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Una organización criminal dedicada a la trata de personas, con fines de explotación sexual, fue desarticulada la tarde de este jueves en Nicoya, Guanacaste, comunicó la Policía Profesional de Migración.
La banda era liderada por una pareja de apellidos Herrera Jiménez y Villarreal Sandoval, junto con su hija, de apellidos Herrera Villarreal, y su yerno, apellidado Monge Salas.
Además de los citados, fueron detenidos otros tres cómplices de los delitos. Según detalló la Policía Profesional de Migración, Villarreal Sandoval es funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En la operación fue posible rescatar a 12 víctimas.
La investigación que llevó a las capturas comenzó en marzo de este año, tras recibir una denuncia ante el citado órgano policiaco.
El citado grupo familiar, junto con sus cómplices, de apellidos Ortega Hernández, Martínez Arias y Cascante Pérez, sometían a las víctimas a labores sexuales en un establecimiento ubicado contiguo al Maxi Palí de Nicoya. Ahí eran retenidas bajo engaño, coacción y amenaza.
Herrera Villarreal y Monge Salas se encargaban de administrar el establecimiento y llevaban el control y los tiempos de los servicios sexuales de las mujeres.
Sus cómplices eran los encargados de reclutar, controlar e intimidar a las víctimas, mediante ofensas, amenazas y maltratos.
Inclusive, los detenidos realizaban rifas entre los clientes del lugar, cobrando a mil colones el número y como premio otorgaban licor y servicios sexuales de las víctimas, detalló la Policía Profesional de Migración.
El allanamiento policial abarcó la totalidad del complejo donde se encuentra el establecimiento donde se ofrecían los servicios sexuales y las cabinas donde, presuntamente, se llevaban a cabo los encuentros sexuales, así como una casa de habitación.
Reclutamiento
Las autoridades de Migración detallaron que las víctimas eran reclutadas a través de medios tecnológicos y de terceras personas, quienes les ofrecían trabajo en el establecimiento comercial. Ellas, por su situación de vulnerabilidad, accedían, y ya estando en el lugar, eran obligadas a realizar el servicio sexual.
Las víctimas eran sometidas a mecanismos de control, pues no podían salir sin autorización y, en caso, de hacerlo, debían cancelar una multa a los ahora detenidos. También eran obligadas a pagar por el uso de la electricidad y acceso a agua potable.
En el allanamiento fueron localizadas 12 víctimas, a quienes se les brindó atención inmediata y asistencia por las autoridades. Entre ellas, había de nacionalidad costarricense y nicaragüense. Las extranjeras se encontraban en condición irregular en el país.
En el lugar fueron detenidos Herrera Jiménez, Herrera Villarreal, Monge Salas, Martínez Arias y Cascante Pérez. Ortega Hernández y Villarreal Sandoval fueron arrestados en Alajuela y San José respectivamente.
Las siete personas fueron remitidas a la Fiscalía Adjunta de Trata de Personas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Esta acción está tipificada en el artículo 172 de la Ley N°4573, Código Penal de Costa Rica, la cual tiene una pena de seis a diez años de prisión.
Toda persona puede reportar casos sospechosos llamando al 9-1-1 y denunciar llamando al 2106-4005, 2106-4001 y denunciatrataytrafico@migracion.go.cr.
