Los primeros cálculos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sugieren que el 2024 podría ser tan complejo o incluso más que el 2023 en cuanto a casos de homicidio.
Febrero del 2024 concluyó con 88 homicidios, marcando la cifra más elevada para ese mes desde que se tienen registros. En el transcurso del primer bimestre de este año, se contabilizaron un total de 157 crímenes de esta índole, lo cual representa un aumento de 10 casos en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Con base en este registro, sumado a la concreción de más homicidios múltiples y una escalada de violencia en las calles, el OIJ vislumbra la posibilidad de que el presente año culmine con más de 900 asesinatos al igual que el 2023, según explicó Rándall Zúñiga, director de la Policía Judicial, en una entrevista concedida a La Nación.
El 2023 se convirtió en el año más violento de la historia del país al registrar 907 crímenes, lo cual disparó la tasa de homicidios ese año a la inédita cifra de 17,2 muertes por cada 100.000 habitantes.
Zúñiga enfatiza que no se puede normalizar la cifra de 900 o incluso 1.000 homicidios anuales en el país, y mucho menos considerar aceptable el salto de 654 crímenes en 2022 a un millar o más en solo dos años.
Expresó que dicho escenario se asemeja más a la realidad de otros países, aunque no especificó cuáles, pero advirtió de que es una posibilidad si no se toman medidas de manera inmediata. “Con el panorama actual, es más probable que los homicidios aumenten este año”, reconoció el jerarca.
Durante los primeros 61 días del año (hasta el 1.° de marzo), San José, Limón y Puntarenas acumulan 110 asesinatos, lo que representa el 70% de todos los crímenes de este tipo perpetrados en todo el país (157).
Aunque la capital y el Caribe reportan cifras similares para la misma fecha en 2023, Puntarenas concluyó el bimestre con un aumento significativo de violencia, pasando de 21 asesinatos el año pasado a 34 en la actualidad.
Además, a pesar de que en Limón se llevaron a cabo dos operaciones de seguridad simultáneas, una con 500 agentes del OIJ y de otras policías, y otra conocida como Operación Caribe, con un refuerzo de agentes de la Fuerza Pública, no se lograron reducir los homicidios.
Prueba de ello es que durante los dos primeros meses de este año la provincia caribeña fue escenario de un total de 37 asesinatos, lo que representa uno más respecto al mismo periodo del 2023.
Del total de muertes registradas en el país al inicio del año, 66 se atribuyen a ajustes de cuentas (42%); sin embargo, esta cifra probablemente aumentará considerando que hay 71 eventos donde el móvil aún está bajo investigación.
Hubo otras 13 víctimas que fallecieron en riñas, y las 7 restantes se distribuyen en casos de violencia doméstica, la repulsión de alguna actividad criminal, por la comisión de otro delito y como resultado de una agresión sexual.
El 95% de las víctimas son hombres (149). Además, del total de asesinados, el 73% se encuentra en el rango de edad de entre 18 y 49 años. Hubo, además, 7 menores de edad ultimados, uno más con respecto a igual periodo del año pasado.
Rándall Zúñiga afirmó que si no se invierte en seguridad cada vez será más improbable que el país comience a revertir las cifras hacia metas inferiores a los 600 homicidios por año, como sucedió en el 2021 que cerró con 588.
Insistió en que se requieren recursos económicos y humanos para fortalecer a los cuerpos policiales, señalando que el OIJ se ha visto debilitado por disposiciones que han reducido la asignación de presupuesto y la fuga de oficiales debido a los bajos salarios.
El director señaló que, a pesar de los esfuerzos tanto del OIJ como de la Fuerza Pública, la realidad es que sin un aumento en el personal, no se podrá combatir efectivamente el crimen organizado y el narcotráfico.
Con respecto a la Fuerza Pública, mencionó que se prevé la llegada de 300 plazas, lo que equivale únicamente a 75 personas adicionales, debido a los roles de trabajo, lo que ni siquiera implica un solo policía más por cantón.
Críticas externas
En declaraciones enviadas a La Nación, Gustavo Mata, exministro de Seguridad, criticó la falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo ante el aumento de homicidios en el 2024 en comparación con el año anterior.
“No vemos la respuesta del Poder Ejecutivo para reforzar los cuerpos policiales. Se muestran totalmente indiferentes ante la necesidad de apoyar presupuestariamente a los cuerpos de Seguridad Pública y OIJ”, manifestó.
Después de registrar 88 muertes violentas en febrero, Mata se pregunta qué depararán los próximos meses: “Peores cosas. Es falso que estén haciendo una contención de la cantidad de cocaína que está ingresando; siguen ingresando toneladas y siguen saliendo toneladas hacia Europa y Estados Unidos”, afirmó.
Asimismo, agregó que los grupos criminales locales, que manejan esos grandes volúmenes de droga, están adquiriendo armamento militar para enfrentarse entre sí.
Por esta razón, es común que los homicidios derivados de la lucha entre bandas sean perpetrados con fusiles AR-15, AK-47 o M16, cuyo uso está prohibido para la población civil. Según Mata, este armamento se está adquiriendo a cambio de cocaína.