EscucharEl Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tiene identificados, desde hace varios años, a un grupo de hondureños involucrados en actividades criminales y en disputas con otros grupos locales en la provincia de Limón.
Michael Soto, subdirector interino de ese cuerpo policial, explicó que, aunque se detuvo al líder, con el tiempo se identificó a un número significativo de personas de esa nacionalidad que siguen influyendo en la criminalidad de la provincia caribeña. Artículos de prensa dan cuenta de que algunos de estos individuos podrían estar vinculados a narcotráfico, homicidios y lavado de dinero.
El exministro de Seguridad, Gustavo Mata, aseveró que a este grupo se les conoce como los “H”, y está compuesto por unos 45 individuos, incluyendo exmilitares.
En cuanto a su estructura, Soto detalló que los individuos más jóvenes realizan tareas básicas y trabajan como peones, a menudo en colaboración con costarricenses, mientras que los líderes, que tienen alrededor de 40 años, gozan de un estatus económico importante debido a su alto perfil delictivo.
Principalmente operan en Limón, pero algunos de sus miembros también se encuentran en el Valle Central y muestran un estilo de vida lujoso. Según el OIJ, en los últimos tiempos se han desarrollado operativos para desmantelar células de ese grupo.
Aunque el Gobierno no hizo referencia específica a esta organización, desde el 10 de octubre pasado la Administración Chaves Robles exigió visa a todo ciudadano hondureño que quiera ingresar a territorio costarricense.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, sostuvo que esta decisión responde a un asunto de seguridad nacional, una opinión compartida por el presidente Rodrigo Chaves, quien alegó que, tras la llegada de hondureños, se han establecido “escuelas de sicariato” en el país.
El 9 de octubre, un día antes de la exigencia de visado, el ministro Zamora dijo: “Cuando se piden los registros en Peñas Blancas y ve el paso constante de vehículos blindados de personas hondureñas que ponen que van a ubicarse en el barrio Corales 1 de Limón, usted puede notar una línea de comunicación de hondureños con grupos criminales en el escenario de Limón”.
¿Sirve el visado a hondureños para reducir la criminalidad en el país?
Para el exministro Gustavo Mata, el visado a hondureños como estrategia para reducir la criminalidad es una medida aislada, que equivale a poner un parche en lugar de desarrollar una política nacional de seguridad integral.
Recordó que los “H” son solo una de las casi 300 organizaciones criminales que contribuyen a la ola de homicidios, por lo que es esencial que el Poder Ejecutivo evalúe si esta medida (visado) afectará la cantidad de asesinatos y el problema del narcotráfico. Por el contrario, Mata subrayó la importancia de realizar estudios exhaustivos antes de implementar medidas aisladas, señalando que estas acciones no pueden ser improvisadas.
Por ejemplo, debería valorarse que nuestras fronteras son extensas y escasamente vigiladas, por lo que es relativamente sencillo entrar y salir sin ser detectado. Esto podría aminorarse si se dota de recursos a los cuerpos de seguridad y se amplía la planilla de agentes.
Además, debe tomarse en cuenta que algunos de los hondureños que operan en Limón, especialmente los líderes, tienen la nacionalidad costarricense debido a su matrimonio con mujeres costarricenses o a tener hijos con ellas, lo que impone restricciones a su expulsión del territorio, según lo explicó Michael Soto.
Mata sostiene que la adopción de políticas de seguridad específicas requerirán tiempo para surtir efecto, aproximadamente tres años. Por lo tanto, no descartó la posibilidad de un aumento en la cifra de homicidios el próximo año y por eso resaltó la importancia de establecer una política de seguridad con una visión a largo plazo para los próximos 20 años.
Desde el 10 de octubre, la exigencia de visas ha generado una respuesta recíproca por parte del gobierno de Honduras, lo que ha afectado las exportaciones y otros sectores productivos.
Casos detectados
En días recientes, sí se han conocido algunos hechos de violencia donde hubo ciudadanos hondureños involucrados, pero se trata de casos aislados, en relación con la gran cantidad de sucesos de este tipo que registra el país. Por ejemplo, un incidente ocurrido el 2 de octubre involucró a un exmilitar armado hondureño que intentó atacar a otro compatriota de apellidos Picado Grijalba, alias Shock, quien solicitó ayuda a la Fuerza Pública mientras era perseguido en un vehículo blindado en La Sabana.
La Fiscalía está investigando este caso por presunto lavado de dinero, ya que se encontraron $74.600 de origen desconocido en el vehículo y un arma de fuego cercana. Dos implicados en este caso, un hondureño de apellidos Cruz Cabrera y un nicaragüense, Castellano Rivera, recibieron tres meses de prisión preventiva que les impuso el Juzgado Penal de Pavas.
Picado Grijalba, junto con Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, estuvieron relacionados con un caso de usurpación por la construcción de un complejo portuario en Portete de Limón en 2019, aunque todos los acusados fueron absueltos por prescripción de la causa.
La finca donde ocurrió masacre de ocho personas el año pasado en Matama, donde falleció en una emboscada Danny Hernández Fernández, alias Ratón, es de Picado Grijalba, quien al parecer era uno de los objetivos de los homicidas, pero se escabulló a tiempo.
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Huyeron tras doble homicidio
Las autoridades también identificaron a dos hondureños que presuntamente fueron copartícipes en la desaparición y homicidio de dos jóvenes madres, Kristel Aguilar Ortiz y Nahomy Ramírez Jiménez. Uno de ellos, Freddy Luna Valle, falleció en Nicaragua debido a una asfixia mecánica por sofocación, mientras que su compatriota Víctor Alfonso Rosales Rodríguez, presunto miembro de una organización criminal en el Caribe, sigue prófugo.
El 20 de abril pasado, agentes del OIJ detuvieron a un sujeto de 43 años, apellidado Vanegas Sánchez, quien es uno de los cuatro sujetos que hasta ahora está relacionado con la desaparición y homicidio de las dos madres veinteañeras. Ambas mujeres desaparecieron el 17 de febrero después de dirigirse a Las Palmeras en Limón.
La detención de Vanegas Sánchez ocurrió cuando viajaba en un vehículo que se sospecha fue utilizado en el caso. Una semana antes, otro individuo de apellido Venegas Porras, de 31 años, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría mientras intentaba salir del país hacia Colombia. Además, se realizaron allanamientos en viviendas en Cariari, Heredia, y La Unión, donde se incautaron armas, municiones, joyas y una cantidad considerable de dólares y colones en efectivo.
