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En una operación denominada “Macha”, la Policía Profesional de Migración logró la detención de 22 personas que operaban dentro de una estructura criminal dedicada al tráfico de migrantes en territorio costarricense.
Se presume que unos 200 extranjeros se vieron afectados tras pagar grandes sumas de dinero a los delincuentes, quienes les hacían creer que podían trasladarlos de San José a comunidades fronterizas, pero que en aquellas localidades no había alojamiento disponible y que el transporte estaba suspendido durante varios días.
Los miembros de este grupo utilizaban los taxis rojos como fachada para atraer a las personas en la capital, ofreciéndoles servicios de transporte hacia la frontera norte. Posteriormente, trasladaban a los migrantes a Ciudad Quesada, Pavón o Los Chiles, donde los recibían y los hospedaban en hoteles o en sus propias casas, para luego sacarlos de Costa Rica evitando los controles migratorios y entregarlos en Nicaragua, donde podrían continuar su camino hacia los Estados Unidos.
“Estas personas cobraban entre $300 y $350 por persona por este servicio (...) Se decomisaron alrededor de 10 vehículos de transporte público, taxis, que utilizaban para trasladar a estas personas”, afirmó Enrique Arguedas, director de la Policía Profesional de Migración.
Las nacionalidades de los migrantes víctimas de esta red de tráfico incluyen a ciudadanos de Camerún, Nigeria, Chile, Brasil, Mali, Gambia, Angola, Venezuela, China, Ecuador, Afganistán y, especialmente, de Haití.
Los operativos para desarticular al grupo se llevaron a cabo en San José, Desamparados, Heredia, Sarapiquí y la zona norte del país. Esta red de tráfico de migrantes era liderada por tres costarricenses de apellidos Unfried Masis, Moreira Alfaro y Martínez Olivas.
Según informó la Policía, la organización desarrolló una red amplia y compleja con contactos en terceros países. La misma está siendo investigada desde febrero de 2022 y durante el proceso de investigación ya se había detenido a cuatro personas, tres de ellas costarricenses y una nicaragüense, quienes enfrentan cargos penales por el delito de tráfico ilícito de migrantes en los tribunales de Los Chiles y Ciudad Quesada.
