que los delincuentes usan acentos colombianos (aunque no sean de ese país), tonos de voz elevados, palabras groseras y ofensivas, además de desafiantes, sobre la estancia y problemas que podrían tener sus familias, las mismas personas y hasta su situación laboral. Aunado a lo anterior, los delincuentes envían a sus víctimas fotos y videos de sus viviendas y las de sus familiares, centros de trabajo, vehículos y bienes, así como armas de fuego.
“Los delincuentes son personas inteligentes, que sacan informaciones, que tienen un estilo de vida parasitaria y son mentirosos patológicos. Además, son considerados personas egoístas y obsesivas por el dinero y riquezas. En la mayoría de ocasiones operan con varias personas o en asocio. En su forma de actuar se desprenden conductas violentas, intimidantes, coaccionantes y sin respeto por la vida. Son personas capaces de ir más allá de las amenazas y podrían consumar las mismas, llegando a agresiones físicas, despojo de bienes y/o artículos, así como torturas”, destaca el informe de la Fiscalía.
Esteban Ureña, autor del análisis, explicó que actualmente se está trabajando en realizar un perfil de las víctimas de este ilícito en Costa Rica y que por el momento se ha identificado que la gran mayoría son ciudadanos con muy baja escolaridad, de secundaria incompleta para abajo. También, otro aspecto muy usual es que las personas pidan los préstamos y luego se desaparezcan, dejándole la deuda y el problema de extorsión a sus familias. “Lamentablemente, eso ocurre demasiado”, lamentó.
Asimismo, aseveró que cuando los deudores desaparecen, los criminales buscan a sus allegados más vulnerables para cobrarles, como adultas mayores, madres con hijos y personas jóvenes que están saliendo adelante y no tienen muchos recursos. Con estas personas los delincuentes se vuelven parásitos, ya que si los ofendidos aceptan pagar, inicia un nuevo proceso de extorsión en donde toman a estas nuevas víctimas como una “caja chica de dinero”, para enriquecerse a su costa.
Por último, indicó que otro hallazgo es que normalmente los deudores sufren estrés y a quienes les cae el problema, ansiedad. “Este tipo de delincuentes tienen un perfil tan irrespetuoso de la humanidad porque no les interesa la vida, las emociones, la sociedad, la economía. No les interesa nada. Todos los criminales tienen sus apatías y objetivos, pero estos se valen de las desgracias de las personas para aprovecharse. Esa es la particularidad que los distingue de los demás”, concluyó Ureña.
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Nota del editor: los nombres de las víctimas mencionadas en este reportaje fueron modificados por su seguridad.