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La magistrada de la Sala Primera, Rocío Rojas Morales, tiene atascadas en su oficina 136 resoluciones a las que debe dar el visto bueno para que puedan pasar a votación del pleno de este tribunal de casación.
De esos proyectos pendientes de estudio por parte de Rojas, 43 ingresaron desde mayo del 2015 (31,6%), pero los otros 93 expedientes (68,4%) llevaban entre tres y 10 meses de permanecer en su despacho a la espera de que se resuelva cuál será su destino.
Los datos se desprenden de un análisis estadístico realizado por La Nación, de un informe de la Sala Primera con el listado de expedientes que cada magistrado tramitaba a junio pasado.
Esa es la única Sala que publica ese tipo de información todos los meses. Sus jueces resuelven asuntos de las materias civil, contenciosa-administrativa, agraria y comercial.
Proceso. Cuando un recurso ingresa a la Sala Primera, se asigna un magistrado instructor, quien cuenta con tres letrados para estudiarlo y redactar un borrador de sentencia. Una vez aprobado ese proyecto de resolución, el magistrado lo envía a los otros colegas para su aval, antes de que el recurso sea sometido a votación.
Al 30 de junio anterior, el despacho de Rojas tenía 34 proyectos redactados por el magistrado Luis Guillermo Rivas; 43 de Román Solís; 32 de Carmenmaría Escoto; 15 del suplente Jorge López y 12 de ella misma, que debía circular entre los demás.
En el caso de Escoto y López, tenían pendientes en envío, 19 y 18 proyectos de sus colegas, respectivamente. Asimismo, en los despachos de Rivas y Solís esperaban seis y cuatro proyectos que debían revisar, cada uno.
Atasco. En abril del año pasado, Rocío Rojas fue nombrada por la Asamblea Legislativa para sustituir a la presidenta de la Sala Primera, Anabelle León, quien se jubiló en diciembre del 2013. Al momento de retirarse, ella dejó pendientes de estudio 15 proyectos de sentencia escritos por sus compañeros.
Consultada al respecto, Rojas aseguró que durante el tiempo que tardaron los diputados para nombrarla, la oficina que era de León quedó a cargo de una magistrada suplente, la cual revisaba los expedientes que otros magistrados ponían a circular.
Explicó que, cuando ella asumió el cargo en abril del 2014, decidió revisar de nuevo todo el trabajo que había avalado la suplente, para así poder votar ella misma los proyectos, pues reconoció que, en muchos casos, no estaba de acuerdo con el criterio exteriorizado por la antecesora.
Luis Guillermo Rivas, presidente de la Sala, manifestó por correo electrónico que, en la sesión del 31 de julio, le pidieron que se nombrara un suplente para ayudar a descongestionar el pendiente del despacho de Rojas.
Según el Departamento de Personal, la magistrada recibe un salario neto de ¢5,3 millones.
Sobre el tema, Rojas alegó que un atasco similar sufre la oficina del suplente López, quien había asumido la plaza de Óscar González desde enero del 2014, mientras este último enfrentaba una causa por despido. Este 3 de agosto, William Molinari fue elegido como el propietario.
El informe de junio detalla que el despacho de López tenía solo 18 proyectos.
Rojas indicó que, hasta agosto, existían 150 proyectos pendientes, pero ella y López los dividieron a la mitad.
Circulante. Los datos a junio del 2015 también revelan que la oficina de la jueza Rojas es la que menos proyectos de sentencia envió para que los demás magistrados los analizaran antes de votarlos.
A junio, su despacho había puesto a circular nueve proyectos; López ,31; Rivas, 59; Escoto, 60 y Solís, 69. En tanto, sobre los recursos nuevos que ingresaron a esa sala, Rojas tenía pendientes 116 casos; Escoto, 78; López y Rivas, 45 cada uno, y Solís, 28.
