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Ya han pasado más de dos años desde que el cadáver de Natali Isabel Madriz Chinchilla fue hallado dentro de bolsas de basura frente a un supermercado cerca de la Universidad de Costa Rica (UCR), en San José.
Hoy sus familiares piden a las autoridades de El Salvador extraditar al principal sospechoso del crimen, un joven de ese país de apellidos Ramírez Campos que se fugó luego del suceso.
En la orden de captura internacional, de la cual La Nación tiene copia, se solicita la detención del muchacho de 26 años por haberle “dado muerte a la ofendida” con ayuda de otro sospechoso de apellidos Bolaños Cruz.
“Los imputados actuando bajo un plan de autor previamente ideado, introdujeron el cuerpo de la agraviada en un bolsa plástica negra, con ambos miembros superiores hacia su parte posterior atándolos con un cable.
“Y posteriormente depositaron el cuerpo de la ofendida debajo de las escaleras de los apartamentos que se encontraban para el momento de los hechos, sobre el Súper Mercado Bon Bon”, dice el documento.
El fiscal Eduardo Dall ‘Anesse Ruiz, a cargo del caso, indicó en la orden que el sospechoso podría haber huido hacia su país natal con la finalidad de procurar su impunidad.
De hecho, adjuntó una respuesta de la Interpol en la que se dice que la madre del joven, al ser entrevistada, afirmó que el muchacho se había ido de su casa hace ocho años por recibir amenazas de parte de pandilleros.
La mujer dijo desconocer los motivos de porqué querían matar a su hijo, pero señaló que él le había manifestado que iba a solicitar asilo en Costa Rica y, que si no se lo daban, viajaría a los Estados Unidos.
“Se logra extraer de los indicios recolectados como el investigado Ramírez Campos, posteriormente a cometer el homicidio y con el fin de huir de las autoridades costarricenses, abandonó el único domicilio que le era conocido en nuestro país.
“Lo anterior con la clara y única finalidad de no poder ser reconocido por las autoridades en caso de que fuera detenido, fue así que dejó su pasaporte en su anterior domicilio a sabiendas de las debilidades fronterizas de nuestro país, así como la facilidad de no ser detectado en caso de huir por vía terrestre”, reza la orden.
En mayo anterior este medio publicó que una cámara de seguridad captó los movimientos que realizaron los dos sospechosos de asesinar a Natali Isabel Madriz Chinchilla hace dos años en San Pedro de Montes de Oca.
Las grabaciones se extienden desde la madrugada del domingo 16 de junio del 2019 y hasta la noche de ese mismo día, cuando, en apariencia, dispusieron del cadáver de la víctima, de 38 años, dentro de bolsas.
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Cabe destacar que, según las pericias judiciales, el día que lo entrevistaron, Bolaños Cruz, de 23 años, evitó referirse al escape de Ramírez Campos y aseguró desconocer lo que había pasado con la fallecida.
Tras ser encontrado, el cadáver estaba en avanzado estado de putrefacción y no presentaba evidencia de traumatismos. También se descartó la presencia de balas o fracturas óseas.
Además, en los apartamentos de los presuntos homicidas, las autoridades encontraron las cosas desordenadas y algunas prendas de Madriz, incluida su ropa interior, así como restos de drogas y semen.
“Se puede establecer con meridiana claridad la participación del imputado Ramírez Campos, quién posterior a dar muerte a la víctima, procedió a realizar una serie de actos evidentemente dolosos, y en apego a su plan de autor así como el aporte causal que este llevó a cabo dentro de los mismos, con el fin de consumar el acto previamente realizado y así ocultar el ilícito”, resalta la solicitud de extradición.
Colaboración diplomática
Los familiares de Natali Isabel Madriz Chinchilla se apersonaron la mañana de este viernes a la Embajada de El Salvador para solicitar ayuda con la extradición del sospechoso de ese país.
Angie Arce Acuña, defensora de los parientes de la víctima, dijo que el trámite se puede realizar por la vía judicial (como ya está previsto), pero que también se requiere colaboración diplomática para que suceda.
La abogada es la presidenta del Instituto de Victimología de Costa Rica, el cual se acercó a la familia de Madriz para brindarle ayuda luego de leer las publicaciones que realizó La Nación sobre el caso.
“Nosotros nos dedicamos a ayudar a ciertas familias que tienen casos muy complicados y no tienen recursos económicos para pagar un abogado, y que el Estado no les ha tomado la importancia debida”, explicó Arce.
La profesional dijo que revisó el expediente de Natali y que identificó que el caso ya llevaba dos años, que no había orden de captura para el salvadoreño y que la autopsia del cadáver la hicieron mal.
También criticó el hecho que durante todo este tiempo a los familiares de la fallecida no les brindaron atención psicológica, especialmente a la madre, hermana e hija de Madriz, que resultaron muy afectadas por el crimen.
“Luego de que ustedes publicaron sobre el tema nosotros empezamos a meter presión y la semana pasada ya salió la orden de captura internacional para Ramírez Campos”, destacó la defensora.
Arce aseguró que el convenio de extradición entre Costa Rica y El Salvador permite traer a personas de ese país del norte hacia suelo tico, pero que igual estaría satisfecha con que logren detener al sospechoso allá.
“Este viernes nos acercamos a la Embajada para solicitarle los buenos oficios a la embajadora para que agilice esto. Hay que traer a ese salvadoreño porque es el co-autor del delito, hay muchas pruebas”, concluyó.
Sin embargo, la Cancillería respondió este viernes que en el archivo del Departamento de Tratados no aparece registro de algún tratado bilateral de extradición entre Costa Rica y el Salvador.
‘Decepcionada de las leyes’ ticas
Karol Madriz, hermana de la víctima, dijo a La Nación que el caso de Natali se pudo haber manejado de una forma más pronta, precisa y efectiva, pero que no hubo voluntad de las autoridades judiciales.
“Estoy muy decepcionada de las leyes de Costa Rica porque es un sistema patriarcal que solo promueve la violencia de género. Nosotros solo pedimos que nos ayuden en esta lucha, más por aquellas mujeres que han sido asesinadas cobardemente como Nati”, reclamó la pariente.
Madriz destacó que ha sido gracias a la presión de los medios de comunicación y las organizaciones sociales que el caso de su hermana ha caminado, porque de no ser así, todo se habría estancado.
Además, agradeció la ayuda brindada por el Instituto de Victimología de Costa Rica, ya que dijo que el fiscal que lleva el caso no siempre se mostró dispuesto de colaborar con rapidez.
“Nosotros hasta ahora, con la doctora Angie Arce, se nos ha informado sobre nuestros derechos como víctimas y ha sido como un despertar de que no podíamos seguir como estábamos”, añadió.
Por último, la enfermera de profesión criticó la “indiferencia” que existe en el Poder Judicial para atender casos como el de Natali y exigió que se cumpla el derecho constitucional de justicia pronta y cumplida ya mismo.
“Ya es demasiado lo que hemos esperado. No queremos más mentiras, queremos justicia”, concluyó.
