Ola de homicidios mantiene el ritmo del violento 2023

Hasta este 11 de julio, Costa Rica registraba 459 homicidios, 15 fallecidos menos con respecto al mismo periodo del 2023, cuando se contabilizaban 474 muertos. La ola homicida avanza prácticamente al mismo ritmo que el año pasado, considerado el más mortífero desde que se tienen registros.

Al igual que en el 2023, hay un crimen de este tipo cada 10 horas, el 65% de los fallecidos tienen entre 18 y 39 años, y 9 de cada 10 son hombres. Desde marzo anterior, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) vislumbra la posibilidad de que el presente año culmine con más de 900 asesinatos, como ocurrió en diciembre anterior, que cerró con 907 homicidios y la tasa de asesinatos más alta de la historia. Dicho indicador subió de 12,5 muertes por cada 100.000 habitantes en el 2022 a 17,2 muertes en el 2023, para un crecimiento del 38%.

De los 459 homicidios acumulados en lo que va de este año, 282 (61%) son consecuencia de ajustes de cuentas entre bandas criminales, sobre todo, ligadas al narcotráfico. Hace un año esa cifra era de 317 (67%), de las cuales, 52 personas eran víctimas colaterales o inocentes.

Tres provincias alcanzan números por encima de los registrados el año pasado. San José tiene un fallecido más (118), Puntarenas tiene 16 más (90) y Cartago 8 más (43). Sin embargo, Puntarenas es una de las zonas que más preocupa a las autoridades. En menos de una semana, dos adolescentes, uno de 17 años y otro de 15 y un adulto de 29 años fueron asesinados a balazos en barrio Fray Casiano, en Chacarita.

LEA MÁS: Quinceañero muere baleado por motociclistas en Fray Casiano

Randall Zúñiga, director de la Policía Judicial, reconoció este jueves en Telenoticias que en los últimos días algunos cabecillas de grupos criminales de Puntarenas quedaron en libertad y es posible que estén intentando recuperar sus territorios para venta de drogas. Esto, aunado a la realidad de que cada vez hay más jóvenes armados, podría estar incidiendo en los números de la provincia porteña.

Aunque la mayoría de asesinatos se concentran en Chacarita, El Roble y Barranca, este año han ocurrido balaceras en el Paseo de Los Turistas, una de ellas con saldo mortal, lo que preocupa al sector comercial y turístico, pues no era común que los pistoleros intentaran ajustar cuentas en esta transitada zona de barrio El Carmen y puntos aledaños.

El caso específico de Limón

Heredia, Guanacaste, Alajuela y Limón son las cuatro provincias que registran menos homicidios con respecto al año anterior. En el Caribe, las autoridades investigan 97 crímenes, 17 menos en comparación con el 11 de julio del año pasado.

Sin embargo, los datos no dejan de ser preocupantes. De los 97 homicidios en Limón, 44 han ocurrido en el cantón central de la provincia, donde viven 100.000 personas. Ese dato equivale a más del doble de los asesinatos contabilizados hasta ahora en la provincia de Heredia (20), donde viven más de 430.000 habitantes, cuatro veces la población del cantón caribeño.

Este jueves, Yenedith Adelay Bastos Bonilla, de 16 años, fue la última víctima colateral de esta guerra en las calles. La joven colegiala estaba disfrutando de un juego de mesa en su casa con su novio, su mamá y su padrastro, en barrio Limoncito, cuando tres hombres irrumpieron en la propiedad para esconderse de un grupo de sicarios que los perseguían.

Los atacantes dispararon indiscriminadamente y además de asesinar a uno de sus objetivos, mataron a la muchacha, que soñaba con estudiar y viajar fuera del país. Un joven de 18 años, vecino de la zona, quien prefirió no identificarse, sostuvo que ahora pasa mucho tiempo encerrado en su casa. “Ya no salgo, Limón está muy feo”, se lamentó.

Para atender la ola de violencia, la Policía Judicial ha venido reclamando que no haya recortes en su presupuesto, al tiempo que el Ministerio de Seguridad Pública anunció en marzo la incorporación de casi 1.000 nuevos agentes a la Academia Nacional de Policía. La promesa del ministro Mario Zamora es que a mediados del 2024 se irán incorporando a las labores en las calles.

Zamora reconoció la existencia de un déficit en los recursos disponibles y lo atribuyó al hecho de que “los gobiernos anteriores dejaron de invertir en seguridad”. No obstante, recordó que su cartera recibió este año un incremento de ¢24.000 millones en su presupuesto.

Randall Zúñiga, en tanto, insiste en que los disparadores de los homicidios en todo el país son el aumento de la producción de droga en Sudamérica, las luchas territoriales entre grupos criminales y el debilitamiento presupuestario de los cuerpos policiales, que genera la salida de personal de experiencia debido al congelamiento salarial.

También destacó la pobreza extrema de familias en las costas o fronteras y las pocas opciones de empleo que hay para los jóvenes en esas regiones.