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Los cantones centrales de San José, Limón, Alajuela y Puntarenas, fueron escenario de la tercera parte (181) de los 560 asesinatos perpetrados en el 2019. Los tres primeros repiten en el mismo orden en relación con el 2018 y también estuvieron entre los cinco primeros del año 2017.
El año pasado el cantón central de Puntarenas ascendió a los primeros puestos, al pasar de 19 homicidios en el 2018 a 30 en el 2019.
En otros 63 cantones del país se distribuyeron el resto de muertes homicidas (346), mientras que 15 cantones estuvieron libres de asesinatos, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Hay cantones libres de homicidios en áreas urbanas muy pobladas, como ocurre en Mora de San José, así como en Santo Domingo y Flores (Heredia). Otros que estuvieron exentos de asesinatos fueron Sarchí, Zarcero y Guatuso, en Alajuela, estos últimos de naturaleza rural.
Así como hay cabeceras de provincia que repiten año tras año en los primeros lugares de la tabla homicida, también surge lo contrario, es decir, los cantones con menos asesinatos, que suelen ser generalmente los mismos.
La Policía Judicial informó de que no cuenta con estudios para determinar cuáles factores influyen para librar de homicidios algunas partes del país.
Mayoría se mantiene
En el 2011, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) consideraba posible construir una sociedad más segura al atender las condiciones de vulnerabilidad social.
Este programa incluyó un apartado de seguridad ciudadana en el Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, para lo cual tomó en cuenta las tasas cantonales de homicidio, robo, hurto y violencia doméstica.
Entre los cantones mejor calificados estaban Mora y León Cortés (San José); Santa Bárbara y San Isidro (Heredia), Poás (Alajuela), así como Jiménez, Oreamuno y Paraíso (Cartago).
En la actualidad esos cantones, que en el informe de hace nueve años aparecían como los más seguros, mantienen buenos índices, con excepción de Paraíso que el año pasado tuvo nueve homicidios.
Aquella medición también reveló que Matina y Talamanca estaban como los más inseguros. Esa situación persiste, pues el año pasado Matina tuvo 11 homicidios y Talamanca 8.
Desde hace más de 15 años los informes del PNUD ha insistido en medidas integrales para contrarrestar la inseguridad, pues afirman que donde prolifera la violencia se deben fortalecer los mecanismos colectivos de protección.
Ese organismo advirtió sobre las grandes asimetrías en las condiciones de vida de la población, según sea urbana o rural, femenina o masculina o según la región en que se habite.
Aparte de los cantones que quedaron exentos de homicidios, hubo 14 que solo un asesinato registraron el año pasado, entre ellos Moravia, Turrubares, Puriscal, Belén, Palmares, Grecia y Alvarado.
Aunque Costa Rica presenta una tasa de homicidios comparativamente más baja que la mayoría de los países de Centroamérica, supera la de otros países como Uruguay, Ecuador o Chile.
En el caso de Puntarenas, que figura de quinto entre los cantones con más homicidios, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, estimó que los problemas sociales como falta de empleo, presencia de pandillas juveniles y la carencia de oportunidades de desarrollo, inciden en el aumento de asesinatos.
Espinoza llamó a seguir con los operativos de carreteras pues esas acciones, junto a las investigaciones de la entidad a su cargo, les han permitido anticiparse a muchas acciones homicidas y evitar que se concreten.
Disparadores
Uno de los factores que dispara la estadística surge cuando ocurre un homicidio múltiple. Es decir, una escena en la que asesinan de golpe a dos, tres, cuatro o más personas, implica un salto en la estadística de cada cantón y provincia.
El año pasado el homicidio múltiple más grande ocurrió en ciudadela La Carpio, La Uruca.
Aunque el caso todavía está en estudio, el director del OIJ afirmó que se incluyó en la estadística como un acto homicida.
Se trata de un incendio que habría sido provocado como represalia contra el dueño de una cuartería. Esa acción cobró la vida de siete personas, la mayoría víctimas colaterales al conflicto. De momento no hay detenidos por este caso.
El 2019, cerró con 32 homicidios múltiples. Entre los de más víctimas está el ocurrido el 1.° de marzo cuando cuatro personas fueron encontradas sin vida en La Palma de Recreo en Cutris, San Carlos.
De igual manera, el 19 de junio en barrio Las Palmas, Pococí, Limón, otros cuatro jóvenes fueron asesinados dentro de una casa en una balacera relacionada con un ajuste de cuentas por drogas.
