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Una funcionaria judicial, de apellido Valverde y cuatro oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos este miércoles durante 24 allanamientos realizados en Acosta y San Gabriel de Aserrí, en San José.
Valverde, quien labora como técnica judicial en el Primer Circuito Judicial de San José, es sospechosa de asesorar a una organización criminal para legitimar capitales obtenidos del narcotráfico.
Por su parte, los cuatro oficiales de la Fuerza Pública presuntamente colaboraban con la banda al proporcionar información confidencial sobre operativos e investigaciones, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Ellos responden a los apellidos Arias, Godínez, Salazar y Sandí.
Durante los allanamientos, realizados por la Policía Judicial y el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), se desarticuló también a la organización criminal. El operativo concluyó con otros 16 detenidos más.
Se trata de 12 hombres apellidados: Ramírez (2), Fallas, Abarca, Carvajal, Garbanzo, Chaves (2), Muñoz (2), Monge y Rosales y cuatro mujeres de apellidos Abarca, Gamboa, Araya y Zavala. Todos con edades comprendidas entre los 19 y los 55 años.
Según las investigaciones, el grupo controlaba la venta de marihuana y cocaína en Acosta y zonas aledañas. Además, se le atribuyen tres homicidios: uno ocurrió el 21 de noviembre de 2023, cuando una menor de 17 años y un hombre de 26 años, de apellido Peraza, fueron asesinados en Fila del Rosario, Aserrí. Las víctimas fueron atacadas por pistoleros en moto que portaban un arma AK-47. El otro fue el 18 de julio de 2024, cuando un joven de 16 años fue asesinado en Vuelta de Jorco.
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La banda criminal también está bajo sospecha de legitimación de capitales. Según las autoridades, utilizaban las ganancias obtenidas del narcotráfico para abrir negocios legales, como tiendas de ropa, barberías y zapaterías, con el objetivo de lavar el dinero.
“Tenían cuatro puntos de venta, así como ventas exprés vinculadas incluso con el colegio de la localidad (...). El grupo está relacionado con préstamos gota a gota en el sector y peleas de gallos, actividades que utilizaban para movilizar dinero”, explicó Michael Soto, subdirector de la Policía Judicial.
Mario Zamora, ministro de Seguridad, declaró sobre las detenciones: “Estas acciones de depuración interna son importantes. Independientemente de la naturaleza del cuerpo policial, sea administrativo o judicial, siempre es fundamental realizar una limpieza tanto interna como externa”.
Y agregó: “Avalamos y apoyamos estas acciones, que fortalecen la integridad de nuestra institucionalidad pública dedicada a la lucha contra el crimen común y el crimen organizado vinculado al narcotráfico”.
El Poder Judicial informó, este mismo miércoles por la mañana, que a la funcionaria de apellido Valverde se le abrió un expediente disciplinario en la Inspección Judicial y que se sigue en el consecutivo 24-004382-0031-DI.
Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.
Otros casos con funcionarios públicos involucrados
Este no es el primer caso, en esta misma semana, en el que se ven involucrados funcionarios públicos. El lunes una funcionaria de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), de apellido Vargas y 41 años, fue detenida por su presunta colaboración con una banda de narcotraficantes. A ella se le investiga por el delito de procuración de impunidad.
La pesquisa de este asunto se inició hace dos años cuando autoridades judiciales realizaban seguimientos y vigilancias a una banda narco. En esas vigilancias se pudo constatar que la funcionaria se reunió, en al menos una ocasión, con varios de los sospechosos en esa causa.
Este martes quedó en libertad, luego de que un juez penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazara las medidas cautelares solicitadas en su contra. La Fiscalía había planteado la inhabilitación de su cargo, el impedimento de salida del país y la obligación de firmar cada 15 días, como parte de dichas medidas.
No obstante, el juez concluyó que no existían pruebas suficientes para establecer la probabilidad de que Vargas hubiera recibido dinero a cambio de proporcionar información a una red criminal. Ante esta resolución, el Ministerio Público informó de que apeló la decisión del juez.
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Ese mismo lunes, un agente del Organismo de Investigación Judicial de apellido Guevara, destacado en Santa Cruz, Guanacaste, fue detenido por sospechas de que le cobraba a terceros, a quienes les hacía creer que eran investigados en expedientes judiciales.
Según el reporte de la Policía, el agente, de 46 años, al parecer citaba a sus víctimas en los alrededores de la delegación del OIJ de la zona y les indicaba, a manera de engaño, que existía una investigación en su contra. Posteriormente les pedía dinero para alterar los expedientes y desestimar las causas.
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Colaboró en esta información Vanessa Loaiza.
