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La Fiscalía, Seguridad Pública, Policía Judicial y el propio Gobierno aseguraron que podrán todos los recursos necesarios para esclarecer con prontitud el asesinato del líder bribri Sergio Rojas Ortiz, conocido por su defensa de tierras indígenas en Salitre, Buenos Aires de Puntarenas.
Rojas, de 59 años, fue asesinado a balazos la noche de este lunes. Su cuerpo fue encontrado en el segundo piso de su vivienda.
El ataque fue reportado a las 9:19 p. m. , según la Cruz Roja. Cuando la ambulancia llegó al lugar del suceso, ya no tenía signos vitales.
“Presentaba varios impactos de bala, principalmente a nivel del abdomen. El cuerpo fue levantado en horas de la madrugada y se custodió la escena para hoy (martes) hacer una minuciosa reinspección en el sitio, que es lo se está haciendo por el momento para ya dar inicio a la investigación respectiva”, informó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial.
El asesinato se perpetró horas después de que Rojas acompañó a otros dos indígenas a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Buenos Aires por amenazas de supuestos usurpadores de tierras, informó la Defensoría de los Habitantes.
Según la Fiscalía, Rojas no fue el denunciante y por el momento no hay evidencia de que ese hecho tenga relación con el homicidio.
Para esclarecer el caso, este mismo martes, el Ministerio Público informó de la conformación de un equipo especial “integrado por fiscales especializados en el abordaje de homicidios, de asuntos indígenas y los fiscales y fiscalas de la fiscalía territorial de Buenos Aires”.
“Ante los hechos ocurridos en el territorio indígena de Salitre, ayer (lunes) en la noche, donde dieron muerte al dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, el Ministerio Público reprocha los actos de violencia cometidos en contra de esta persona indígena”, expresó la fiscala general, Emilia Navas
También el presidente de la República, Carlos Alvarado, corrió a pronunciarse. Lo hizo en una conferencia especial en Zapote.
Ahí, el mandatario anunció órdenes para brindarle protección a la familia y medidas para retomar el diálogo en la zona.
“Es un día trágico para el pueblo bibri, para los pueblos indígenas y para toda Costa Rica. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver los conflictos”, dijo.
Alvarado pidió al Ministerio de Seguridad Pública “dar todo el apoyo” al OIJ y otras autoridades judiciales“, para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible”.
Sergio Rojas era beneficiario de una medida cautelar internacional interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país en el 2015. Desde ese momento, según el Ministerio Público ha implementado acciones tendientes al cumplimiento de dicha medida desde su ámbito.
La denuncia
De acuerdo con la Defensoría de los Habitantes, el viernes, Rojas acudió a esa institución para que la Policía se presentara a una finca recuperada por indígenas, porque los que habían intervenido los terrenos “utilizaron detonaciones como una medida para amedrentarlos”.
Según informó la institución en un comunicado, los policías llegaron al sitio y recomendaron presentar la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La denuncia, precisamente, fue interpuesta el lunes por otras dos personas, a quien Rojas acompañó, según dijo la Fiscalía en un comunicado.
En ese mismo documento, aclaró que durante el 2018 y durante los primeros meses de 2019, no se presentó ninguna denuncia por amenazas o delitos de agresión o contra la vida, por parte de Rojas Ortiz. “Él no figura ni como víctima ni tampoco como testigo de hechos de esta naturaleza, en ese período”, añadió.
Para la Defensoría, sin embargo, los indígenas de aquella zona se han expuesto a “discriminaciones, ofensas, agresiones y ahora al asesinato”, en sus esfuerzos por recuperar sus tierras, dada la “escasa afectividad de las acciones gubernamentales”.
"Desde el año 2012 la Defensoría ha mediado en múltiples conflictos territoriales que se han presentado en el el territorio indígena de Salitre, se han tomado acuerdos que el Estado sigue sin cumplir.
“Existe una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la vida y la seguridad de las personas indígenas bribris, en la administración anterior se elaboró un protocolo, pero pese a las múltiples gestiones de la Defensoría, aún se encuentran pendientes de cumplimiento”, afirmaron.
Ante la existencia de esa medida es que el presidente Alvarado informó de que instruyó a la embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la exdefensora Montserrat Solano, para que haga un reporte de lo ocurrido a la CIDH.
La organización Ditsö Costa Rica informó en la red social de Facebook de que vecinos dijeron que escucharon 15 detonaciones y que el ataque se produjo en la comunidad Yeri, que es un territorio bribri en Salitre.
También la Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente y la Red Centroamericana para el Agua y el Ambiente-Costa Rica también se pronunciaron.
“Exigimos el inmediato esclarecimiento de este crimen de odio y el cese inmediato de los ataques e invasiones a los territorios indígenas de todo el país y especialmente de Salitre. Exigimos al Gobierno de la República que garantice la seguridad e integridad del pueblo bribri de Salitre, de conformidad con los convenios y normativa internacional”, dijeron.
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Sin resolver
La región desde hace años es escenario de una disputa por la propiedad de las tierras. Se trata de un área de difícil acceso y de 11.700 hectáreas que se disputan grupos indígenas –a quienes la ley les da garantías– y finqueros no indígenas que aseguran tener derechos sobre parte de ellas.
El principal problema es la falta de claridad sobre el uso y los límites de tierras, situación que se agravaba porque hay disputas entre los indígenas, tanto entre etnias como facciones, además de cuestionamientos a algunos líderes indígenas.
Sergio Rojas fue por más de 12 años presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI). En octubre del 2015 la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) dijo que el nombramiento que se le hizo de presidente había sido irregular y por tanto quedó fuera de la organización.
Estuvo preso en el 2014, pues el Ministerio Público lo investigó por el delito de administración fraudulenta.
Colaboraron las periodistas Patricia Recio, Eillyn Jiménez e Irene Vizcaíno
