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En Llano Grande de Cartago existe un deslizamiento activo del que se desprende material todos los días. Una eventual avalancha originada en ese punto, conocido como deslizamiento Banderillas, tendría el poder de arrasar hasta 2.000 viviendas que invaden las márgenes del río Reventado.
El enorme poder destructivo consta en un estudio técnico, en el que la Municipalidad de Cartago invirtió ¢200 millones, que se dio a conocer la semana anterior.
Según Sebastián Granados, expositor del informe preliminar, ese punto de deslizamiento constituye el mayor riesgo de avalancha en esa provincia, el cual podría cobrar la vida de muchas personas, así como dejar millonarias pérdidas al país. El detonante podría ser un temblor, una erupción del volcán Irazú o una estación lluviosa con eventos extremos.
Además del desordenado crecimiento urbano en la cuenca del río Reventado, por ahí pasa el acueducto que lleva agua desde Orosi a la Gran Área Metropolitana, así como el oleoducto entre Moín y el plantel de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en Ochomogo. Tambien muchas líneas de alta tensión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) están cercanas al cauce.
Granados mostró los posibles impactos si ocurrieran lahares o flujos en la cuenca del río Reventado, para que quienes pueden tomar decisiones conozcan el riesgo latente, pues solo el acueducto de Orosi abastece de agua a la mitad de la población de San José, Cartago y Oreamuno.
Muros de casi 60 años
Poco después de la avalancha ocurrida en diciembre de 1963 en Cartago, con la ayuda del gobierno de Estados Unidos se construyeron los diques o muros de contención a orillas del río Reventado, el objetivo era prevenir desastres como el que aquella vez mató a siete personas, obligó a evacuar a centenares y arrasó con casas, fábricas y el cementerio de Cartago, al desprenderse una laguna que se formó con los materiales que un año antes lanzó el volcán Irazú en una de sus fuertes erupciones.
Sin embargo, desde hace décadas los diques fueron poco a poco tomados en precario por más de 2.000 familias que viven en ranchos a lo largo de ese kilométrico muro que va por ambas riberas del río, desde Taras hasta el puente de El Tejar de El Guarco.
Mario Redondo, alcalde de Cartago, dijo que además de los precarios, en los alrededores del cauce hay otras comunidades que también serían afectadas ante un desprendimiento súbito de materiales. “Es urgente que el país tome conciencia”, dijo el funcionario, para que se articulen las acciones que la ley y decretos establecen para muchas entidades gubernamentales.
Admitió que desde su construcción, hace 60 años, los diques no han recibido ningún mantenimiento ni revisión técnica y que más bien la población en Los Diques y comunidades vecinas ha aumentado muchísimo.
Efrain Zeledón, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, expresó que le parece importante la llamada de atención para evitar una tragedia. Dijo que colaborarán a través de una persona que sirva de enlace con el municipio, a sabiendas de que los fenómenos de la naturaleza son impredecibles.
Lidier Esquivel geólogo y jefe de la Unidad de Análisis del Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), explicó que existe un escenario de riesgo principalmente para la población que está directamente en los diques.
Aunque el deslizamiento existe hace muchísimos años y desde el siglo trasanterior existen registros de desastres en esa zona, Esquivel afirmó que las fuertes lluvias, unidas a la erosión de laderas, sismicidad y alguna eventual erupción en el volcán Irazú pueden saturar de materiales la parte alta de la cuenca. Esos factores unidos, pueden generar avalanchas, como la que ocurrió en diciembre de 1963, luego de la erupción ocurrida en marzo de ese año.
Doble propósito
En este momento el deslizamiento de Banderillas está muy monitoreado y es de los pocos casos en que gran parte de la masa que cae al río Reventado se aprovecha mediante la extracción de materiales, pues hay dos concesiones a empresas locales que operan todos los días para extraer rocas de origen volcánico usadas en la construcción de estructuras.
Eso brinda la ventaja de mantener el cauce del río despejado y al mismo tiempo esas personas están al tanto de cualquier eventualidad e informan de cualquier situación anormal a la CNE. “Eso favorece la actividad comercial privada y a la vez asegura el mantenimiento del cauce, que resultaría muy costoso para las instituciones del Estado”, dijo el geólogo.
Esquivel recordó que el año pasado les preocupó el hecho de que a una de las concesionarias se les cerró el permiso de extracción y durante los tres meses que esa entidad dejó de sacar materiales, hubo acumulaciones de rocas de hasta 10 metros de alto. Todo se normalizó cuando se reactivó el permiso.
El experto dijo que el principal riesgo en caso de un alud, lo constituyen los asentamientos informales que están aguas abajo en Los Diques, porque hay gente que se instaló en los bordes externos e internos de esas estructuras.
Revertir un proceso de asentamiento de ese tipo, que tiene tantas décadas es muy difícil, máxime que se trata de una comunidad altamente compleja desde el punto de vista económico y social. Aunque a veces han erradicado algunas familias, otras ingresan rápidamente, a pesar del altísimo riesgo.
“Sin duda el desorden de construcciones en la parte baja es el punto de riesgo. Hay que fortalecer la comunicación y tener un sistema de alerta temprana con la comunidad, por lo que la CNE trabaja con esa meta”, acotó.
Según Esquivel, entres los aspectos que en la actualidad atenúan el riesgo están la preservación de tierras en la parte alta de la cuenca, donde está el Parque Nacional Volcán Irazú y su sector de Prusia; un punto de monitoreo cercano al deslizamiento de Banderillas y la constante actividad de las empresas que extraen materiales usados en construcción.
De largo pero cautelosos
El alcalde de El Guarco, Víctor Arias Richmond, afirmó que aún no han establecido coordinación con el municipio de Cartago en torno a los resultados preliminares de la reciente investigación, pero afirma que el riesgo siempre ha existido en ese cantón a pesar de que son la última zona de influencia de un eventual lahar en Banderillas.
En 1963, la avalancha solamente generó inundaciones en ese cantón, pero desde que los estadounidenses levantaron los diques, no han tenido problemas serios con el río Reventado.
“Ahora el problema sería para la gente que vive en los diques, pues a menos que surja un desastre de gran magnitud, es poco probable que el río se desborde”, expresó.
Agregó que cuando el cauce tiene bajo caudal, la gente se va metiendo en las partes bajas y luego vienen los problemas cuando hay alguna crecida, pues la gente piensa que el nivel nunca va a subir.
Dijo que constantemente hay personas invadiendo más terrenos, de modo que a veces las áreas de acceso a los diques quedan solo para peatones. Afirmó que para erradicarlos se requiere un proyecto integral que involucre a otras instituciones, porque cuando se construyó en Cartago el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, se llevaron unas familias de los diques, pero al día siguiente ya otras habían ocupado los espacios desalojados.
Arias dijo que como medida preventiva, suelen dragar el río con maquinaria municipal antes de que llegue la estación lluviosa. Este año están a la espera de un permiso del Ministerio de Ambiente y Energía para intervenir el cauce en las próximas semanas.
Colaboró Keyna Calderón, corresponsal
