En octubre del 2019, una adolescente de 16 años fue detenida por el asesinato a puñaladas de un taxista en Pérez Zeledón. Actuó junto con otras personas.

Tras un año de investigaciones, la menor fue acusada y sentenciada a 13 años de internamiento en una prisión, como responsable del delito de homicidio calificado.

En Pococí, otro joven, también de 16 años, fue capturado por el crimen de un finquero, de 73, ocurrido en junio del 2019.

Nueve meses después, el muchacho fue condenado a diez años de encarcelamiento en un centro especializado. Él aceptó los hechos que se le imputaron para acogerse a un procedimiento abreviado.

Ellos son dos de las 28 personas que, a marzo del 2021, descontaban condenas por homicidios en el Centro de Formación Juvenil Zurquí (CFJZ), en Heredia, institución a la que son remitidos quienes cometieron delitos cuando tenían menos de 18 años.

Según datos del Ministerio de Justicia y Paz, ese grupo representa el 78% de los sentenciados (39) que están en esa cárcel. Es decir, ocho de cada 10 jóvenes que están internados ahí descuentan una sanción por delitos contra la vida.

De los otros once presos, la mayoría purga condenas por robo.

De esa estadística, 23 de los sentenciados son hombres, entre los 15 y 29 años, mientras que las cinco mujeres están entre los 18 y 29 años. Como todos ingresaron al sistema penitenciario siendo menores de edad, los cobija la Ley Penal Juvenil.

Tres de los 28 condenados deben descontar entre 10 y 15 años, siendo esta última la pena máxima a la que se puede someter a un menor de edad.

Otros 16 jóvenes fueron sentenciados a entre cinco y diez años de cárcel, mientras que ocho adolescentes deberán pasar entre uno y cinco años en ese centro especializado.

Solo uno deberá cumplir menos de doce meses de internamiento.

Además de los sentenciados, la cifra de muchachos asociados con asesinatos se abulta si también se considera la población a la que le impusieron una detención provisional mientras se le investiga (en el caso de adultos, la medida es conocida como prisión preventiva).

En esa condición de indiciados, el Centro de Formación Juvenil Zurquí registra a 29 muchachos, entre los 15 y los 24 años, de los cuales once están por homicidio. Es decir, un 40% afronta un proceso por este delito contra la vida.

En los datos facilitados por Justicia, se precisa que dos son mujeres, mientras que nueve son hombres. El total de estos indiciados tiene edades comprendidas entre los 15 y los 19 años.

Del resto (18) de indiciados, se desconoce la razón de internamiento de 13, mientras que dos están por robo. Los otros tres están por incumplimiento de medidas, delitos contra el adulto mayor e infracción a la ley de psicotrópicos.

OIJ: Actúan en grupo y con más violencia

Según voceros de la Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ellos perciben una mayor participación de jóvenes en delincuencia.

Lo preocupante es que son ilícitos graves, que van desde extorsiones, cobros de peajes ilegales y asaltos, hasta tentativas de homicidios y asesinatos, explicó Rosa Jiménez, jefa de ese unidad policial.

Generalmente, señaló, estos menores son reclutados por pequeños grupos delictivos en sus comunidades, no obstante, hay casos en los que los muchachos trabajan para bandas de crimen organizado.

Comienzan como encargados de vigilancia o campanas, en caso de acción policial o de grupos rivales. En eso, Jiménez coincide con apreciaciones de la Fiscalía.

“Algunos de ellos han ido escalando en las organizaciones criminales en puestos de ‘robots’ de venta al menudeo, traslado y distribución de drogas, hasta llegar a cobros por deudas o ajustes de cuentas por plazas de venta, sobre esto último pueden ser amenazas, agresiones y/o hasta el homicidio”, apuntó.

Eso sí, dijo, cuando los menores cometen un delito, buscan actuar en grupo, circunstancia que los lleva a ejercer mayor violencia.

Otro de los comportamientos que llaman la atención a las autoridades, es que los jóvenes son poco temerosos en cuanto a las consecuencias que podrían tener sus actos.

Esto se da por dos razones: primero, porque creen que al actuar en grupo no los podrán procesar; segundo, porque las mismas bandas los engañan al decir que “a ellos no les pueden hacer nada por ser menores”.

Por el contrario, recordó la jefa policial, hasta las investigaciones tienen la particularidad de ser mucho más expeditas porque así lo establece la Ley Penal Juvenil y eso es lo que, hoy por hoy, “tiene a muchos menores presos, descontando hasta 15 años de cárcel”.

Ante esa realidad es que para el magistrado Álvaro Burgos, de la Sala de Casación Penal, es tan importante la “alfabetización preventiva”, para que los jóvenes entiendan y conozcan a lo que se ven expuestos en caso de cometer delitos.

“Este es un tema de no solamente ser represivos. Por el tipo de población que es, el abordaje debe ser más que todo preventivo: desde darles oportunidades educativas y de desenvolverse en un buen lugar, hasta en enseñarles que toda acción tiene un impacto”, concluyó.