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Nadie va a pedirle prestado dinero a un desconocido por puro gusto o como primera opción. La gran mayoría lo hace porque su ingreso no le alcanza para sufragar lo que necesita o porque no cumple los requisitos para adquirir esa plata mediante un banco. A final de cuentas, quienes tienen una urgencia son presa fácil para los llamados “préstamos gota a gota”. Se trata de un problema aderezado por la falta de empleos y la exclusión al crédito formal.
Este mal que se aprovecha de la escasez y la informalidad ha conseguido un campo de juego óptimo en el país. Recientemente, la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) demostró que la creación de puestos de trabajo en el país se ha mantenido estancada en el último año. Hay más de 849.000 ciudadanos con un empleo informal y la fuerza de trabajo se redujo en un total de 92.000 personas con respecto al año anterior, principalmente por la salida de mujeres del mercado laboral.
A esto se le agrega que el último Informe de Política Monetaria (IPM) del Banco Central de Costa Rica (BCCR) arrojó que, hasta abril, los salarios de los ticos llevaban 13 meses sin crecer por la alta inflación y que a la fecha apenas han aumentado un 1,3%. Nada de esto afectaría tanto si hubiese políticas públicas que se encarguen de atenderlo con una estrategia robusta, pero especialistas económicos consultados por La Nación concuerdan que a la fecha no han visto esa labor desde el Poder Ejecutivo.
Tales factores inciden cuando una persona tiene una necesidad urgente y no le alcanzan sus ingresos, ya que es muy posible que recurra a un préstamo, pero si no cuenta con un empleo formal o mantiene su historial crediticio manchado, no podrá adquirirlo con una entidad autorizada. Es ahí cuando los prestamistas se aprovechan de esos ciudadanos excluidos del mercado financiero, que son cada vez más desde que se creó la Ley de Usura, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Antes, esos ticos que ocupaban dinero de inmediato y no presentaban buenas condiciones para solicitar un crédito, lo obtenían en los bancos con tasas de interés muy elevadas. Hoy, por no poder cobrar esas enormes sumas de intereses, las entidades autorizadas optan por no dar los préstamos y las personas con necesidades se ven obligadas a tomar otras alternativas, como el gota a gota.
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Pedir prestado para comer
El problema se vuelve más lamentable cuando las estadísticas demuestran que la situación está tan difícil que las personas piden prestado para comprar comida. Así lo indicó a este diario el director de la Oficina del Consumidor Financiero, Danilo Montero, al revelar que una reciente encuesta realizada en conjunto con la CAF —banco de desarrollo de América Latina—, concluyó en sus primeros resultados (aún sin publicarse) que los ticos se están endeudando principalmente para comprar su despensa mensual.
“Lo que hemos visto es que, con mucha frecuencia –y duele en el alma, se lo digo con todo el dolor del caso, da pena y lástima– la gente está acudiendo a crédito para comprar comida. Me parece que es tremendo, dramático y difícil de entender que alguien tenga que pedir plata prestada para comer, rompe el alma, pero así es, lo que están financiando es compra de comida”, afirmó.
Montero asevera que un disparador del gran fenómeno de los préstamos gota a gota es el alto nivel de informalidad laboral que existe en el país, ya que provoca una menor estabilidad en los ingresos, menos dinero en la cuenta corriente y, a su vez, menos atractivo para aplicar a un crédito formal en los bancos y entidades autorizadas.
“Nadie se levanta en la mañana diciendo ‘qué interesante, voy a ir a pedir un crédito gota a gota’. No, es un proceso que se va complicando a lo largo del tiempo. En algunos casos puede ser porque la persona se enfermó, pasó mucho tiempo sin generar ingreso y prácticamente salió del radar. En otro porque se echaron al hombro a un familiar. Incluso nos han llegado casos de personas que se entusiasman con un emprendimiento, se meten de lleno y resulta que no sirvió y quedaron con una deuda”, dijo.
El especialista apuntó que aunque la Ley de Usura le complicó a los bancos otorgar préstamos a personas con alto riesgo crediticio, también es indispensable que la regulación reconozca que hay miles de ciudadanos que requieren un tratamiento diferente porque no tienen educación, empleo ni oportunidades. Además, recalcó que hace falta mucho trabajo del Ejecutivo.
“Se requiere política pública y yo no veo en este momento al Poder Ejecutivo preocupado por este tema. Al Poder Legislativo lo veo limitado de poder hacer más, porque es tema de política pública, no lo pueden hacer solo mediante ley. Entonces lo que queda es un poco el esfuerzo que podamos hacer desde el sector privado, pero es muy limitado también”, agregó Montero.
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¿Dónde está el Poder Ejecutivo?
Ronulfo Jiménez, asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense, concuerda que los efectos colaterales de la Ley de Usura excluyeron a muchísimas personas del mercado financiero formal, lo cual podría haber incidido en que más ciudadanos recurrieran a los préstamos gota a gota. Sin embargo, destaca que aún es posible arreglar la norma e incluso crear una base de datos más robusta en la Sugef que le permita a las entidades saber cuándo una persona con deudas es “buena paga”.
“La ley fue mal diseñada en la Asamblea Legislativa, de forma tal que no hubo una discusión de todas estas consecuencias indeseables, por lo que debería de revisarse para eliminar estos efectos. Pero además, el país carece de un buen sistema de información para poder detectar cuáles son los buenos clientes, incluso de almacenes de electrodomésticos y casas de préstamos, para que las entidades puedan ver ese buen historial y les otorguen créditos con tasas de interés más bajas”, dijo.
Jiménez sostiene que un sistema así podría ayudar a la inclusión financiera e incluso evitar el sobreendeudamiento, así como también incentivar a las personas a ser más responsables con sus créditos. Sin embargo, destaca que se debe construir con muchísimo cuidado, principalmente si se hace mediante una ley, ya que se trata de información muy sensible de los ciudadanos. Asimismo, concuerda que hacen falta políticas reales del Ejecutivo para mejorar el empleo y los ingresos de los costarricenses.
“Hay condiciones del mercado laboral que en los últimos años no han sido propicias para generar empleo. Incluso, después de la pandemia los niveles de empleo del país no se han recuperado. Además, en el último año el aumento de la inflación hizo que el ingreso real de las personas se redujera, entonces todo eso también afecta indudablemente este fenómeno (de los préstamos gota a gota). No conozco políticas en esta línea (desde el Poder Ejecutivo)”, concluyó el especialista de la Asociación.
Por su parte, el principal impulsor de la Ley de Usura y exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, alegó que su proyecto no es el disparador de los préstamos gota a gota, sino la falta de políticas del Ejecutivo en materia económica.
“Gota a gota es un problema en los países donde la riqueza se concentra, donde la gente tiene problema financieros muy serios, pero es por ingreso, usted no lo soluciona con crédito. Si usted le mejora el ingreso a la gente, el gota a gota desaparece. Si usted frena el desempleo y la pobreza con políticas públicas. Si estos políticos quisieran ayudarle a la gente, estuvieran interesados en cómo redistribuir mejor lo que se está produciendo en el país, porque los índices del coeficiente de Gini y demás están demostrando que se concentra la riqueza exageradamente. Es ahí donde se combate”, comentó el excandidato presidencial del PAC.
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