Cuatro adolescentes con edades entre los 16 y 17 años fueron detenidas como sospechosas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en perjuicio de dos colegialas.
Las menores de edad, tanto las afectadas como las tratantes, recibían dinero como remuneración. El Ministerio Público detalló que por la gestión logística, las cuatro sospechosas ganaban entre los ¢75.000 y ¢175.000.
Las capturas ocurrieron este miércoles por la mañana en la casa donde vivían las mujeres, en Hatillo, San José.
Por este mismo hecho, las autoridades detuvieron a tres hombres de apellidos Artavia, Calderón y Mesén como presuntos responsables del mismo ilícito. Ellos fueron aprehendidos en Desamparados y Hatillo, en San José y Tejar del Guarco, en Cartago.
De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones permitieron establecer que las muchachas contactaron a las ofendidas, quienes estudian en centros educativos del sur de la capital, y, posteriormente, les ofrecieron dinero a cambio de prostituirse.
"El dinero se entregaba a tratantes y menores de edad (...). Creemos que esto comenzó a darse a inicios del 2017", aseguró Angie Bartels, jefa de la sección delitos contra la Integridad Física, Trata y Tráfico de Personas.
Las colegialas aparentemente eran trasladadas por Mesén a los lugares donde se daban los encuentros, mientras que Artavia y Calderón eran quienes pagaban para tener relaciones sexuales con las víctimas.
Los hombres que contrataban el servicio de las adolescentes son profesionales, mencionó la jefa del OIJ.
Bartels dijo que los contactos se daban dentro de los centros educativos, donde se acordaban las horas y fechas para los desplazamientos.
"Era un grupo organizado que reclutaba estudiantes menores de edad para fines de explotación sexual (...). Contrataban los servicios y uno de los sujetos se encargaba del traslado a los sectores donde pedían los clientes", manifestó la funcionaria judicial.
De los detenidos, el único con antecedentes es Mesén, quien cuenta con expediente por robo agravado y portación ilegal de arma permitida.
Todos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para lo que corresponde.
Las autoridades presumen que en este caso podría haber más víctimas, por lo que hizo un llamado a que las afectadas se acerquen a cualquier sede del Organismo de Investigación Judicial o llamen al 800-8000-645.
Información actualizada a las 5:01 p. m. con datos del OIJ.