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“Cada vez que llueve pensamos que todo se va a venir. En las noches, cuando hay silencio, se escuchan crujir las casas; prácticamente estamos en shock”, dijo Flor Jiménez, de 57 años, quien vive con dos hijos en urbanización Valladolid de San Miguel, Desamparados.
Como ella, hay unas 40 familias que de repente vieron desmoronarse su tranquilidad, pues volvió a aflorar lo que en el 2017 empezó como un deslizamiento que arrasó con una rotonda, unos postes y la calle al final de la urbanización, que se cortó de cuajo.
Nuevas grietas formadas a unos 70 metros del precipicio amenazan con desgajar otra parte de la urbanización, donde se encuentran las viviendas de los afectados.
Esas aberturas en el piso evidencian movimiento vertical y horizontal del suelo, que no discrimina lo que tenga encima y por eso calles, cocheras, pasadizos, comedores y cuartos de la zona fracturada muestran efectos similares a los de un terremoto fuerte.
Shirley Chanto, de 43 años, vive con su esposo en una de las casas con más daños estructurales. El padre de ella, un adulto mayor que vivía en una de las habitaciones, tuvo que irse a donde otros allegados, mientras que Shirley y su esposo, ya no pernoctan ahí.
Ella labora como trabajadora social del Ministerio de Educación y su esposo, Carlos Brenes Hurtado, es administrador, pero está desempleado.
Hace seis años dejaron de alquilar una casa en plaza González Víquez y mediante un préstamo, compraron la casa que hoy todavía están pagando y ya fue declarada inhabitable.
“Todos los días encontramos nuevas grietas y en la casa se escuchan retumbos y hasta se perciben movimientos leves de la tierra, ya aquí no podemos dormir”, dijo.
Afirmó que urge la declaratoria de emergencia para que las familias puedan tener una opción que les permita buscar mejor futuro.
Flor Jiménez Altamirano, otra vecina de 57 años, vive con una pareja de hijos adolescentes. Ella trabajaba como asistente en una universidad privada, pero debido a la pandemia redujeron personal y ahora está dedicada a las labores domésticas de su casa.
Ella tiene 30 años de vivir ahí y recuerda claramente ese 25 de octubre del 2017, cuando 50.000 metros cúbicos de tierra cayeron del extremo sur de la urbanización, hacia la margen derecha del río Jorco.
“Aquí abajo había una rotonda, por ahí pasaban carros y de todo. De hecho hasta iban a construir una calle que se suponía que iba a dar a Higuito, pero la montaña desapareció”, dijo.
Dice que ya estaba planeando su vejez, porque cuando terminara de pagar esa casa se la iba a dejar a los hijos y podía tener un retiro tranquilo, ahora todo cambió de un momento a otro.
“Yo me imagino que los retumbos ocurren a toda hora, pero cuando uno más los escucha es en la noche, porque como todo está quieto, se oye mejor”, afirmó.
Ella paga una hipoteca de ¢285.000, pero dijo que otros vecinos pagan hasta ¢450.000 por mes, por algo que ahora no saben si deberán deshabitar.
“Son muchas cosas, la covid-19, el deslizamiento y no tener trabajo. Está rudo... está bien rudo”, afirmó.
El geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, Julio Madrigal, hizo este jueves una inspección en el sitio, ya que la noche previa, 34 familias fueron desalojadas al detectarse que parte de la ladera cedió. Él afirma que si tuviera que catalogar la zona, diría que está entre alerta naranja y roja.
Hay al menos 20 casas en la franja más crítica, pero otro tanto están con un peligro intermedio, al estar un poco más retiradas.
Sostuvo que es una zona de alta vulnerabilidad y dice que “se tiene que tomar una decisión, para advertirle a la gente y discutir cuanto antes la posibilidad de evacuar preventivamente. para ver cuál es el comportamiento en el transcurso de este invierno”, agregó.
Ve poco probable que en las condiciones actuales surja otro desplazamiento enorme, pero ante la incertidumbre y lo complejo del talud asociado a los agrietamientos y el constante movimiento paulatino, la mejor decisión es que la gente no esté en esa zona que se delimitó naturalmente y que es de más de media hectárea.
Autoridades de la CNE, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Desamparados, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Seguridad Pública, se reunieron la tarde de este jueves para buscar salidas.
El IMAS acompaña el proceso de atención de la emergencia y destina los recursos, para cubrir las necesidades primarias de las 34 familias que fueron movilizadas el miércoles.
Por ahora se realizan valoraciones socioeconómicas para cubrir el pago de alquiler temporal de aquellas familias que no tienen alguna opción habitacional inmediata.
