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Cinco policías de Tránsito, un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP) y cuatro funcionarios judiciales fueron detenidos este martes por presuntamente colaborar con una organización criminal del Caso Madre Patria, la cual al parecer se dedicaba al fraude registral, la legitimación de capitales y la falsedad ideológica.
Las capturas se realizaron mediante 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas. Además de los empleados públicos mencionados, se detuvo a dos exfuncionarios judiciales, 12 notarios, varios expertos en criptomonedas y otros presuntos miembros de la banda criminal, para un total de 35 arrestados.
A ellos se les asocia con cientos de fraudes ejecutados en los últimos años, para apropiarse de bienes inmuebles y luego venderlos a terceros. Además, legitimaban el dinero obtenido comprando vehículos de alta gama e invirtiendo en criptomonedas y en servicios de transporte de pasajeros.
Los operativos, que buscaban la detención de 42 sospechosos, fueron liderados por la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) del Poder Judicial.
Según Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la estructura criminal es comandada por dos españoles identificados con los apellidos Gómez y León, de 42 y 41 años respectivamente, quienes principalmente se dedicaban al fraude registral.
En cuanto a los funcionarios judiciales, el jefe policial especificó que se trata de un juez de Desamparados, un técnico de archivo criminal, una técnica judicial del juzgado de La Unión y un técnico de la Defensa Pública. Estos funcionarios presuntamente colaboraban con la banda criminal mediante asesorías y facilitación de empresas para la legitimación de capitales.
Zúñiga explicó que la organización utilizaba varias modalidades para cometer este delito. Una de las más comunes era la obtención de propiedades en desuso. “Se las roban registralmente y después las vendían a otras personas”, comentó.
El jefe policial añadió que el grupo criminal se aprovechaba de la desafiliación de personas jurídicas de las sociedades por ley, estableciendo un liquidador para vender propiedades y bienes a nombre de esas sociedades, como fincas, vehículos y autobuses.
“Es una actividad de crimen organizado (...). Tenemos materializadas 25 propiedades, pero dentro de la investigación hemos identificado más de 100 propiedades robadas. Incluso, en las conversaciones interceptadas, ellos mencionan más de 300 propiedades sustraídas mediante estos mecanismos ilegales”, explicó Zúñiga.
Una de ellas es una finca en el Coco, en Carrillo Guanacaste, valorada en $30 millones, donde se pretendía desarrollar un complejo de 187 casas.
“Se están decomisando 38 vehículos y 13 autobuses de la línea Tambor de Alajuela, barrio San José de Alajuela y Caldera de Puntarenas”, agregó desde una de las viviendas allanadas en el condominio Haciendas de la Ribera, en Belén.
Componentes importantes
El fiscal general Carlo Díaz, precisó que la pesquisa del caso Madre Patria comenzó en el 2020, aproximadamente, en la Fiscalía de Fraudes, cuando detectaron varios casos de notarios involucrados en trámites irregulares de propiedades.
Posteriormente, en asocio con los agentes del OIJ se detecta que hay dos ciudadanos españoles que coinciden en varias de las investigaciones, quienes serían los cabecillas de la organización.
El grupo contaba con especialistas en criptomonedas, quienes, en un solo día, transaron hasta $13 millones en bitcoins para legitimar el capital, según Zúñiga.
Por su parte, los policías de Tránsito, en colaboración con el funcionario del CTP, elaboraban infracciones a otras líneas de autobuses para que la estructura criminal pudiera tomar ventaja en las rutas de transporte público.
Además, el juez de Desamparados, “no solamente le daba asesoría al grupo criminal, en apariencia, sino también facilitaba algunas de sus empresas que tenía, tipo outlet, para que se pudiera generar entre otros legitimación de capitales”, dijo Randall Zúñiga.
En los allanamientos, además de la captura de los 35 sospechosos, se decomisó un fusil de asalto AR-15 y numerosos relojes de alta gama en la casa de Gómez, en Belén de Heredia.
Sobre los extranjeros, se logró confirmar que Gómez está casado con una ciudadana costarricense, mientras que León tiene dos hijos nacidos en nuestro país; sin embargo, ambos mantienen un estatus migratorio irregular. De acuerdo con la información del Registro de la Propiedad, León es dueño de tres fincas para construir en San Rafael y San Antonio de Escazú que juntas suman casi 7.300 metros cuadrados y un valor fiscal total de ¢663,5 millones.
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