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En los últimos tres años, en promedio, cuatro de cada diez personas que encararon un juicio por delitos sexuales resultaron absueltas.
Según estadísticas del Poder Judicial, entre 2015 y 2017 los tribunales juzgaron a 3.310 personas por violaciones, abusos sexuales, tentativa de abuso sexual, proxenetismo, fabricación y divulgación de pornografía, rapto con fines de matrimonio y seducción de menores de edad por medios electrónicos, principalmente.
Durante ese periodo, el Ministerio Público recibió un total de 22.529 denuncias por ese tipo de conductas.
Del total de personas que subieron al banquillo de los acusados en esos tres años, los jueces absolvieron a 1.436 (el 43%). La información suministrada no permite determinar si la resolución fue tomada por certeza o duda. En cambio, 1.874 (el 57%) acusados sí fueron condenados.
Por otra parte, los datos oficiales revelan que los casos por violación son los que presentan mayores porcentajes de absolutorias. Por ejemplo, en el 2015, de los 275 imputados que fueron a juicio por ese delito, un total de 150 (52%) fueron exonerados de los cargos y 125 (48%) resultaron condenados.
Mientras tanto, en el 2017 fueron enjuiciadas 229 personas; de ellas, 126 fueron absueltas (55%) y 103 (45%), sentenciadas.
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Según fiscales, psicólogos y abogados consultados por La Nación, tales resultados se dan porque las violaciones "normalmente" ocurren en el ámbito de la intimidad, donde no hay testigos y en relaciones de dominio en las que los agresores impiden o amedrentan a sus víctimas.
En otros casos, las mujeres –que constituyen el 90% de las ofendidas de este tipo de agresión sexual– acuden a presentar la queja mucho tiempo después de ocurrido el ataque. Esta situación impide recolectar pruebas científicas como vellos, semen y otros fluidos del agresor.
No obstante, los especialistas señalan que en ocasiones pesa más el miedo a las represalias o la desconfianza en el sistema judicial.
Monica Sandí, abogada del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), conoció el caso de una mujer que había sido violada durante toda la noche por un sujeto que vivía cerca de su casa y que, al llegar la Policía, no quiso presentar cargos porque temía que el individuo volviera y la atacara de nuevo.
"La mujer decía: 'Abogada, usted me garantiza que si yo lo denuncio lo meten a la cárcel, me garantiza que si lo denuncio no lo vuelvo a ver'. Yo le dije que no le podía garantizar eso y la decisión de ella fue no denunciar.
"Yo la entiendo, porque lo que ella pensaba era que si ese hombre la violó y la golpeó sin que ella le hubiera hecho algo, ¿de qué sería capaz el tipo si ella lo denunciaba?", declaró Sandí.
El miedo, incluso, puede aflorar en el momento del juicio, como explica María Gabriela Alfaro, fiscala adjunta de Asuntos de Género.
"Existen muchos casos, muchísimos casos en los que el Ministerio Público cuenta, inicialmente, con la participación y el dicho de la víctima y, cuando llegamos a juicio, esa víctima mantiene su derecho constitucional de abstenerse a declarar y ese derecho se mantiene durante todo el proceso.
"Si la víctima decide guardar silencio y acogerse a ese derecho constitucional, la prueba con la que contábamos –que era su testimonio– se convierte en algo insuficiente para conseguir una sentencia condenatoria", señaló la fiscal.
Lentitud del sistema
De acuerdo con Mónica Sandí, del Inamu, el proceso judicial en una causa por violación o abuso sexual puede tardar hasta cinco años en resolverse.
La fiscala María Gabriela Alfaro rechaza esa afirmación, pero reconoció que "algunas situaciones excepcionales" tardan hasta cinco o diez años.
Los indicadores de la Dirección de Planificación del Poder Judicial contradicen lo dicho por la fiscala adjunta de Asuntos de Género.
El 50% de los juicios por delitos sexuales realizados en 2017 fueron por hechos denunciados entre 2001 y 2013; el resto fueron presentados a partir del 2014.
