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Una fuerte presencia policial siguió la sentencia en Pavas. | JULIANA BARQUERO (Juliana Barquero)
Los cuatro hombres que perpetraron el secuestro más largo en la historia del país fueron condenados ayer a 27 años de prisión.
El Tribunal Penal de Pavas, San José, halló culpables a Javier Long Saborío, José Márquez Castillo, Armando Madrigal Cordero y François Lavoie de mantener secuestrado por cinco meses y seis días al empresario Alberto Gómez Calderón, desde el 15 de abril del 2009, en una casa en Huacas de Tempate, Santa Cruz , Guanacaste.
Gómez es hermano de Marlene Gómez Calderón, quien fue diputada socialcristiana (1998-2002) .
Los jueces Mario Rodríguez (quien presidió), Cinthya Angulo y Katia Fernández impusieron las penas de 17 años de prisión por secuestro extorsivo, siete por tortura y robo agravado y tres por privación de libertad (este delito cometido contra otros dos hombres).
El Tribunal absolvió por duda al exagente de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) Franklin Jiménez Morales, quien fue acusado por la Fiscalía por los mismo delitos.
Otro imputado en esta causa, a quien se identificó como Óscar Jaime Montoya, no fue condenado porque se encuentra en fuga.
Además, el Tribunal Penal de Pavas determinó que hay otros implicados en el plagio que hasta la fecha no han sido detenidos.
Los juzgadores dieron por demostrado que los sentenciados pateaban a Gómez para despertarlo, lo atacaban con un chuzo eléctrico y al torturarlo filmaban videos para enviarlos a la familia y presionar para pedir dinero.
El secuestro duró 151 días y el objetivo era cobrar $2,5 millones supuestamente para pagar una deuda por 400 kilos de cocaína que Gómez debía a un grupo narco colombiano, según expresaron los sentenciados durante el debate, que se inició el 15 de junio del 2010.
Sin embargo, el juez Mario Rodríguez indicó ayer que ese aspecto se explicará con amplitud en la lectura completa de la sentencia, el 5 de setiembre.
“En Costa Rica solo los fiscales, jueces o policías tienen la facultad y el gran poder, usado de forma responsable, para privar de libertad a un ser humano.
”El hecho hipotético de que Alberto Gómez Calderón tuviese una deuda lícita o ilícita no permitía ni legitimaba privarle de libertad por un plazo de cinco meses”, manifestó el juez Rodríguez.
La familia del empresario ofreció una finca, valorada en $300.000, al grupo criminal, a cambio de la liberación de Gómez. Un abogado, apellidado Serrano, hizo un traspaso del bien a Madrigal Cordero .
Por ese acto, los jueces ordenaron anular la escritura pública que traspasó ese inmueble –con un área de 318 metros cuadrados–, ubicado en Hatillo, San José.
