EscucharEl Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José absolvió a los cuatro oficiales sospechosos de atropellar y matar a un perro que se encontraba dormido en una vía pública, en Purral de Goicoechea, en un incidente ocurrido el pasado mes de agosto.
La decisión del Tribunal, tomada el 26 de octubre, absolvió a los imputados Quijano Muñoz, Murcia Contreras, Vargas Zúñiga y Quiel Coto. Los jueces determinaron la absolución de los cuatro oficiales basándose en el principio de In dubio pro reo. Además, la acción civil resarcitoria presentada fue declarada sin lugar.
“In dubio pro reo” es un principio del derecho que se traduce del latín como “en caso de duda, a favor del reo”. Este principio establece que, si hay dudas razonables sobre la culpabilidad de un acusado en un proceso penal, se debe optar por la absolución o el beneficio del acusado en lugar de condenarlo.
La resolución fue dictada bajo la sentencia oral número 918-2024. Los hechos, investigados bajo el expediente 24-800-1982-PE, ocurrieron el 9 de agosto pasado durante una ronda de dos unidades de la Fuerza Pública en Purral de Goicoechea.
En una audiencia realizada en setiembre la jueza a cargo había rechazado la solicitud de sobreseimiento presentada por la Fiscalía, la cual argumentaba que no había suficientes pruebas para incriminar a los policías. En cambio, acogió las querellas presentadas por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y la Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales (ABAA), según explicó Maricruz Uba, representante de ABAA.
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Senasa y ABBA pidieron penas de cárcel para los acusados y un resarcimiento de ¢35 millones. En ese momento Maricruz Uba, representante de ABAA, aseguró que el daño causado no solo afectó al perro, sino también a la sociedad.
El caso se centra en el atropello de un perro llamado Rocky, captado por cámaras de seguridad. En el video, se observa cómo dos patrullas de la Fuerza Pública atropellan al animal, que agoniza en la calle antes de fallecer debido a severas hemorragias, según el análisis forense realizado por el Laboratorio de Patología Veterinaria (Lapavet).
Después del incidente, Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, condenó los hechos y anunció que se iniciarían diligencias administrativas para evaluar la posibilidad de despido de los oficiales implicados. Se destacó que los cuatro fueron reubicados mientras se desarrolla el proceso judicial.
El artículo 279 ter del Código Penal castiga la muerte de un animal doméstico o domesticado con penas de prisión de tres meses a dos años, lo que añade un contexto legal relevante a este caso.
