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Las conclusiones del informe confidencial de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), del Ministerio de Seguridad, sentencian que el crimen organizado penetró la cadena de mando de la Fuerza Pública en la región Brunca Sur y opera desde las propias delegaciones.
En el documento se identifican dos bloques de presunta corrupción bien identificados: 27 oficiales que estarían vinculados con el narcotráfico y 44 con presunto asocio a la banda de contrabando de licores conocida como Los Whiskeros, que conforman “una estructura grande con orden jerárquico”.
De acuerdo con el documento que dio a conocer La Nación este martes, en exclusiva, muchos de esos policías no se limitan a un solo frente y, al parecer, participaban simultáneamente en el trasiego de drogas, el contrabando e, incluso, la trata de migrantes.
La DIAC identifica dos causas que, a su criterio, explican el vínculo de los uniformados con estos grupos criminales: los problemas económicos de los oficiales, que encuentran en el crimen “una fuente adicional de ingresos”, y que “no existe una verdadera supervisión por parte de los mandos medios de la zona”, lo que hace “muy difícil monitorear el recurso policial”.
Para la criminóloga Tania Molina, la participación de policías en estas redes responde a una estrategia deliberada del crimen organizado. “Ellos prefieren contaminar o infiltrar instituciones que combatir a los cuerpos de policía”, afirmó. “Saben que es más rentable ingresar poco a poco en gobiernos locales, en policías, en aduanas, en puertos”.
Molina rechazó el argumento de que los salarios bajos explican la corrupción policial. “Es una excusa bastante pobre. No porque ganen poco, sino porque pretenden tener mucho más lucro, además más rápido”, dijo. “Ingresan a las redes criminales por una decisión consciente de facilitar o de participar de forma directa o indirecta, porque hay ambición y porque les ofrecen muchísimo dinero”.
La criminóloga fue enfática en que esa decisión debe tener consecuencias: “Cualquier funcionario público, pero principalmente funcionarios de policía a los que se les paga para cuidar el país y a la ciudadanía, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias todo el proceso de investigación”.
Los hallazgos del informe confidencial de la DIAC
Uno de los hallazgos más relevantes del informe de la DIAC, sobre la supuesta infiltración en los mandos, es que, al parecer, existe un oficial que actúa como “cabecilla” de la estructura policial y cumple el rol específico de reclutador de más uniformados.
Otros, presuntamente, aparecen dedicados a la “facilitación de información de interés policial” para advertir a las organizaciones criminales, y varios usan bases de datos oficiales como Sicore (Sistema de Consulta y Registro de la Dirección de Inteligencia y Seguridad) para favorecer los movimientos del crimen organizado.
El documento también advierte sobre el vacío dejado por la detención del exoficial de la Fuerza Pública y extraditable Michael Corella Amador, alias Rojo. La DIAC alerta que “otros oficiales busquen hacerse del cargo o puesto que este ocupaba” en la logística criminal.
En la investigación interna del MSP se concluye que la expareja sentimental de Rojo, también oficial de policía, ha hecho comentarios en la delegación “alardeando acerca de su crecimiento económico”.
Como medida inmediata, el informe recomienda evaluar cuántos de los 122 oficiales evaluados no tienen arraigo en la zona sur, para solicitar su reubicación, con el fin de entorpecer la logística de las bandas, y trasladar los hallazgos a las instancias competentes para abrir causas penales y procesos disciplinarios, si corresponde.
La Nación envió preguntas sobre este tema al Ministerio de Seguridad desde el lunes en la tarde. Entre ellas, se le preguntó al ministro qué decisiones se tomaron tras conocer el informe confidencial. Las consultas, según confirmó la oficina de prensa, permanecen en trámite.
