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El Organismo de Investigación Judicial detuvo a un expolicía de la Fuerza Pública, de 58 años, por ser sospechoso de violar e intentar asesinar a su "pareja" de 13 años en Sarchí de Valverde Vega, Alajuela.
La captura ocurrió a eso de las 5:40 a. m. de este lunes en La Chilera, en Vuelta de Kooper de Aguas Zarcas, en San Carlos, cuando el sujeto, apellidado Chavarría Arias, salió de la casa de una hermana suya.
A él se le achacan dos delitos de violaciones y dos tentativas de feminicidio.
Por esos hechos, la Fiscalía pedirá seis meses de prisión preventiva en contra de Chavarría. La audiencia de solicitud de medidas cautelares se realizará ante el Juzgado Penal de la zona, en una fecha que no se conoció al cierre de esta nota.
Denuncia
Según información del Ministerio Público, la denuncia ingresó el 23 de marzo pasado. Allí se estableció que los hechos investigados comenzaron a darse desde el 2014, cuando la menor tenía apenas nueve años.
A partir de ese momento, la víctima y Chavarría mantuvieron una "relación de convivencia", según citó la Fiscalía. Empero, se desconoce cuál era la posición de la familia de la niña, en torno a este vínculo.
Se presume que, durante ese periodo, el imputado violó a la ofendida en dos oportunidades y, como consecuencia de ello, la menor quedó embarazada en fecha recientemente, pues ya cumple cinco meses de gestación.
Al parecer, el sospechoso, quien para ese momento laboraba para la delegación de Desamparados, llevaba a la menor a un médico particular para su respectivo control prenatal y así evitar la intervención de las autoridades en el caso.
Además de las presuntas violaciones, el Ministerio Público sospecha que el expolicía intentó asesinar a la víctima en dos ocasiones.
La primera vez habría ocurrido cuando, aparentemente, pretendió atropellarla con un carro, en una fecha aún sin precisar.
El segundo intento de feminicidio ocurrió el 21 de marzo, cuando Chavarría supuestamente lanzó a la menor desde un vehículo en movimiento.
Tras ese segundo hecho, la ofendida tuvo que ser trasladada a un hospital, donde recibió la intervención necesaria, y luego interpuso la denuncia en la que relata las violaciones y los intentos de homicidio.
Desde ese momento, las autoridades comenzaron a investigar los hechos y se percataron de que el sospechoso había renunciado a su puesto como policía en la delegación de Desamparados. Él dejó de laborar el 26 de marzo y, desde entonces, se desconocía su paradero.
Por ello, las autoridades decidieron publicar fotografías del expolicía, con las que pudieron recibir información confidencial y aprehenderlo.
La causa continúa en investigación con el expediente 18-000078-031-PE.
Reacción del Colegio de Médicos
La Nación consultó al Colegio de Médicos sobre la eventual participación de un profesional en salud en los hechos denunciados.
Al respecto, el presidente del Colegio, Andrés Castillo, explicó que los doctores tienen una obligación de denunciar este tipo de casos, donde las circunstancias de un embarazo involucran a una menor de edad con una persona adulta.
“Si el médico estaba consciente y tenía conocimiento previo de la situación, debió haberlo reportado a las autoridades pertinentes, en este caso por lo menos ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), esto es lo que correspondería”, indicó.
Empero, cualquier tipo de acción sancionatoria contra el profesional requiere que previamente se reciba la denuncia respectiva, para que el Colegio pueda poner en marcha cualquier tipo de proceso disciplinario.
“Si alguien presenta una denuncia ante la Fiscalía, esta tendrá que hacer todas las averiguaciones y todo el debido proceso, así como el Tribunal de Ética Médica, y al final tomaríamos la decisión para ver qué medidas le correponden según el Código de Ética vigente”, señaló Castillo.
Respecto a las sanciones a las que podría ser sujeto el profesional de salud, Castillo aseguró que estas dependen de la gravedad de la falta que determine el Tribunal, si se llega a comprobar que se infringió el Código de Ética.
Los hechos denunciados por la menor de edad, se dan año y medio después de que se aprobara la ley de relaciones impropias.
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Según esa normativa, las personas que tengan relaciones con adolescentes entre los 15 y 18 años se expondrán a una pena de entre dos y tres años, siempre y cuando el adulto le lleve una diferencia de siete años.
Cuando se trata de menores de entre 13 y 15 años, el plan castigará con cárcel de tres a seis años, cuando la diferencia de edad sea de cinco o más años.
Otro caso con violento final
Recientemente, otro caso impactó al país por el trágico final de los hechos. El 30 de octubre del 2017, el jefe de Tránsito de la Fortuna de San Carlos, Pedro Arce Araya, asesinó a su joven compañera sentimental frente al papá de esta, y luego se quitó la vida.
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Los hechos ocurrieron ese día en la noche en la casa que compartía la pareja en Sonafluca de La Fortuna, San Carlos, a la cual Arce invitó a comer a su suegro.
La víctima fue identificada como Crisley Martínez Rodríguez, de 19 años, quien tenía cuatro años de convivir con el tráfico.
En este caso, el vínculo entre la pareja comenzó cuando la joven tenía 14 años y él 51.
Colaboró en esta información la periodista Lucía Astorga.
