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El programa del Ministerio de Justicia para construir 1.600 nuevos espacios carcelarios el año entrante no solucionará el problema de hacinamiento que actualmente tiene el sistema, informó la Defensoría de los Habitantes en un comunicado.
La sobrepoblación carcelaria alcanzó este año un 54% y llegó a niveles críticos. En menos de diez años, todos los centros penales vieron saturada su capacidad debido, en buena parte, a que en el 2008 entró a regir el sistema de Flagrancia que permite enviar tras las rejas a los delincuentes sorprendidos en pleno delito y realizarles un juicio más rápido.
En el 2005 la población penitenciaria del país era de 7.748 personas, mientras que actualmente hay 13.923 personas presas.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano designado por el Estado para efectuar visitas a lugares de detención, reveló que Costa Rica tiene una tasa de 370 personas presas por cada 100.000 habitantes, lo cual sitúa al país en un cuarto lugar a nivel de América Latina.
La aplicación de penas de cárcel como única medida adecuada para prevenir y sancionar el delito implica la reclusión de más personas que las que puede asimilar el sistema, lo cual preocupa a la Defensoría.
Entre los principales efectos de la sobrepoblación carcelaria están los problemas de convivencia, la violencia intracarcelaria, la propagación de enfermedades, deplorables condiciones sanitarias y reducción de accesos a duchas, baños y patio.
Los centros penales con más problemas son el de La Marina en San Carlos; La Reforma, en Alajuela; San Sebastián, en San José, el de Pococí y el de Pérez Zeledón.
Esa situación perjudica a los policías penitenciarios y demás personal que labora en esos centros, debido a las condiciones difíciles y riesgosas en que desarrollan sus actividades diarias.
En la actualidad se discute la colocación de un brazalete con sensores a algunos reclusos de menor peligrosidad, como una medida para liberar espacios en centros penales.
