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La lucha entre bandas de narcotraficantes en el cantón de la Unión, Cartago, se acrecienta por tomar el lugar que dejaron líderes que ahora están presos o fallecidos. Uno de sus signos más patentes son los tiroteos y los homicidios de las últimas semanas.
Aunque en la primera parte del año ese cantón tuvo pocos asesinatos, a partir de julio los lugareños han vuelto a sentir la inseguridad en varias zonas, donde las balaceras surgen a cualquier hora del día.
En cuestión de dos meses, del 5 de agosto a la fecha, han ocurrido seis homicidios en ese cantón, la última víctima habría sido colateral, pues gatilleros iban por el compañero de la fallecida.
El caso más reciente ocurrió el martes en Santiago del Monte, distrito de San Diego, donde una mujer de 23 años fue asesinada, su compañero sentimental resultó herido y un bebé de ambos, de seis meses, que llevaban en el carro, salió ileso.
Ese tiroteo ocurrió a plena luz del día, lo mismo que ha ocurrido con otros de los recientes tiroteos.
En junio pasado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un operativo que sacó de circulación una banda de narcotraficantes que tenía el poder en la zona.
A partir de ahí, otras ramificaciones comenzaron a pelear a muerte por el ilegal, pero lucrativo negocio.
Dos hermanos, de apellidos Campos Barrantes, cayeron esa vez como líderes de la agrupación estructurada y profesional, que dominaba las ventas de cocaína, crack y drogas sintéticas en San Martín, Dulce Nombre y en el área central de La Unión.
Curiosamente, esa banda había vuelto a sus anchas, pues aunque en el 2016 los hermanos fueron parte de una detención masiva por tráfico de drogas. El caso no había llegado a juicio y los hermanos seguían con las ventas en barriadas, donde los vecinos no se explicaban cómo esa red volvía a tomar de forma tan campante calles y búnkeres.
“Los dos líderes son personas sumamente violentas que viven al amparo de cometer delitos. Uno de estos hermanos salió de la cárcel recientemente”, dijo en aquella ocasión el director del OIJ, Wálter Espinoza.
Al recapturarlos, en junio pasado, Espinoza advirtió que se trataba de viejos conocidos, y que al golpearlos de nuevo se buscaba “devolver la tranquilidad para el cantón de La Unión, que últimamente ha sido conflictivo”.
Lejos de que volviera la tranquilidad, al quedar plazas vacías, la lucha por ocuparlas tiene a las autoridades y vecinos otra vez en alerta.
La Policía Judicial capturó este viernes a un sujeto de apellidos Montero Torres, de 27 años, como sospechoso de disparar contra la pareja que viajaba en carro con un bebé a bordo el martes en Santiago del Monte.
Aunque falleció la madre del niño, quien además dejó una hija de cinco años, el OIJ presume que el objetivo de los pistoleros era el conductor del carro, de apellidos Sánchez García, de 29 años, quien recibió un balazo en la cadera.
Una de las líneas de investigación policial determinó que al papá de Sánchez lo mataron hace dos años en ese mismo cantón cartaginés, por un presunto lío entre bandas de narcotraficantes.
El OIJ investiga si algún cobro pendiente pudo haber generado la violenta reacción ocurrida el martes pasado y por eso, en menos de 72 horas, ya el sospechoso quedó ante la Fiscalía del cantón a la espera de medidas cautelares.
En el 2018 el total de homicidios en La Unión fue de 19, el año pasado fueron 13 y en lo que va de este 2020, hay nueve homicidios, la mayoría perpetrados con armas de fuego.
De acuerdo con el alcalde de La Unión, Cristian Torres, la cantidad de incidentes y el grado de violencia asociado, que implican el uso de armas de fuego, resulta “muy alarmante y preocupante”.
Como medida de acción plantearon una propuesta educativa de seguridad ciudadana, a efectos de disminuir esos actos violentos que, según Torres, además de cobrar vidas, pone en riesgo a personas colaterales residentes y visitantes del cantón.
Se trata de un proyecto de acompañamiento y sensibilización con el fin de preparar a los futuros ciudadanos para el respeto y promoción de los valores.
Ese cantón no tiene Policía Municipal, solo Policía de Tránsito, que según Torres, coadyuva con las demás autoridades cooperando con recursos tecnológicos como las cámaras de seguridad, para el registro de incidentes, a efecto de documentar acciones sancionatorias y judiciales.
Para el funcionario, la desintegración familiar, las condiciones de riesgo social y el irrespeto a la autoridad han sido caldo de cultivo para actos ilícitos lucrativos, donde muchos se aprovechan de jóvenes provenientes mayoritariamente de familias disfuncionales, para involucrarlos en esas actividades delictivas.