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Felícita Zamora cuida de día y de noche a su mamá, de 90 años, quien padece de reumatismo. Ahora, también deberá preocuparse por otra responsabilidad: pagar una pensión alimentaria de ¢90.000 a tres nietos, cuyo padre está en prisión por los delitos de daños agravados y resistencia a la autoridad.
Desde hace ocho años, ella no trabaja, y, según dice, el único ingreso mensual que recibe son ¢35.000 provenientes de una de sus hijas y con lo cual apenas logra comprar comida.
Por esto, contó, sus familiares y amigos hicieron rifas para ayudarla a recaudar la suma que debía pagar ayer a sus nietos, de 17, 7 y 4 años.
Doña Felícita tiene 57 años y vive en una casa de madera, en Santa Cecilia de La Cruz, Guanacaste, la que pertenece a su madre, Ángela Álvarez.
‘Soy pobre’. Uno de sus ocho hijos, de apellido Medrano, está preso desde mayo en el centro penitenciario San Rafael, en Alajuela, y ahí pasará otros seis meses.
Ante esto, la exnuera de Zamora, cuya identidad no se revelará para proteger a los menores, interpuso una demanda contra la abuela ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Liberia, el 25 de mayo.
La expareja solicitó que se declarara con lugar una pensión de ¢200.000 mensuales a favor de los tres menores. Mientras se resuelve el caso, la jueza Vivian Monge fijó un monto provisional de ¢90.000.
La demandante, de 31 años, alega: “(Felícita) es joven, tiene salud, capacidad económica, preparación en repostería del INA, tiene su negocio propio, ayudas de sus ocho hijos mayores de edad, tiene casa de alquiler en Santa Cecilia (...), tiene su negocio de repostería y le vende a pulperías, negocios de la zona y por encargos al público”.
La abuela lo desmiente: “Ella (la expareja de su hijo) puso un montón de mentiras. No tengo nada de eso. Me gustaría que vieran mi casa para que entiendan mi realidad. Somos pobres. Ellos son mis nietos, si tuviera con qué, yo los ayudo.
”De hecho, para que vean que son mentiras, yo padezco de fibromialgia hace más de un año. También sufro de gastritis crónica. No puedo estar trabajando, no estoy incapacitada; solo dejé de trabajar”, explicó.
Según alegó, el ingreso mensual de ¢35.000 que recibe se lo da una hija como pago simbólico por dejarla vivir en ese terreno en Santa Cecilia (La Cruz) que es mencionado por la demandante.
“En esa casa vive mi hija, que está casada hace tres años. Lo bueno de todo es que me dan esa platita para comprar la comida en la pulpería del barrio”, dijo.
Trabajo extra. Sin embargo, admitió, ese monto de dinero a veces no es suficiente, por lo que debe hornear algún pastel y venderlo para reunir más efectivo.
“Cuando me veo muy apretada, hago una repostería para vender, pero ahí me estoy arriesgando por mi enfermedad. Es algo que no puedo hacer muy seguido. Yo aquí no me compro ni un par de zapatos, ni un vestido; no puedo comprarme nada. La ropa que uso es porque me la regalan y es usada.
”Debo volver a pagar la pensión el 10 de julio y tengo que ver qué hago, porque no tengo de dónde sacar plata. Si no gano este caso, me tendrán que llevar presa”, expresó.
El Poder Judicial no puede referirse a casos específicos; sin embargo, Elizabeth Picado, jueza de Pensiones de San José, explicó el proceso que se sigue en situaciones como esta.
“Antes de que los abuelos deban pagar una pensión a sus nietos, el Juzgado debe verificar que los principales obligados (padre y madre) no pueden cumplir, porque, por ejemplo, están en la cárcel o murieron. “Si el papá está preso, pero la mamá es una mujer joven, en edad productiva, no es impedimento para mantenerlos. Habría que analizar muy bien la situación”, concluyó.
