El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, advirtió que de no tomar medidas para enfrentar al crimen organizado, Costa Rica “va a tener las vivencias horrorosas y difíciles que hemos tenido los colombianos”
Iguarán teme que el país se atrase en el combate de la delincuencia organizada.
Las declaraciones del funcionario surgieron tras enterarse –en el Encuentro Iberoamericano de Ministerios Públicos, realizado la semana anterior en Cartagena, Colombia–, de las limitaciones existentes aquí para enfrentar el problema.
“Exhortamos a países, como Costa Rica, a desarrollar leyes e instrumentos con los que se puedan desarticular las organizaciones transnacionales del narcotráfico o el terrorismo.
“Tenemos el caso del fiscal general (Francisco Dall’Anese), quien muestra ansiedad porque las autoridades de ese país no manejan los tiempos que deben manejarse para combatir el narcotráfico y el terrorismo”, declaró Iguarán.
En una reciente comparecencia en la Asamblea Legislativa, el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Roberto Solórzano, advirtió que Costa Rica debe luchar por no convertirse en otra Colombia o México.
Lo dijo al explicar la penetración aquí de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Vulnerables. Durante la actividad de los fiscales, Dall’Anese habló sobre los obstáculos que enfrentan las autoridades.
“La ley contra el crimen organizado fue propuesta por el Ministerio Público para tratar de obtener normas distintas al Código Procesal Penal, que es para perseguir delincuencia común.
“Pero los diputados han postergado su discusión y no nos han dado la posibilidad de contar con instrumentos jurídicos mejores”, puntualizó Dall’Anese.
El Fiscal enfatizó que uno de los artículos, que facultaba al Estado a despojar a particulares y funcionarios públicos de capitales emergentes de dudosa procedencia, levantó mucha polémica.
La medida pretendía instaurar la obligatoriedad de justificar el origen del dinero.
Dall’Anese también atacó el proyecto de ley para la protección de testigos y víctimas, actualmente en discusión en la Comisión Especial de Seguridad del Congreso.
“No tiene contenido económico. Es solo una solución cosmética que no va a tener ningún impacto; no va a cooperar en absolutamente nada. Esta es la situación del país y quería aprovechar para informarlo porque nuestro país es susceptible a lo que se piensa en el exterior”, detalló el Fiscal.
¿Quién protege? Dall’Anese sostuvo que si bien la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Policía Judicial hacen un buen trabajo, la Oficina de Atención a las Víctimas de Seguridad Pública “choca con pared”.
Según dijo, la Fuerza Pública es insuficiente para dar cobertura a todos los testigos.
Ante la Comisión Especial de Seguridad, la ministra de Seguridad, Janinna del Vecchio, considera que esa labor debería recaer en el Ministerio Público.
Según dijo, en estos momentos ese Ministerio tiene pendientes 113 protecciones, mientras que otras 199 no fueron otorgadas.