EscucharLas denuncias por agresiones con arma blanca y arma de fuego están disparadas en el país. En los primeros ocho meses de este año el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registró 744 casos, el equivalente a 93 expedientes por mes y al menos tres agresiones diarias. Si esta tendencia persiste, el 2023 cerraría con la cifra más elevada de los últimos seis años.
Por ejemplo, el año más bajo de todo el periodo fue el 2020, cuando se registraron, en 12 meses, 755 ataques con armas, mientras que el 2018 fue el año más severo, con 1.139. Las autoridades temen que en el próximo diciembre esa última cifra se va a superar.
Los ataques con armas generalmente se originan en riñas, discusiones o ajustes de cuentas que culminan con heridas, a veces superficiales, pero en ocasiones con lesiones que ponen a las víctimas al borde de la muerte. La cifra anterior no toma en cuenta las agresiones por asaltos, que el OIJ tramita por aparte y que muchas veces también dejan personas heridas luego de que se oponen al robo de sus pertenencias.
La Unidad de Análisis Criminal del OIJ, explicó que las tentativas de homicidios se incluyen dentro de las lesiones con arma, pues en las fases iniciales de investigación no es posible determinar si existía una intención del agresor únicamente de lastimar o de causar la muerte.
Durante las investigaciones posteriores se confirma que en muchos casos el agresor tenía la intención de acabar con la vida de la otra persona, pero falla en su intento, entonces se le procesa por tentativa de homicidio, un delito sancionado con penas tan graves como las del asesinato y mucho más elevadas que las de lesiones con arma.
Aunque los sobrevivientes a veces no denuncian ante el OIJ por miedo a represalias, amenazas u otros factores, en los últimos tres años la cifra, que había disminuido en 2019, está aumentando gradualmente.
Una de estas agresiones más recientes quedó registrada en video la noche del lunes 11 de setiembre en la ciudadela López Mateos en San Sebastián. Dos pistoleros en moto alcanzaron un automóvil con tres personas a bordo. El ocupante trasero de la moto se bajó y disparó al menos siete veces contra el conductor del carro, quien sobrevivió a los disparos al recostarse sobre su lado izquierdo. Las otras dos personas también lograron escapar y buscar refugio. Según el OIJ, los afectados por este caso no presentaron denuncia.
Al día siguiente, en Pozos de Santa Ana, un hombre de apellidos Villalobos Zúñiga, de 41 años, fue baleado en el tórax mientras estaba en vía pública cerca de su casa. Sujetos en moto abrieron fuego, impactándolo varias veces.
Según el OIJ, Villalobos corrió a pedir ayuda a un negocio cercano, donde llamaron al Sistema de Emergencias 911 y fue llevado en estado grave al Hospital San Juan de Dios por socorristas de Santa Ana. La investigación apenas comienza, pero se está indagando si obedece a alguna venganza, ya que Villalobos estuvo involucrado en un robo agravado en San José en 2019, por el cual fue sentenciado a cinco años de prisión. No obstante, su abogado apeló la sentencia y se ordenó un nuevo juicio en su contra, cuyo resultado no trascendió, según consta en la resolución N° 01927 - 2019 del Tribunal de Apelación de Goicoechea.
Otro caso similar ocurrió en Matina de Limón, cuando desconocidos llegaron la noche del martes 12 a una finca cerca de Milla 4 y dispararon en nueve ocasiones a un guarda de seguridad privada. El hombre de apellido Larios, de 27 años, fue llevado en estado grave por socorristas a la clínica local y luego al Hospital Tony Facio, donde fue operado. Tenía balazos en el tórax, brazos y glúteos.
Víctimas colaterales de las balaceras
En este delito se incluyen también las personas que quedan heridas en medio de balaceras, muchas veces sin tener que ver con el asunto. Asimismo, se contabilizan las agresiones entre privados de libertad cuando terminan con alguno de ellos herido.
Las lesiones con arma y tentativas de homicidio se cometen más con arma blanca, a diferencia de los homicidios, donde más del 70% ocurren con arma de fuego.
Rándall Zúñiga, director del OIJ dijo que están trabajando de la mano con otras policías del país para contrarrestar esta situación. Este martes se reunió con los viceministros de Seguridad para maximizar recursos. Afirmó que quedó definida una agenda operativa, la cual incluye estrategias que en el pasado funcionaron para tratar de disminuir los homicidios y tentativas.
Rafael Ángel Guillén, exdirector del OIJ, expresó su preocupación por el fuerte incremento en agresiones y tentativas de homicidio. Dijo que en muchos casos, las víctimas no tienen relación con la delincuencia y se ven involucradas en hechos violentos por circunstancias fortuitas.
Afirmó que las agresiones y las tentativas de homicidio son un delito grave que muchas veces pasa desapercibido a pesar de la gravedad que representa. Calificó esas agresiones como una irreverencia al ser humano a quien, independientemente de su conducta, se le debe respetar la vida, tal y como se decretó en nuestro país desde 1877, cuando se abolió la pena de muerte.
Guillén enfatizó la necesidad de nuevas acciones para prevenir la delincuencia, ya que se está multiplicando a un ritmo que el OIJ no puede investigar adecuadamente, debido a la falta de recursos.
Lamentó que recursos económicos generados por impuestos creados para fortalecer la Policía, como el impuesto a casinos, a sociedades anónimas y a la exportación de cada caja de banano, no se destinen a ese fin.
El exjefe policial lamentó que, a pesar de buscar nuevas inversiones, el país descuide la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica.
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