La Fundación Paniamor lanzó un llamado “respetuoso pero enfático” a las instituciones públicas encargadas de brindarle protección a los menores de edad para que cumplan sus obligaciones en el caso de una madre de 13 años y su bebé de nueve meses, quien fue secuestrada en Cervantes de Alvarado.
Dicha organización señaló que este hecho deja al desnudo los vacíos, las brechas y las inconsistencias legales, institucionales y culturales que persisten en esta materia, al tiempo que criticó el manejo dado a este asunto por algunas autoridades, medios de comunicación y ciudadanos en redes sociales.
“El lenguaje utilizado contribuye a reafirmar mitos y estereotipos que legitiman las relaciones abusivas de poder en perjuicio de las personas menores de edad y, a su vez, limita esa protección estatal efectiva a la que tienen derecho las niñas víctimas en sede administrativa y judicial”, aseveró.
Paniamor advirtió sobre el uso de narrativas que califican lo ocurrido como un “descuido” cuando, según indicó, la condición de vulnerabilidad en que se encontraban la adolescente y su hija “permite comprender que estamos frente a un caso típico de violencia basada en género”.
Dicho caso salió a la luz pública luego de que trascendiera que la bebé fue arrebatada de los brazos de su madre. Por este caso está detenido el padrastro de la adolescente, un hombre de 33 años de apellido Casasola, quien descuenta seis meses de prisión preventiva por sustracción de menor de edad.
Las autoridades continuaban ese miércoles con la búsqueda de la infante, al tiempo que la Defensoría de los Habitantes y el presidente Rodrigo Chaves pidieron cuentas al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) con respecto a la protección dada a las afectadas.
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Paniamor recordó a las entidades correspondientes que las afectadas gozan de derechos específicos y especiales en razón de su edad y condición de dependencia, y señaló que las violencias sufridas por la joven mamá no son hechos aislados sino que responden a múltiples vulneraciones de sus derechos.
Al respecto, la fundación propuso contemplar el fortalecimiento de una red de apoyo en la comunidad para esta adolescente, así como de otras que requieran acompañamiento.
“Finalmente, exhortamos a la comunidad costarricense en general a asumir nuestra corresponsabilidad en los cuidados de todas las personas menores de edad que habitan nuestro país y la protección de sus derechos sin discriminación alguna”, señaló.
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