EscucharUn joven de 17 años conducía el vehículo tipo pick-up que, la noche del sábado, habría causado la muerte de un motociclista de apellido Medina, de 27 años, en La Guácima de Alajuela.
El accidente se reportó a las 8:08 p. m., 500 metros al oeste del Auto Mercado de la localidad. De acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Medina viajaba a bordo de la motocicleta con su pareja desde el centro de La Guácima hacia Las Vueltas, cuando el vehículo invadió el carril y los impactó de frente.
De acuerdo con la Cruz Roja, al llegar a la escena, los socorristas encontraron al hombre sin vida. La mujer, por su parte, fue trasladada al Hospital de Alajuela.
El Ministerio Público ordenó la detención del menor de 17 años para determinar su situación jurídica. El caso, según informó el OIJ, quedó bajo investigación.
Proceso para menor de edad
Federico Campos, abogado penalista, explicó que en casos como este, donde un menor es investigado, se aplica el proceso establecido dentro de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Por lo tanto, las autoridades judiciales deberán apegarse a ese cuerpo legal para todas las pesquisas que correspondan al caso.
El experto en derecho penal agregó que cuando la parte que figura como imputada es menor de edad, existe un recargo de responsabilidad para los padres o encargados legales del joven.
“Los padres bajo la obligación que les impone la ley de vigilar y controlar a sus hijos, responden civilmente por los actos de estos que les genere responsabilidad penal”, afirmó Campos.
En caso de que el menor de 17 años alcance la mayoría de edad durante el proceso, continuaría bajo la Ley de Justicia Penal Juvenil, pues esta establece que los delitos cometidos antes de cumplir 18 años, aunque sean juzgados posteriormente, serán penalizados bajo el régimen de justicia juvenil.
La Ley Penal Juvenil establece una diferenciación en el tratamiento de los menores según su edad, dividiéndolos en dos grupos con base en su rango etario: el primer grupo está compuesto por los menores de entre doce y quince años, mientras que el segundo grupo abarca a aquellos que tienen entre quince y dieciocho años. Esta distinción afecta tanto el proceso judicial como las sanciones y su posterior ejecución.
