EscucharMás de $6,6 millones (¢3.600 millones), vinculados al expresidente peruano Alejandro Toledo, entraron a las arcas del Estado costarricense, informó este lunes el Ministerio Público. Toledo es investigado en Costa Rica por trasladar dinero de presuntos sobornos a cuentas bancarias en nuestro país.
La decisión fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda el pasado 28 de abril. Ese monto le pertenecía a la sociedad Ecostate Consulting Group S. A., la cual está vinculada al empresario peruano-israelí Josef Maiman. Ecostate aparece en el Registro Nacional presidida por Sabih Saylan, conocido en Perú como la mano derecha de Maiman.
Este empresario habría sido el receptor del dinero de los sobornos de la empresa constructora Odebrecht a Toledo, quien gobernó Perú entre el 2001 y 2006. El pago fue a cambio de ganar un contrato para construir la carretera Interoceánica entre el país andino y Brasil.
La investigación, conocida como caso Ecoteva, se abrió en Costa Rica en el 2013, pues el dinero ingresó a cuentas del banco Scotiabank en el país y estuvo frenada por más de tres años porque el Ministerio Público consideró que quienes figuraban en ese expediente eran investigados por los mismos hechos en Perú y, además, en la causa no figuraban costarricenses.
Junto aToledo, los encausados eran su suegra, Eva Fernenbug; y el encargado de seguridad durante su gobierno, Avi Dan On.
En febrero del 2017 trascendió que, aunque en ese momento la causa no estaba abierta, la Fiscalía costarricense congeló la cuenta bancaria de Ecostate, con los $6,6 millones que la justicia de Perú sospechaba podrían ser parte de los sobornos.
El 14 de noviembre del 2017, la entonces fiscala general, Emilia Navas Aparicio, ordenó reabrir la causa al indicar que requería de mayor análisis y de otras diligencias de investigación que se habían omitido en su momento.
La Nación reportó entonces que, además de Ecostate, las sociedades costarricenses Milan Ecotech y Sirlon Dash también habrían recibido transferencias ilícitas.
La Fiscalía detalló este lunes que “empleados de un banco privado costarricense habrían ofrecido facilidades en la tramitología para que los imputados ingresaran y diversificaran en el sistema financiero costarricense aproximadamente $20.000.000, dinero que había sido otorgado a Toledo y sus colaboradores por parte de la empresa brasileña Odebrecht, esto dentro del marco de un caso de megacorrupción que salpicó varios países latinoamericanos”.
“Sobre la investigación penal, la Fiscalía informó que el proceso en contra de Toledo, Fernenbug y Dan On se mantiene abierto y, a su vez, también son procesados en Perú”, añadió la institución.
Toledo, quien estaba en Estados Unidos, se entregó en abril a las autoridades de ese país para ser extraditado a Perú, donde era requerido desde el 2018 y ahora está en prisión preventiva. El expresidente ya había sido detenido bajo arresto domiciliario en el país norteamericano, entre julio del 2019 y marzo del 2020.
¿Cómo el Estado se apoderó de los $6,6 millones?
Aunque no se haya condenado a los investigados, la justicia costarricense cuenta con un mecanismo, llamado proceso de Capitales Emergentes, para incautar dinero cuando no se puede demostrar el origen lícito del mismo.
Esto es posible gracias a la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Si existen sospechas de que hay bienes y valores obtenidos por vías ilegales, la Fiscalía puede presentar una demanda ante un Juzgado para que ese dinero pase al Estado.
“El procedimiento de capitales emergentes no tiene como objetivo juzgar a personas ni lograr condenas penales, sino impactar en los patrimonios que tienen la apariencia de haber sido obtenidos ilegalmente y cuyo titular no puede justificar su procedencia lícita”, señaló el ente acusador.
El Juzgado deberá analizar la prueba presentada por el Ministerio Público, así como escuchar una justificación de la persona física o jurídica en poder del patrimonio. Si la misma no logra demostrar el origen de los bienes, el Juzgado declarará la pérdida de estos en favor del Estado, por lo que pasarán al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
La Fiscalía indicó que en el 2022 se presentaron 45 demandas mientras que, en lo que va del 2023, la cifra de demandas iniciadas alcanza las 31.
