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La Municipalidad de Desamparados recibirá de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ¢1.466 millones, dinero con el que podrá contratar las obras estabilizadoras en la urbanización Valladolid, situada en San Miguel y afectada por dos deslizamientos grandes en los años 2017 y 2020, originados en parte por el efecto de la tormenta tropical Nate.
De acuerdo con Marisol Salguero, vecina, la noticia les llena de esperanza, pues decenas de familias viven con la zozobra de que ante cualquier sismo fuerte o al llegar la época lluviosa sus casas sigan el mismo trayecto hacia el vacío que destrozó 28 viviendas en el desprendimiento del 2020, y que afectó a muchas familias que tenían más de 20 años de vivir ahí.
Jenny Duarte, quien habita al borde del desprendimiento esperan que la municipalidad les brinde el apoyo necesario en caso de que deban ser desalojados durante los arreglos, pues teme correr la misma suerte de tantos vecinos que de un momento a otro vieron perder las propiedades que con mucho sacrificio lograron tener y aún siguen sin solución.
“Me habían dicho que la empresa constructora necesita unos 10 metros o más desde el borde para la estabilización del terreno, por lo que en este momento tengo sentimientos encontrados. Por un lado me complace que la Comisión de Emergencias aprobara el presupuesto, pero hasta el momento no sé qué va a pasar con mi casa, que actualmente está en buenas condiciones, pero está en la zona de alto riesgo”, dijo Duarte.
El desprendimiento de tierra se debió a la forma en que están dispuestas las capas de suelo, lo mismo que al plano inclinado en que están muchas casas de esa urbanización, cuya primera etapa se levantó en 1996 durante la gestión del último ejecutivo municipal, Jorge Luis Madrigal. Luego, en el 2001 se aprobaron la segunda y tercera etapas, gestionadas en tiempo de los primeros alcaldes Oscar Núñez y Carlos Padilla. Es decir, las viviendas tienen entre 20 y 25 años de construidas por la Asociación Provivienda Jerusalén.
El primer deslizamiento se activó tras el paso de la tormenta tropical Nate, en octubre del 2017, cuando más de 50.000 metros cúbicos de material de la ladera fueron a dar al río Jorco. Esa vez se fueron al vacío una parte de la carretera, la zona verde y varios postes de luz.
Fue en el 2020 cuando empezaron a notarse enormes grietas en casas y carreteras, por lo que el Ministerio de Salud giró la orden de desalojo para 38 familias que vivían en esas 28 casas y que tuvieron que dejar sus propiedades, las cuales colapsaron en noviembre de ese año.
Uno de los que tuvo que salir fue Sidney Sobalvarro Ortega, quien dijo este sábado que se alegra mucho de que se haya aprobado el presupuesto para la estabilización del terreno, pues eso les lleva tranquilidad a sus antiguos vecinos. Agregó que cinco de las familias que perdieron sus casas ya plantearon la demanda ante los Tribunales de Justicia.
“Esto era lo que hace cuatro años esperaba la comunidad. La Municipalidad de Desamparados y la Comisión Nacional de Emergencias no acataron a realizar eso en su momento, para evitar lo que estamos viviendo actualmente las familias desalojadas. Ahora esperamos que esas entidades asuman sus responsabilidades en la demanda que ya está en trámite en el Tribunal Contencioso Administrativo”, expresó Sobalvarro.
Otras de las familias desalojadas todavía están en el trámite del bono de vivienda que les ofreció el Gobierno, ya que les ha costado encontrar casa con un valor de ¢30 millones, que es el monto máximo que otorga el Estado.
Flor de María Jiménez, de 58 años, jefa de hogar y madre de dos hijos, tuvo que irse a alquilar en otro sitio de San Miguel y aunque hizo todos los trámites para el bono de vivienda, dice que aún está a la espera de respuesta en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Afirma que como ella está sin trabajo y una hija tiene limitaciones cognitivas, el Instituto Mixto de Ayuda Social le ayuda con ¢150.000 para el pago de alquiler. Otras cinco familias también reciben ayuda estatal y hay doce que están a la espera de la prórroga en el subsidio, pues ya están retrasados con el alquiler.
Alistan licitación
El dinero para las obras de estabilización se logra tras el acuerdo N.° 020-02-2022, firmado el 2 de febrero por la Junta Directiva de la CNE, en el cual se aprobó el plan de Inversión denominado “Proyecto de Construcción de obras de estabilización geotécnica y protección fluvial en la urbanización Valladolid, San Miguel-Los Guido, Desamparados.
La Municipalidad de Desamparados será la unidad ejecutora y realizará la contratación mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la supervisión estará a cargo del municipio, así como de la CNE.
De acuerdo con un comunicado del ayuntamiento, se espera que el arranque de obras se realice antes del periodo de lluvias de este año, lo cual busca devolver la tranquilidad a los vecinos, al evitar que siga derrumbándose el terreno que tiene en riesgo a otras decenas de casas de esa urbanización.
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