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La jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) evita asegurar al 100% que la institución esté exenta del tráfico de órganos, pero dice en que los controles internos que hay hacen que sea muy difícil que eso llegue a ocurrir.
A la primera pregunta sobre las acciones de la Fiscalía por un aparente tráfico de órganos liderado por un médico de la Caja, la jerarca de esa entidad recalca que las investigaciones son por lo ocurrido en el ámbito privado y no por algo dentro de la institución, aunque tampoco se lanza a decir que todo esté bajo absoluto control.
¿Puede garantizar que a luz de los señalamientos contra un nefrólogo de la Caja por supuesto tráfico de órganos, no hay más casos similares por descubrir?
Primero, decirle que nosotros repudiamos todo este tipo de situaciones. Luego, que la detención del médico es muy lamentable, pero lo que se está investigando es lo que ocurrió fuera del ámbito institucional.
”Yo no me puedo referir a si hay otra gente involucrada o no, porque eso le corresponde al Ministerio Público, que está llevando la investigación y definirá si hay más gente. Si es así, tomaremos las medidas a lo interno”.
Pero hay indicios de que algo ocurre dentro de la Caja. Muestra de ello es que la Fiscalía comprobó que instrumental de la entidad fue utilizado en una clínica privada para un trasplante de riñón.
Hemos reiterado que está absolutamente prohibido el uso de material, insumos o tiempo institucional para otras cosas que no sea para los asegurados directos.
El año pasado una enfermera denunció la salida de equipos de la Caja hacia un centro privado y lo que recibió fueron presiones para que no hablara. Ahora, la Fiscalía confirma sus señalamientos.
No, a ella se le apoyó y fue muy valiente en presentar la denuncia. Yo no le puedo decir si ha sufrido amenazas, porque no sé.
Le insisto con otro caso de que eso puede estar ocurriendo: el del director del Hospital de San Carlos, donde se demostró que propició una cirugía de aumento mamario a una amiga. En la cirugía participaron nueve profesionales, pero solo tres sabían lo que en realidad estaba pasando.
Vamos a ver, hay normativa interna que especifica la prohibición para esas prácticas y para sacar equipos de la institución. ¿Qué nos queda hacer? Fortalecer más los procesos y los controles
Tiempo atrás se informó de que los protocolos para el manejo de trasplantes no eran los adecuados. Bajo ese entendido, ¿cómo se puede dar seguridad de que en un trasplante hecho por la Caja no hubo un pago de por medio?
Primero, dentro de la institución existen protocolos y por eso se ha buscado la aprobación de un proyecto de ley para que se delimite el tema tanto en la Caja como en los centros privados.
“Ahora, el que no tengamos una lista unificada es en lo que hemos estado trabajando, porque lo que nos permitirá es optimizar los donadores cadavéricos, que es lo que estamos promoviendo”.
Pero eso no aleja la vulnerabilidad de casos anómalos.
En un proceso de donación intervienen más de 100 personas entre especialistas, técnicos, psiquiatras, psicólogos, familiares... no es solo el experto en trasplante, es mucha gente.
Son muchos filtros, pero eso no quita que un donador le diga al médico que dará un órgano suyo por ‘voluntad propia, altruismo y deseo’, tal y como lo solicita el protocolo de la institución.
Hay pruebas psicológicas y psiquiátricas a la persona que dona. Esos pacientes van a comités médicos y, en caso de duda, van a un comité bioético.
¿Ha habido casos que lleguen a ese comité y se crea que ha habido un pago por el órgano?
Realmente, no. Al comité de bioética no, porque como existen todas esas etapas generalmente se detiene en Psicología, Psiquiatría o Trabajo Social.
Entonces, sí ha pasado que un trasplante se detenga.
Probablemente ha habido recomendaciones de no continuar con el proceso. Esos son los filtros que nos garantizan que la donación ya ha pasado por todo eso.
