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Las investigaciones realizadas por la Policía Judicial indican que al menos 25 de los asesinatos perpetrados este año en la provincia de San José se atribuyen a la confrontación entre organizaciones criminales, que comenzó luego de la muerte de un joven de 18 años en noviembre del año pasado.
El fallecido fue Joseph Saúl Alemán Lara, de 18 años, sobrino de los cabecillas de la banda Los Lara. Después de este asesinato, cuatro grupos criminales, incluida la citada agrupación, formaron una alianza para enfrentar a organizaciones rivales que se cree están relacionadas con el homicidio de Joseph, quien recibió múltiples disparos el 26 de noviembre del año pasado en Hatillo. Él estaba conduciendo un vehículo junto a otros tres hombres, cuando fueron atacados desde otro automóvil.
Los hermanos Julio César y Juan Lara Villanea, quienes el 29 de mayo pasado fueron sentenciados por tráfico de drogas a 16 y 15 años de prisión, respectivamente, se vengaron del asesinato de Joseph y comenzó una espiral violenta. A pesar de su encarcelamiento, los hermanos Lara controlan desde prisión a quienes heredaron el negocio ilícito en Sagrada Familia y alrededores.
Como parte de esas confrontaciones a balazos, han muerto cuatro personas que no tenían nada que ver con el asunto. Uno de estos tiroteos tuvo lugar el 28 de enero, cuando una mujer de 42 años, Sigrid María Chaves González, perdió la vida en una balacera dirigida a José Ángel Mathiew, exmiembro de la banda de Luis Ángel Martínez Fajardo, alias Pollo. Mathiew había sido liberado en agosto de 2022 después de cumplir condena por homicidio.
Bandas por doquier
San José se encuentra dividida en áreas controladas por diferentes grupos narcotraficantes, como la banda Los Picudos en La Carpio y grupos más pequeños como Los Fox en Zapote. Estos últimos están vinculados a tiroteos, como el que ocasionó la muerte accidental de Samuel Arroyo, de 8 años, cuyo fallecimiento ocurrió el 28 de febrero en el Hospital Nacional de Niños. Samuel fue alcanzado por una bala perdida mientras dormía en su hogar.
Este resurgimiento de bandas en San José se debe a la intensa lucha por territorios, motivada en parte por la sobreoferta de cocaína, cuyo precio se ha reducido a más de la mitad debido a la sobreproducción en países sudamericanos.
Según Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), San José es un epicentro de ventas de drogas, destacando que actualmente ninguna otra provincia se le compara en este sentido. Hace dos años, Dennis Cabrera, alias Manzanita, que residía en un penthouse valorado en $1 millón fue capturado. Un solo búnker de los que poseía generaba ganancias de ¢15 millones diarios, evidenciando lo lucrativo del negocio ilegal.
A lo anterior se suma que el valor del kilogramo de cocaína en el país ha disminuido de $7.000 el año pasado a $3.300 en la actualidad, según las conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía Judicial en relación a las actividades de los grupos criminales. Esta reducción en el precio ha llevado a un aumento en la entrada de cocaína tanto para el tráfico internacional como el consumo local.
Además, la rivalidad entre la marihuana jamaiquina y la colombiana ha contribuido a la situación actual. Esto ha llevado a una mayor preferencia por la marihuana colombiana, lo que ha influido en la dinámica de los grupos que la importan en San José.
Fuga de talentos
Toda esta combinación desencadenó en un aumento alarmante en la tasa de homicidios, y la Fuerza Pública, la Fiscalía y el OIJ están enfrentando los nuevos desafíos sin dar abasto. Agosto, por ejemplo, cerró con 600 casos en todo el país y una tasa cercana a 12,6 por cada 100.000 habitantes.
De acuerdo con Randall Zúñiga, ciertas reformas legales, como la Ley Marco de Empleo Público, generaron un éxodo del 25% del personal en el OIJ y algo similar ocurre en otras fuerzas policiales. La falta de recursos y la pérdida de talento experto afectan significativamente la capacidad de respuesta.
“Por ejemplo, tenemos ocho investigadores de homicidios en Limón, eso es muy poco para esa provincia que este año lleva 151 muertes. Algo similar ocurre en San José”, expresó.
Según un reciente estudio, el OIJ requiere 600 plazas, lo que equivale a ¢8.000 millones, con lo que se podría dar solución a los problemas proyectados a 10 años plazo.
Randall Zúñiga subraya la importancia de un liderazgo efectivo para abordar la creciente delincuencia, que ahora se extiende a lugares que antes no eran problemáticos como San Ramón y Turrialba. La imagen del país y la industria turística también están en riesgo.
No se debe esperar a casos más graves como la muerte de una figura política o farandulera, o que mueran niños en un tiroteo a pleno día para tomar acciones, indicó.
En definitiva, la actual situación exige acciones inmediatas y un enfoque estratégico, ya que esperar un año o dos podría ser demasiado tarde para abordar la problemática.
Recordó que los resultados de la inversión en la policía son visibles en un plazo de aproximadamente un año, debido a los procesos de reclutamiento y formación necesarios antes de que el personal pueda patrullar las calles.
Mientras tanto, será necesario reasignar personal de otras áreas, como la de prevención del lavado de dinero, y sumarlos a la Sección de Homicidios, pero esto implica descuidar otras investigaciones importantes.
