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El Tribunal Penal de Desamparados absolvió por dudas a un joven de 22 años, de apellido Taracena, sospechoso de asesinar de un balazo a su novia, María José Calvo Echeverría, de 26 años, y del posterior incendio de la vivienda con la víctima adentro.
Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre del 2020. La pareja llegó a la casa en La Capri, Desamparados, pero fueron descubiertos al día siguiente, cuando los bomberos atendieron un incendio y luego de sofocar el fuego realizaron un escombreo y dieron con el cuerpo de la mujer en la segunda planta.
El carro Toyota Yaris de la joven había sido sacado de la cochera y su paradero nunca se pudo determinar.
La Fiscalía había solicitado 45 años de cárcel contra Taracena, tras acusarlo de homicidio calificado y de incendio provocado, pues, según el fiscal, la pareja vivió una espiral de violencia doméstica que culminó con la muerte de la joven.
Sin embargo, para la jueza Lennis Astúa Garro y sus colegas Manuel Rivera Solano y Luis Venegas Marín, quien presidió el juicio, no fue posible probar los hechos en el debate y se ordenó liberar al sospechoso.
“Este Tribunal, por unanimidad de los votos emitidos y en aplicación del principio de indubio pro reo, absuelve de toa pena y responsabilidad al imputado por un delito de feminicidio y un delito de incendio que, en perjuicio de María José Calvo Echeverría, se le venían atribuyendo”, dice el fallo.
Se ordena el cese de cualquier medida cautelar, gravamen, anotación o similar que se hubieren dictado contra el imputado con ocasión de este proceso.
En el juicio prevaleció la tesis del abogado Guillermo Morales, en el sentido de que las pruebas no permitían incriminar con los hechos a su defendido.
Este jueves, la Fiscalía Adjunta de Desamparados informó de que esperará a recibir la sentencia integral, para analizarla y determinar si procede o no la apelación.
El padre de la joven fallecida, Víctor Calvo, quien fue uno de los testigos, prefirió por ahora no referirse al asunto, pues estima que la justicia ha quedado debiendo en este caso.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) también era querellante en este caso. Aunque se pidió a la oficina de prensa la posición de esa entidad, no se obtuvo respuesta al cierre de esta información.