El otro caso cuádruple ocurrió el 1.° de setiembre en Lepanto, Puntarenas, luego de que las autoridades dieron con una avioneta que transportaba droga y se precipitó en Nandayure, Guanacaste.
En la huida de los sospechosos de movilizar la carga, la Policía siguió por varios kilómetros una camioneta, disparó y mató a cuatro, dos eran ticos y al parecer los otros dos eran extranjeros.
De igual manera, hubo cinco casos de homicidios triples. Uno de ellos ocurrió el 16 de febrero. Ese día tres hombres con antecedentes por diversos delitos fueron ultimados en el precario Primero de Mayo en Aserrí. Líos por drogas generaron el mortal tiroteo.
En Coronado, el 3 de enero, un padre y sus dos hijos fueron abatidos por el guarda de seguridad de una agencia bancaria en la que al parecer pretendían robar ¢30 millones.
Tomando en cuenta los 23 homicidios dobles se concluye que 80 personas perdieron la vida en escenas de dos o más víctimas durante el 2019.
Pococí: choque cultural entre nativos y cientos de reubicados
Uno de los cantones donde la violencia y los asesinatos más han proliferado en los últimos años es Pococí.
El año pasado cerró con 33 homicidios y eso obligó a las autoridades a planear estrategias para contrarrestar la acción del hampa.
Elibeth Venegas, alcaldesa, afirmó que varias pandillas de lugares vecinos como Limón, Siquirres y Matina, se movilizaron a Guápiles y otros puntos del cantón de Pococí, en momentos en que la Policía les seguía la pista. Eso, unido a las agrupaciones locales, contribuyó a elevar la violencia.
De igual manera, recordó que antes del 2010, no habían acciones para impedir nuevos desarrollos de vivienda para personas movilizadas de caseríos asentados en San José u otras provincias y fueron movilizadas muchas familias a Pococí.
El concejo municipal tomó en el 2010 un acuerdo para que los nuevos proyectos de vivienda sean solo para vecinos del cantón urgidos de una solución, pues hay muchas comunidades en Pococí que recibieron gente de otros lados, muchas familias vivían en tugurios de la capital.
Venegas afirmó que aunque toda persona tiene derecho a una vivienda digna, deben haber regulaciones para evitar situaciones de conflicto en el futuro.
“Decir nombres sale sobrando, pero aquí hemos tenido comunidades que se han poblado con personas de otros lugares. Por supuesto que vengan personas con otras costumbres a apropiarse acá y hacer su desarrollo en el cantón de Pococí, genera un problema muy grande”, explicó.
Lo anterior porque muchas familias no asimilan el cambio de una zona urbana a una rural. La falta de posibilidades de empleo y otras facilidades de servicios que pierden al mudarse, los tornan vulnerables para caer en drogas o para ser reclutados por grupos delictivos.
La alcaldesa Venegas recordó que cuando se abrió el proyecto Don Edwin, se revisó caso por caso de dónde venían las familias. Se aprobó solo con gente de Pococí, para así “ordenar la casa”, dijo.
Pococí es un cantón donde la población se dedica principalmente a labores agrícolas, ganaderas, comercio y turismo. Por su extensión de 2.403 kilómetros cuadrados las distancias son enormes, a diferencia de pequeños cantones como Tibás (8,1 km²), Montes de Oca (15,1 km²) y San Pablo de Heredia (7,5 km²).
La funcionaria afirmó que otros mecanismos para contrarrestar la inseguridad fueron la instalación de 26 cámaras de seguridad en lugares estratégicos de Guápiles, que son operadas desde un centro de monitoreo de la Fuerza Pública, así como la apertura de espacios culturales y de empleo para los jóvenes.
Se reparó la maltrecha delegación policial de Guápiles y se destinaron 50 oficiales más al cantón, que es el tercero más grande del país, solo superado por San Carlos y Talamanca.
A ese esfuerzo se añade la recuperación de muchos parques y espacios públicos que antes estaban tomados por drogadictos y ahora tienen máquinas para hacer ejercicios y son puntos de recreo familiar, dijo la funcionaria.
Con el programa Sembremos Seguridad, al que Pococí entró en el 2018, los vecinos se organizan y ahora tienen grupos de WhatsApp para alertar a la Policía sobre movimientos extraños.
“No vamos a permitir que el hampa haga de las suyas porque Pococí ya se apropió de su territorio y la comunidad está organizada para quitar espacios a las bandas y al narcotráfico”, puntualizó la alcaldesa.
