Un total de 25 personas, sospechosas de integrar una organización criminal conocida como Los Gery, irán a juicio acusados por los delitos de tráfico de drogas, tentativas de homicidio y legitimación de capitales.
La Oficina de Prensa del Poder Judicial confirmó que la semana pasada todos los señalados y sus abogados participaron en una audiencia preliminar y, tras 48 horas de deliberación, los jueces decidieron elevar la causa debate, en una fecha aún por definir. Esta causa se sigue en el expediente 18-000817-0071-PE.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos desde el 6 de diciembre del 2021, a este grupo se le achacan delitos cometidos entre julio del 2018 y el 16 de junio del 2020, cuando presuntamente conformaron una organización que se dedicó a la venta de drogas en La Unión de Cartago, Montes de Oca en San José y Quepos, en Puntarenas.
En el relato de hechos delictivos entregado por el Ministerio Público al Juzgado Penal de La Unión se detallan cerca de 50 situaciones en las cuales los imputados estuvieron, supuestamente, involucrados en actividades ilícitas. En el documento judicial, que consta de 397 páginas, se detallan algunos de los casos para lo cual se cuenta con intervenciones telefónicas, vigilancias y decomisos de drogas.
El grupo, comandado por dos hermanos de apellidos Campos Barrantes, fue desarticulado el 16 de junio del 2020 y el día 26 de ese mismo mes se les impusieron a los imputados medidas como prisión preventiva o arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Este caso fue declarado como de crimen organizado el 30 de junio del 2020, esto con base en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Ley 8754.
Liberados por jueza de Cartago
El 1.° y el 2 de marzo del 2022, luego de dos resoluciones, la jueza Evelyn Cabezas Arce, del Juzgado Penal de Cartago, ordenó sacar de prisión preventiva a 25 sospechosos de los delitos de tráfico agravado de drogas, legitimación de capitales y cuatro intentos de homicidio.
La jueza Cabezas tomó la determinación luego de acoger los argumentos del abogado Rafael Ángel Guillén Monge, defensor de uno de los señalados, quien alegó que en aquel momento no estaban vigentes varios de los artículos de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Ley 8754, que permitían la ampliación de plazos de las medidas cautelares.
El 23 de marzo de ese mismo año, el Tribunal Penal de Cartago revirtió la resolución de Cabezas, al aceptar los argumentos planteados en una apelación por la Fiscalía, la cual mantuvo la tesis de que la Ley antes citada estaba vigente en todos sus extremos.
La investigación policial incluye más de diez intervenciones telefónicas y más de diez dictámenes periciales. La evidencia se encuentra documentada en ocho tomos principales, además de dos tomos adicionales dedicados a las interceptaciones telefónicas y la investigación en curso. Las partes involucradas en el caso esperan que se fije la fecha de inicio del juicio.
Las personas encartadas en este caso son los hermanos Campos Barrantes (líderes), Jiménez Bastos, Myrie Valles, Morales Ramírez, Loría Solís, Carvajal Calderón, Morales Navarro, Sandoval Rodríguez, Mora Agüero, Pérez Cordero, Araya Araya, Campos Alvarado, Fallas Ramírez, Loría Solís (mujer), Rodríguez Quesada (mujer), Sandoval Rodríguez, Segura Mejía, Delgado Gamboa, Marlon Pérez, Mejías López, Grain Lancher, Zuñiga Ramírez, Alvarado Flores y Torres Herra.
No es el primer caso de Los Gery en juicio
Este juicio no es el primero que enfrentan varios de los integrantes de este grupo criminal. En junio del año pasado, cinco miembros de la organización fueron sentenciados por el Tribunal Penal de Cartago a penas que iban de ocho a los 28 años de cárcel por infracción a la Ley de Psicotrópicos en modalidad agravada, el homicidio calificado de un menor de edad y una tentativa de homicidio.
Contra otros seis acusados, los jueces dictaron absolutoria por duda, pues no tuvieron suficientes elementos para acreditar los delitos que le atribuía la Fiscalía, entre ellos: asociación ilícita, legitimación de capitales, otros delitos de tentativas de homicidio calificado, robo agravado, daños agravados, agresión calificada, privación de libertad agravada y portación ilegal de arma permitida. Debido a esta larga lista de hechos imputados, la Fiscalía había solicitado un total de 524 años de cárcel contra las 11 personas sospechosas.
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