EscucharSan José es la única provincia que en los últimos ocho años tiene una reducción sostenida de homicidios pues logró bajar de 258 asesinatos en el 2015, a 118 el año pasado, para una caída del 54%. Sin embargo, desde el año pasado la Policía presta atención a una disputa fuerte entre la banda de Los Lara, posicionada en Alajuelita y barrios del sur de la capital, contra dos organizaciones que se aliaron.
Los aliados son varios miembros de una banda que terminó de cumplir la pena y meses atrás salieron de la cárcel, se les conoce como los Myrie, los cuales se unieron a la banda de Leonel Mora Núñez, alias Gordo Leo.
La organización de Gordo Leo, desarticulada en el 2018, tenía cuatro búnkeres y 10 puntos de venta en esquinas de La Capri y otros 10 búnkeres y 20 puntos de venta en esquinas de Los Guido. Cada búnker generaba hasta ¢1,5 millones diarios, mientras que las ventas en esquinas generan hasta ¢500.000 por día.
Aunque Gordo Leo está preso, sigue dominando estructuras. Esas luchas por territorios para la venta de droga han dejado en los últimos meses muertes en Alajuelita y Hatillo, e incluso varios hechos violentos en Heredia.
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Como parte de esas disputas el 15 de enero pasado hubo dos detenidos con fusiles de asalto AR-15 en San Rafael de Heredia, los cuales quedaron libres. Días después, durante una audiencia en que la Fiscalía apelaba esa libertad, ambos se escaparon sin que se les haya podido detener de nuevo. Los sujetos son de apellidos Myrie Rodríguez, Navarrete Villalobos y Castillo Hernández.
“Si no hubiera ese gran consumo de drogas, no habría mercado. Hay que tener cuidado”, reconoció Rándall Zúñiga, director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien afirmó que las estructuras van cambiando y cada vez actúan con más violencia.
Entre las medidas por quebrar esas redes, el OIJ reforzó con personal especializado de la Sección de Homicidios de San José, varias de las delegaciones regionales, para identificar y desarticular esas estructuras.
Atender la creciente ola de homicidios obliga a que el personal del OIJ se deba concentrar en ese delito y eso resta recursos a otras investigaciones por corrupción, lavado de dólares y fraudes. “Merma la capacidad operativa para investigar otros delitos”, dijo Zúñiga.
Agregó que el objetivo de la Policía Judicial es mantener en la cifra actual de 70% en la resolución de homicidios, que no desmejoren la investigaciones e impactar a los grupos narcos que están detrás de esa criminalidad.
Además de los grandes grupos, existen unas 140 organizaciones pequeñas, la mayoría en la Gran Area Metropolitana, que la gente denuncia a las líneas confidenciales y cuya desarticulación está a cargo del OIJ y la Policía de Control de Drogas PCD, del Ministerio de Seguridad. Los jerarcas de ambas dependencias se reúnen para repartirse los operativos y, con colaboración de la Fiscalía, golpean esos tentáculos de grandes redes que venden drogas de manera directa y a domicilio las 24 horas.
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