De los 936 juicios que se llevaron a cabo en 2017, solo 54 correspondieron a denuncias planteadas el mismo año.
“La Fiscalía General mantiene una línea clara, que es el abordaje con celeridad y adecuado de estos casos, tanto en delitos sexuales cometidos contra menores de edad como contra mayores de edad. Tanto es así, que una de las primeras directrices de la fiscala general, Emilia Navas, fue informar a todos los fiscales que tienen la obligación de atender personalmente los casos, no delegarlos en los técnicos u otras personas”, declaró Mayra Campos, fiscal adjunta del Ministerio Público.
Según ella, están tratando de identificar los “nudos críticos” del proceso de atención para agilizar la resolución de denuncias.
A la lentitud con que funciona el aparato judicial, se suman el riesgo de otros abusos de parte del sistema, como la revictimización. Un caso extremo se dio el año pasado, cuando una afectada fue objeto de nuevos delitos por parte de un funcionario, quien fue condenado.
Otro caso es el del médico José Luis Durán Ramírez, quien recibió una sentencia de 24 años de prisión, luego de aceptar los delitos de violación y abuso sexual en perjuicio de dos mujeres que acudieron al sistema judicial para ser atendidas.
Las ofendidas tenían, al momento de los hechos, 16 años. Ellas fueron al consultorio de la Unidad Médico Legal del Organismo de Investigación Judicial de Cartago para someterse a revisiones médicas, como parte de procesos de investigación en los que figuraban como denunciantes.
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Según el reporte de las autoridades, Durán se aprovechó de su condición de médico y del desconocimiento de las jóvenes, para abusar de ellas.
El hombre, de 44 años, se sometió a un procedimiento especial abreviado, informó la Fiscalía en un comunicado de prensa.
Estadísticas débiles
Entre el 2015 y el 2017, el Ministerio Público recibió 22.529 denuncias por delitos sexuales. Sin embargo, ese único dato no permite profundizar en la realidad del problema en el país, pues no detalla la cantidad de víctimas por queja, el sexo de los denunciantes o la edad promedio.
La Dirección de Planificación del Poder Judicial no desglosa el número de denuncias pendientes de resolver por tipo de delito (sexuales, contra la vida, contra la propiedad, etc.). Lo anterior impide conocer cuántas quejas por violencia sexual hay sin resolver.
Para este reportaje, la Dirección de Planificación envió un cuadro de los "casos terminados" por delitos sexuales durante el 2017.
La información remitida indica que concluyeron 5.402 expedientes, de los cuales fueron desestimados 3.356, otros 920 recibieron solicitud de apertura a juicio y 251 fueron devueltos al Ministerio Público. El resto fue distribuido en otras categorías como sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional o reo declarado en rebeldía.
Tampoco se puede precisar cuánto tiempo pasa, en promedio, entre la presentación de una denuncia por violencia sexual y el inicio del juicio. Solo existe una duración promedio general para cualquier tipo de infracción.
De acuerdo con ese departamento, hasta el 2016 el tiempo promedio de resolución general era de 22 meses y una semana, es decir, casi dos años.
Ana Ericka Rodríguez Araya, encargada de estadísticas de la Dirección de Planificación, explicó que esas deficiencias se deben a que no se realizan análisis longitudinales, es decir, no se les da seguimiento a los expedientes desde que ingresan hasta que se resuelven.
El mecanismo estadístico que emplean es transversal, explicó, lo cual significa que toman "fotografías" del total de expedientes en un momento en específico.
La fiscala María Gabriela Alfaro aseveró que el número de imputados que fueron a juicio (3.310 en los últimos tres años) no refleja la resolución del total de denuncias, pues hay muchos otros que concluyen con resolución alternativa de conflictos u otras medidas.
"Ese dato no es del todo ajustado a la realidad, porque si hablamos de los asuntos que se sometieron a juicio, efectivamente, ese es un dato real. Pero si hablamos de sentencias condenatorias tendríamos que incluir todos los procesos que se sometieron a procedimientos especiales abreviados (...). Estamos tratando de hacer mejoras para visibilizar esos casos", expresó la fiscala.
