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Algunos empleados de la compañía privada Fast Parking, perteneciente a Datasys Group S. A. y contratada por la Municipalidad de Desamparados para supervisar el estacionamiento en las vías públicas, emitieron multas a conductores que no realizaron el correspondiente pago del espacio a través de la aplicación o el sitio web de la empresa.
Así lo denunció Luis Carlos Núñez, regidor del cantón por el Partido Unidos Podemos. Él compartió un video en redes sociales donde se observa a uno de los jóvenes trabajadores de la firma aplicando una multa a su vehículo. Núñez cuestionó la legalidad de estas acciones, que ocurren desde junio.
En el proceso de registrar la infracción, el empleado anotó incorrectamente la placa del vehículo y, a pesar de ello, imprimió la multa en un dispositivo electrónico inalámbrico que portaba. Según el regidor, el parquimetrista en turno, quien no estaba en el sitio, afirmó no haber autorizado la sanción.
Consultado sobre esta situación, David Hidalgo, coordinador de seguridad ciudadana de la Municipalidad, resaltó que la tarea de los empleados de Fast Parking se limita a “vigilar que los vehículos estén correctamente estacionados y que se haya efectuado el pago por el espacio”.
En relación a las multas, Hidalgo aseguró que en realidad los empleados de la empresa no son los responsables de aplicarlas, sino que simplemente “las imprimen”.
Según alegó, como el municipio solo tiene tres parquimetristas, los empleados privados respaldan al funcionario público. A este último le mandan una fotografía del vehículo, la placa y el número de parqueo, cuando se detecta que un conductor no pagó por el estacionamiento. Luego de recibir la notificación, un oficial de la policía municipal autoriza la confección de la boleta para que se coloque en el vehículo.
“No es necesario que estén presentes (los parquimetristas o los oficiales municipales) en el lugar físicamente”, afirmó Hidalgo. Sin embargo, para los ciudadanos resulta difícil verificar si efectivamente una persona autorizada respalda la multa impresa y entregada por el empleado de Fast Parking.
Esta explicación concuerda con la versión proporcionada por Fast Parking en respuesta a consultas realizada por este medio. Mediante un comunicado, la empresa destacó que sus colaboradores no cuentan con la autorización para emitir multas, y siempre están acompañados por un oficial de la Municipalidad que, con su nombre y código, ejecuta y registra la infracción. No obstante, el video compartido por Núñez muestra al empleado de la empresa colocando una multa sin la presencia de un oficial.
Comisión por multas
Documentos a los que tuvo acceso La Nación confirman que Datasys Group, S.A. recibe ¢2.500 por cada multa impuesta a conductores que no pagan el estacionamiento, además del 60% de los ingresos brutos generados por el uso de los parquímetros.
Ante una consulta realizada por el Concejo Municipal, Josué Bogantes, asesor del cuerpo colegiado, confirmó, en el dictamen 26-ALCM-MD-2023, la ilegalidad de las acciones realizadas por los empleados de Fast Parking. Esto se debe a que la Ley N.° 3580, Ley de Instalación de Estacionómetros, establece que solo las personas con investidura de servidores públicos están habilitadas para ejercer funciones de control del uso adecuado de los espacios de estacionamiento en la vía pública.
Asimismo, el reglamento para el uso de estacionamientos autorizados de la Municipalidad de Desamparados, en su artículo 16, estipula que la responsabilidad de verificar y controlar los estacionamientos autorizados recae en la Municipalidad, y esto se lleva a cabo mediante inspectores de control vial y policías municipales, quienes tienen la autoridad para imponer multas por incumplimiento.
Por consiguiente, tanto la supervisión del uso correcto de los espacios de estacionamiento en la vía pública como la aplicación de multas corresponden exclusivamente a los servidores municipales designados para esta tarea.
El abogado y exjuez Ewald Acuña consideró que las acciones de los empleados de Fast Parking son improcedentes.
“El procedimiento para imponer multas es incorrecto, ya que el oficial encargado de expedir la multa debe dar fe de que, estando presente, verificó las placas del vehículo y que este se encontraba estacionado en un área para la cual no se canceló el servicio correspondiente”, explicó ante consultas de La Nación.
Contradicción
Según David Hidalgo, Fast Parking decidió ubicar a sus empleados cerca de los parquímetros porque “algunos regidores consideraron inadecuado que la Policía Municipal colaborara en la asistencia a los usuarios con la aplicación del parquímetro y en la imposición de multas, a pesar de que esto forme parte de sus funciones reglamentarias”. Es por esta razón que la Municipalidad solicitó a la empresa la incorporación de estos “ayudantes”.
“Se trata de un plan piloto para evaluar si esto mejora la supervisión adecuada del uso de los espacios, ya que solo contamos con tres parquimetristas”, agregó Hidalgo.
Sin embargo, Núñez aseguró que el Consejo Municipal “jamás” pidió que los funcionarios autorizados no hagan partes.
¿Seguirá este mecanismo?
El coordinador de seguridad ciudadana afirmó que solicitó a Fast Parking que sus empleados se limiten a supervisar el pago del estacionamiento, informar a las autoridades y que descarten imprimir las multas. Esto con el propósito de evitar supuestas “confusiones, malentendidos o tergiversaciones”.
El regidor Núñez confirmó que está al tanto de esta medida adoptada por el gobierno local. “Si estaban realizando una labor adecuada, ¿por qué cambiar su política? (...). Cuando uno está haciendo algo bien, no tiene porqué dejar de hacerlo”, cuestionó.
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